La Fiscalía de Nicolás Maduro cita judicialmente a Jesús María Casal, Mildred Camero y Roberto Abdul, miembros de la Comisión Nacional de Primaria. Es otro paso concreto para criminalizar el logro de una candidatura unitaria para las elecciones presidenciales de 2024.
El régimen chavista de Nicolás Maduro decidió inició este viernes su proceso judicial penal contra los miembros de la Comisión Nacional de Primaria, que organizó la exitosa consulta popular del 22 de octubre en la que fue electa por abrumadora mayoría María Corina Machado como candidata unificada de la oposición.
Tal como lo había anticipado el jueves, ahora la Fiscalía del chavismo emitió citaciones con órdenes judiciales contra Jesús María Casal, Mildred Camero y Roberto Adbul para que acudan a ese despacho el lunes 30 de octubre, en lo que se prevé como el inicio de días más agitados en la política venezolana.
Los organizadores de la consulta electoral están siendo investigados bajo presunciones de «legitimación de capitales, delitos financieros y económicos», de acuerdo al Código Penal, según se lee en las boletas de citación.
El régimen de Nicolás Maduro acusa a la Comisión de Primarias de fraude, usurpación de funciones y legitimación de capitales. Esto supone la primera ruptura del frágil acuerdo firmado hace pocos días en la isla caribeña de Barbados, en las que ambas partes se comprometen a facilitar una convivencia política a cambio de que Estados Unidos levante gradualmente las sanciones sobre Petróleos de Venezuela y la República.
Tras varias horas de ataques verbales contra el proceso interno de la oposición que este domingo 22 de octubre eligió por abrumadora mayoría a la líder política María Corina Machado como candidata unificada para enfrentar a Nicolás Maduro en la elección presidencial de 2024, ahora el chavismo pasa a los hechos.
El jefe de la comisión negociadora por el lado de la oposición con el chavismo, Gerardo Blyde, expresó este miércoles en entrevista con el medio digital Analítica TV que el proceso emprendido por la Fiscalía puede representar un grave problema para el acuerdo de Barbados.
“(El proceso) ha producido unas reacciones, que hasta ayer eran declarativas. En la política es normal que el adversario trate de desvirtuar los hechos, pero lo que no es normal es que se judicialice un proceso que está protegido por el Acuerdo de Barbados”, alertó Blyde en la entrevista en vivo con Emilio Figueredo.
Además, hizo hincapié en que el acuerdo garantiza la libertad de escoger a su candidato.
“Eso está escrito en el acuerdo de Barbados, que cada parte puede escoger el candidato libremente, de acuerdo a sus procesos internos”.
Gerardo Blyde
Blyde también destacó la importancia de la paz que se vivió en el país durante la celebración de las primarias, destacó Analítica en su versión escrita de la entrevista por video.
“El régimen y Maduro cumplieron en no interferir en las primarias el domingo. La paz que se vivió en el país para la celebración del proceso, es consecuencia del Acuerdo”.
Tarek William Saab, el fiscal general en funciones, designado en 2017 por la Asamblea Constituyente (que usurpó las funciones de la opositora Asamblea Nacional (congreso), dijo este miércoles 25 de octubre que designó a los fiscales 73º Nacional contra la Delincuencia Organizada y 8º Nacional con competencia en delitos asociados al Saime, «para llevar adelante la investigación” sobre «delitos de usurpación de funciones electorales, usurpación de identidad, legitimación de capitales y asociación para delinquir».
El funcionario oficial afirmó que la Primaria fue «un total fraude» en el que «se burló la voluntad de aquellas personas que acudieron para plasmar su voluntad».
«Me estoy refiriendo a Jesús María Casal y Mildred Camero en los próximos días para que comparezcan en vista de que esta investigación está abierta y respondan por estas irregularidades ante el país y la justicia», dijo Saab.
El Saime es el organismo oficial que se ocupa de la identificación de las personas.
Saab, un funcionario oficial militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) dijo que emprende la acción penal a partir de la denuncia hecha en la víspera por el diputado José Brito, (un supuesto opositor aliado al gobierno, considerado por los opositores como un miembro de la bancada de los «alacranes», o políticos tránsfugas.
