Referendo independentista catalán aviva el debate de la democracia en España

Independencia, secesión, participación, derecho a elegir y represión son palabras cada vez más escuchadas en Cataluña. En la región y en el resto de España se debate encarnizadamente sobre la consulta que se realizará el primero de octubre para decidir el futuro del territorio autónomo.
De un lado el presidente regional Carles Puigdemont asegura que Cataluña se podrá separar del resto de España en tan solo 48 horas después de la consulta; del otro lado el Ejecutivo encabezado por Mariano Rajoy defiende la indivisibilidad del territorio español; en el medio hay millones de ciudadanos con sus posiciones políticas. Cada bando expresa su temor, bien sea por la independencia, o por el estado de la democracia en España.
Los separatistas, catalanes y no catalanes, aseguran que la secesión representaría un triunfo histórico para el territorio, que ha sido varias veces incorporado a España. La última vez fue en 1939, por el dictador Francisco Franco.
Los defensores de la separación también califican a las autoridades en Madrid, como al Tribunal Constitucional y a Mariano Rajoy, de fascistas por oponerse a la consulta de autodeterminación. Sostienen que hay una clara desconexión entre la región y la capital.
Los impasses entre la capital y Cataluña resultaron obvios durante la crisis por la extensión de la autonomía de la región en 2006, que fue anulada por el Tribunal Constitucional en 2010 y originó el descontento y malestar que produjeron los referéndums de independencia de 2014 y 2017.
Además de los separatistas, hay otro grupo importante de ciudadanos que no está de acuerdo con la postura de Puigdemont, ni reclama la independencia, pero señala que la democracia está en crisis si no se permite llevar a cabo la consulta.
Por supuesto, también están las personas que desean que se mantenga el país de la misma forma que ha permanecido por los últimos 200 años, como una nación.
Legal e indivisible
Lo primero que se debe hacer es aclarar los términos. El primero de octubre se realizará una consulta popular que no tiene carácter vinculante. El presidente Puigdemont y sus seguidores afirman que servirá para expresar el deseo de los 7,5 millones de catalanes que habitan en la región.
La pregunta que le hacen las autoridades del Govern a la población es: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?”.
Por su parte, el presidente de gobierno Mariano Rajoy insiste en que la propuesta de un referendo independentista es inconstitucional. Reitera que la Carta Magna de España promulgada en 1978, tras la dictadura fascista de Franco, establece la indivisibilidad de la nación española.
“La soberanía nacional reside en el pueblo español”, reza la Constitución y los críticos señalan que los 7,5 millones de catalanes (en caso de que todos voten por la separación) no pueden imponerse por encima de los 47 millones de ciudadanos españoles. Es por esta razón que el Tribunal Constitucional prohibió la cita.
La Carta Magna señala que una consulta similar sólo puede ser convocada por el Rey, una vez que esta sea solicitada por el presidente de gobierno español, luego de que el Parlamento lo haya autorizado. En el mismo documento se deja claro que las comunidades autónomas no están calificadas para llamar a un referendo secesionista. Esa potestad si está contemplada en la constitución de otros países.
Según un artículo de la revista The Economist el gobierno de Cataluña afirma que 70% de los ciudadanos quieren ser consultados sobre el futuro de la región, pero solo 48% apoya sufragar si el gobierno central no está de acuerdo con un plebiscito, algo que es más que claro de parte de Madrid.
La publicación también señala que en una de los últimos sondeos de opinión previos al 1 de octubre ya se notaba el declive del apoyo a una secesión, la opción había perdido 7 puntos porcentuales.
Pese a ello la situación no es tan favorable para Rajoy que ya ordenó la detención de 14 alcaldes y dirigentes políticos que apoyaron el referéndum. El mandatario también tiene que sopesar el manejo político en Cataluña, donde el problema no son los actores políticos, sino la idea del independentismo que puede crecer y hacerse una cuestión recurrente como en Escocia, y Quebéc en Canadá.
Rajoy igualmente debe buscar mantener las alianzas en el Congreso español e hilar fino con partidos como ERC, PNV y Juntos Podemos, que aprovechan la coyuntura para aumentar la presión sobre su gobierno y ampliar su poder.
Yo sin ti y tú sin mí

Cataluña es la responsable de 19% del producto interno bruto español. Es una de las regiones más ricas del país, sólo superada por Madrid. Entre las principales razones por las que los catalanes han planteado su separación de España está la desconfianza en la administración central a la que han acusado de robo, además, aseguran que estando separados Cataluña será más rica.
Sin embargo, ya son muchas las advertencias sobre las consecuencias de una eventual separación. El Banco de España afirmó en un comunicado que la situación pasa factura porque a los mercados no le gusta la incertidumbre. “Las tensiones políticas en Cataluña podrían afectar eventualmente a la confianza de los agentes y a sus decisiones de gasto y condiciones de financiación”.
