El 23 de febrero de 1981 se tambaleó la democracia en España y el Rey Juan Carlos I jugó un papel fundamental en la preservación de las instituciones. 40 años más tarde, está en el exilio y es investigado por presuntos manejos turbios en sus finanzas
El 40 aniversario el martes del intento de golpe de Estado contra la joven democracia española tras la dictadura de Francisco Franco tendrá entre sus protagonistas al rey emérito, Juan Carlos I, por haber sido quien desactivó el asalto militar pero también por su actual alejamiento de España mientras es investigado por presuntos negocios ocultos.
El 23 de febrero de 1981 ha pasado a la historia de España como la prueba más difícil de la entonces recién estrenada democracia, pero su fracaso sirvió también para su consolidación definitiva tras casi cuarenta años de régimen totalitario.
Si hace una década, aún como rey en activo, Juan Carlos I acudió al Congreso español de los Diputados al acto del 30 aniversario del triunfo de la democracia sobre la asonada militar, ahora lo vivirá en Abu Dabi donde reside desde hace seis meses para evitar dañar la imagen de la monarquía y por tanto la de su hijo, el actual monarca, Felipe VI.
El rey emérito tiene abiertas en España varias investigaciones judiciales relacionadas con el supuesto cobro de comisiones ilegales, blanqueo de capitales y delitos fiscales. En junio de 2014 abdicó a favor de su hijo y desde ese momento perdió la inviolabilidad que le reconocía la Constitución como jefe de Estado.
Pese de todo, muchos españoles siguen considerando a Juan Carlos de Borbón, de 83 años, una pieza decisiva para que la intentona golpista de 1981 no prosperara.
En la hemeroteca audiovisual queda su mensaje televisado, con el que neutralizó la intentona siete horas después de que un teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, entrara al Congreso español pistola en mano cuando se votaba la investidura del centrista Leopoldo Calvo Sotelo como nuevo presidente del Gobierno de España en sustitución de Adolfo Suárez.
«He ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes del Estado Mayor que tomen las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente», fue la instrucción que dictó el rey español, vestido con el uniforme de capitán general del Ejército de Tierra para dar más fuerza a su mandato.
Sin embargo a lo largo de estos 40 años han persistido algunas teorías sobre si Juan Carlos I pudo tener más o menos complicidad con los golpistas, aunque «no puede probarse el que él estuviera al tanto» de la operación, asegura a EFE el profesor de Historia Contemporánea de la Extremadura (UEX) Alfonso Pinilla.
Al rey emérito hay que juzgarle «en función de las circunstancias históricas y de su actuación en cada momento», dice Pinilla en referencia a las posibles irregularidades conocidas en los últimos meses que «no deben empañar» su papel aquel 23 de febrero de 1981.
Para el periodista José Antonio Zarzalejos, autor del libro «Felipe VI, un rey en la adversidad», el caso de Juan Carlos I no es el único de un «gran estadista» que en plano personal ha tenido «conductas totalmente inadecuadas».
«Es la naturaleza humana, que es capaz de desdoblarse. En el caso de Juan Carlos I, es el típico caso de desdoblamiento: un buen político y un hombre vulgar», reflexiona en una entrevista con EFE el periodista, que atribuye un «enorme mérito» al papel que el monarca desempeñó en la transición entre la dictadura y la democracia en España y en el intento del golpe de Estado.
Otros protagonistas de aquella época como el exministro Rafael Arias Salgado sostienen que el 23 de febrero de 1981 legitimó la conducta de Juan Carlos I en la defensa de la democracia.
«De él sólo tendré presente su acción política, su gestión institucional, el que fue un motor del cambio y la instauración en España de un régimen democrático. Pasará a la historia por eso. Lo demás, cada uno es libre de juzgarlo, pero no estará en los libros de historia», señala a EFE.
El histórico dirigente socialista Alfonso Guerra, vicepresidente del Gobierno español entre los años 1982 y 1991, asegura con rotundidad que las sospechas lanzadas desde algunos ámbitos sobre el papel que desempeñó el rey emérito en el fallido golpe de Estado son fruto de la «malevolencia».
«Mezclar sus asuntos financieros con el servicio a España y a la democracia que rindió en la noche del 23 de febrero apoyando la Constitución es utilizar un bulo lanzado entonces por los golpistas en un intento de implicar al rey, y que curiosamente ahora hacen suyo algunos de la extrema izquierda», concluye Guerra.
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