“Además del diputado José Brito, el miembro de la Comisión Técnica de las Primarias, Nelson Rampersad, denunció públicamente que las cifras ofrecidas por la Comisión Nacional de Primarias fueron maquilladas y abultadas. Según sus estimaciones, no fueron a votar más de 520.000 personas a ese evento”, agregó Saab.
Rampersad ofreció una rueda de prensa a través del medios del gobierno. Es parte del partido Movimiento al Socialismo (MAS) un antiguo aliado del chavismo que bebió de las fuentes del poder y que ahora está fragmentado.
Pero la dirección del MAS se desliga de las declaraciones de Rampersad, que es visto ahora como un infiltrado del chavismo en la Comisión de Primaria.
La Comisión Nacional de Primaria difundió también este miércoles un tercer boletín con las cifras definitivas de la consulta interna, la Primaria, en la que votaron más de 2,3 millones de personas y el 92% de ellas por María Corina Machado.
Inclusive el partido Un Nuevo Tiempo, el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, «ratificó ayer su reconocimiento a la Comisión Nacional de Primaria «por su ecuanimidad, probidad y temple» en la conducción de la #ElecciónPrimaria del 22 de octubre».
Rosales y su partido eran un incógnita en el tablero político porque el dirigente no quiso participar en la Primaria y muchos analistas observaban que podría lanzarse por fuera en la carera presidencial, como un candidato potable para el chavismo.
Ahora Un Nuevo Tiempo ofrece apoyar «la construcción de la unidad», aunque no expresamente a Machado, lo cual es notorio porque este es uno de los cuatro partidos junto a Primero Justicia, Acción Democrática y Voluntad Popular que hasta hace poco formaban el llamado G4, grupo que dominaba la coalición opositora frente al chavismo, y de la que no formaba parte Vente, de Machado.
Varios otros partidos y casi todos los candidatos derrotados por Machado el 22 de octubre le han dado el apoyo abierto a su candidatura.
El acuerdo de Barbados, firmado por el chavismo y parte de la oposición con el auspicio de Estados Unidos, México y Noruega supuestamente abre la posibilidad para calmar las aguas en la escena política venezolana y comenzar a solucionar así una larga crisis política, económica y social que se prolonga por más de 10 años.
«En puntos concretos, lo que está en el texto, el primer acuerdo que contiene este acuerdo señala con claridad que las partes reconocen y respetan el derecho de cada actor político a escoger su candidato para las elecciones presidenciales de manera libre y conforme a sus mecanismos internos», decía reciente sobre el acuerdo de Barbados el abogado Gerardo Blyde, coordinador de las negociaciones por la oposición.
El acuerdo establece: Garantía para que los procesos de selección interna de nuestro candidato se respeten y muy especialmente ante el evento de la Primaria del domingo 22 de octubre 2023.
En realidad este es un punto reconocido ya por la Constitución Nacional en su artículo 67: «Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de asociarse con fines políticos, mediante métodos democráticos de organización, funcionamiento y dirección. Sus organismos de dirección y sus candidatos o candidatas a cargos de elección popular serán seleccionados o seleccionadas en elecciones internas con la participación de sus integrantes».
Por su parte, la administración de Joe Biden llevaba negociando directamente con Maduro y su entorno desde hace meses, hasta llegar a este acuerdo de Barbados. La semana pasada levantó temporalmente sanciones al petróleo, el gas y el oro de Venezuela, como parte del compromiso por el acuerdo firmado entre el gobierno y la Plataforma Unitaria (una parte de la oposición) de compromisos mutuos.
El alivio de las sanciones está condicionado a que Maduro garantice unas elecciones presidenciales libres y sin candidatos inhabilitados administrativamente. El propio Departamento de Estado y su secretario, Antony Bliken (jefe de Nichols) advirtió en un comunicado que las sanciones será restablecidas en caso de que se incumpla lo que califica como una hoja de ruta con garantías electorales.
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