El ministro de Economía, Luis De Guindos, junto a empresarios expresó su preocupación de que se detengan las inversiones.
Por el momento las previsiones de crecimiento de España están en 3,1%, es decir, 0,1% menos que en 2016. La proyección para 2018 es de 2,5% y para 2019 de 2,2%.
De Guindos también señaló a la agencia AFP que si Cataluña sigue con sus planes podría enfrentar un empobrecimiento brutal, con una caída de entre 25% y 30% del PIB y se duplicaría el desempleo, que ahora es de 13,2%. “Se quedarían fuera de la zona euro. 75% de la producción catalana estaría sujeta a un arancel. Los bancos se tendrían que ir y lógicamente se produciría una incertidumbre brutal”.
Muchas otras empresas estarían buscando preservar sus intereses explorando otras sedes en España, de modo de continuar con su producción en caso de que se decrete la secesión y no estén dentro de la zona de libre comercio europea.
Además, existe la amenaza de hiperinflación, porque el país no podría contar con el euro como moneda y tendría que crear una.
Pese al panorama oscuro que se presenta, el gobierno catalán tendría la posibilidad de decidir su política fiscal y, como afirmó De Guindos no sufriría más déficit presupuestario porque no debería transferir más dinero a Madrid que el que obtiene. Un déficit que la Generalitat –gobierno catalán- calcula en 16 millardos de euros y que Madrid rebaja a 10 millardos.
Pero Cataluña no es la única perdedora si hay una secesión. Madrid dejaría de contar con 212 millardos de euros.
El ejecutivo de Mariano Rajoy perdería recursos naturales e hídricos, el parque industrial de Cataluña, así como sus puertos y cuatro aeropuertos. Trenes y vías terrestres, dos plantas de energía nuclear e infraestructura de telecomunicaciones pasarían a manos de los independentistas. España no tendría acceso a Andorra y la mitad de la frontera con Francia –lo que implica buena parte de las conexiones terrestres con ese país-.
También se perdería buena parte del potencial turístico de Barcelona, una de las ciudades más visitadas por extranjeros en el mundo, que además, es la única urbe del planeta a la que se le ha otorgado la medalla de oro del Real Instituto de Arquitectos Británicos, por el conjunto de sus obras.
Visca Catalunya
La tensión ha escalado desde que el Ejecutivo de Rajoy detuvo a 14 responsables de la realización del referéndum secesionista. Las protestas este fin de semana están a la orden del día. En casi todas las grandes ciudades del país hay manifestaciones que demandan respetar la integridad de España, mientras que muchos catalanes también protestan tanto en la región, como en Madrid por su derecho a elegir.
Además, en Cataluña el Ejecutivo aumentó el número de efectivos y tropas para resguardar el orden público y muchos ciudadanos sienten temor ante la militarización de la región.
Por su parte, Puigdemont basa el éxito de la independencia en tres pilares; la movilización popular que pueda lograr y que espera sea superior a los 2,3 millones de personas que asistieron a las urnas en 2014; la generación del ruido suficiente como para que las organizaciones internacionales entre ellas la Unión Europea y la Organización de Naciones Unidas tomen nota del caso y planteen intervenir; y por último la apuesta a que Rajoy cometa un error determinante, como la represión contra los ciudadanos, o un enfrentamiento entre cuerpos como la Guardia Civil y los Mossos D’ Squadra, que cree una situación que aglutine a los catalanes y a otros ciudadanos en contra del Ejecutivo y a favor de los independentistas.
Mientras tanto, la orden es precintar los sitios de votación. La Guardia Civil tiene órdenes de impedir el sufragio, y a los Mossos se les intervino y ordenó supeditar sus comandos. Sin embargo, estos han optado por dejar hacer, y han asegurado que su tarea no es impedir la consulta, sino evitar que la violencia y los enfrentamientos entre las partes se produzcan.
Por su parte, la Iglesia española a través de su Conferencia Episcopal ha llamado al diálogo. La ONU a través de su relator de derechos políticos ha pedido a Madrid que se le permita la libre expresión y manifestación a los catalanes.
Puigdemont y los independentistas siguen intentando recabar apoyos, pero por el contrario no han recibido solidaridad de casi ningún gobierno, salvo el de Venezuela, que en su enfrentamiento con Mariano Rajoy le pidió que se olvide de criticar a Caracas y les permita votar a los catalanes.
Más allá de eso unas pocas personalidades como el nobel argentino Adolfo Pérez Esquivel, futbolistas como Hristo Stoichov y Gerard Piqué, el académico, Noam Chomsky, y la viuda de John Lennon, Yoko Ono, han apoyado el derecho a decidir de los catalanes.]]>