Duque elevó el pedido a los embajadores del Consejo de Seguridad que visitan Colombia, tras fracasar este año en su intento de modificar, por vía legislativa, algunos puntos del pacto firmado en 2016 que acabó con un levantamiento armado de medio siglo, con ocho millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados.
«Le he entregado al señor presidente del Consejo de Seguridad la carta que ratifica que queremos el acompañamiento de la misión por un año más», dijo Duque en una declaración a los medios en la sede de la cancillería.
Con el respaldo de Naciones Unidas, el acuerdo con los rebeldes marxistas redujo sensiblemente la violencia en varias zonas país, aunque persisten la polarización política y otras amenazas a la seguridad financiadas principalmente por el narcotráfico.
Elegido con el apoyo de los críticos más severos de las negociaciones de paz, Duque pretendió revisar compromisos asumidos por su antecesor, Juan Manuel Santos (2010-2018), con el argumento de evitar impunidad para responsables de delitos atroces.
De su lado, el ahora partido FARC denuncia retrasos, incumplimientos y la falta de garantías jurídicas y de seguridad. Desde noviembre de 2016 han sido asesinados 140 exguerrilleros y 31 familiares, según la otrora organización armada.
El histórico acuerdo, que condujo al desarme de unos 7.000 combatientes, también se ha visto ensombrecido por la decisión de excomandantes guerrilleros de marginarse del acuerdo, entre ellos los exnegociadores Iván Márquez y Jesús Santrich, este último buscado por narcotráfico.
El presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, el peruano Gustavo Meza, reconoció los desafíos que aún enfrenta el fin del conflicto con la que fuera la guerrilla más poderosa de América, pero saludó el compromiso de Duque de seguir adelante con lo acordado.
«El proceso de paz en Colombia (…) sigue siendo no solo un ejemplo para Latinoamérica, sino para toda la comunidad internacional y en ese sentido hemos reiterado al presidente nuestro compromiso en seguir apoyando el futuro de la implementación», sostuvo el diplomático.
Además del asesinato de exguerrilleros, el gobierno intenta contener una campaña selectiva contra líderes sociales y activistas de derechos humanos, que deja 462 muertos desde 2016, varios de ellos asesinados en zonas dejadas por las FARC, según datos de la Defensoría del Pueblo.
El presidente colombiano dijo que abordó estos asuntos con los embajadores de la ONU y apuntó que detrás de esta espiral de violencia están organizaciones como el Ejército de Liberación Nacional -la última guerrilla activa-, y el Clan del Golfo, la principal banda armada del narcotráfico.