¿Qué ha pasado con las víctimas del incendio en el centro de migrantes en Ciudad Juárez?

El 27 de marzo se produjo un incendio en un centro de migrantes en Ciudad Juárez, al norte de México. Siete de las víctimas eran venezolanas que se encontraban en ese país buscando llegar a los Estados Unidos. Las llamas enlutaron varias familias en lo que denuncian es una consecuencia de una política migratoria mexicana que criminaliza la migración.

Así lo denunció la abogada Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho de México en una entrevista para la cuenta @migramonitor. La experta señaló que esta política sigue causando muertes y violaciones a los derechos humanos, como el lamentable episodio de Ciudad Juárez.

“México no tiene una política migratoria propia. El hecho de tener de vecino a Estados Unidos nos condiciona a que nuestra política la determine sus exigencias. Últimamente hemos notado un incremento del uso de la fuerza pública para la detención de migrantes, eso como consecuencia de la militarización de la migración, porque la Guardia Nacional ha tomado tareas migratorias obligando a las personas a transitar en el país por rutas más peligrosas”.

La abogada agregó que México es un país receptor de migrantes expulsados por Estados Unidos, a pesar de ello, estos son colocados en sitios riesgosos como el centro de Ciudad Juárez en el que se sucedió el mortal incendio.

La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho viene asistiendo a víctimas de esa tragedia que dio la vuelta al mundo y que se investiga por parte de las autoridades mexicanas. Para ellos es indispensable que los afectados y sus familias conozcan sus derechos.

“Lo primero es que sepan que a pesar de que están en otro país tienen derechos en México porque contamos con un marco legal amplio. Las víctimas pueden participar en las investigaciones, contar con abogados del Estado o privados y sugerir peritajes independientes si así lo creen necesario, además de la reparación del daño y recibir apoyo médico”.

Precisamente las investigaciones que se llevan adelante por el suceso en Ciudad Juárez no han estado exentas de críticas. “Como organización tenemos derecho a participar debido a que recibimos información sobre presuntas violaciones a los derechos humanos, como detenciones arbitrarias, torturas y lesiones a personas que estuvieron bajo la custodia del Estado”.

Delgadillo aseguró que la Fiscalía General de México les ha impedido ser parte de la investigación. También pusieron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humano, pero allí tampoco encontraron apoyo.

“Coordinamos con una organización en Ciudad Juárez que tuvo contacto con víctimas y sus familiares, dos personas nos pidieron ser sus representantes. Este caso es complicado porque se debe investigar al mismo Estado, además del Instituto Nacional de Migración, órgano que ha sido cuestionado por corrupción, delitos a la población migrante y a su director que está siendo protegido por el presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Diversos informes de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho de México indican que debe investigarse la cadena de mando porque lo ocurrido en Ciudad Juárez no es un hecho aislado. “Hemos contabilizado al menos 10 sucesos parecidos en el que los migrantes han hecho motines reclamando acceso a servicios básicos y agua. Este es el punto más grave de una política que mata y criminaliza a la población migrante”.