Las medidas que viene tomando el gobierno de Nicolás Maduro desde 2013 han propiciado el aislamiento de Venezuela de las democracias occidentales y los procesos económicos del mundo libre. Una realidad que se profundiza con las últimas acciones luego de las presidenciales del 28 de julio
La decisión del madurismo de no entregar el poder pese a las evidencias que sustentan las dudas sobre el resultado electoral anunciado, tiende a profundizar el aislamiento de Venezuela de las democracias occidentales, lo que incluye a países aliados que tienen gobiernos de izquierda, pero que han mantenido los principios de alternabilidad en el poder y acatado las reglas del juego democrático como Brasil, Chile, México y Colombia.
El aislamiento no parte solo de medidas económicas internacionales -eso que llaman “bloqueo” en la propaganda oficial-, sino que es el propio gobierno de Nicolás Maduro el que lo ha promovido con las reiteradas acciones que han llevado a Venezuela a convertirse en un país al margen del desarrollo económico, de las inversiones extranjeras, del crédito e incluso transformar a los venezolanos en una especie de “parias” sin documentación legal para movilizarse por el mundo.
Las reacciones del gobierno ante los cuestionamientos y las dudas que deja su proceder en el caso de las elecciones del 28 de julio, profundizan y aumentan su aislamiento.
El nuevo escenario electoral se inició cuando la oposición venezolana optó por participar en las presidenciales previstas para 2024 abandonando la abstención como política para el cambio; a pesar de los riesgos de posible fraude que se preveían de parte de un ente electoral controlado por fichas del gobierno.
En el acuerdo de Barbados (2023), el oficialismo se comprometió a respetar los derechos políticos y garantías para todos los venezolanos y aceptar un proceso transparente con observación internacional. En otras palabras, se comprometían a ser demócratas y cumplir las leyes.
Ese acuerdo y algunos convenios directos entre los gobiernos de Maduro y Estados Unidos permitieron una flexibilización de las sanciones financieras y hasta le permitieron a Maduro recuperar a uno de sus más importantes operadores financieros internacionales, el colombiano Alex Saab.
Joe Biden señaló sobre el acuerdo de Barbados: “Estamos asegurándonos de que el régimen venezolano cumpla con sus compromisos. Han anunciado una hoja de ruta electoral, acordada por los partidos de la oposición, para unas elecciones presidenciales competitivas en 2024. Se trata de un paso adelante positivo e importante. Y hoy están liberando a veinte presos políticos, además de los cinco liberados anteriormente. Continuaremos monitoreando esto de cerca y tomaremos las medidas apropiadas si es necesario. Apoyamos la democracia en Venezuela y las aspiraciones del pueblo venezolano”.
Pero los acuerdos no fueron cumplidos por Maduro. Peor aún: los presos políticos han aumentado en 2 mil personas durante las dos últimas semanas, según los anuncios oficiales, que además hablan de crear dos nuevos centros carcelarios para encerrar allí a quienes participen en manifestaciones contra el gobierno.
Hasta ahora, la respuesta de Estados Unidos sobre los últimos acontecimientos no ha alterado la flexibilización de las medidas financieras acordadas. La más importante fue una licencia para que la empresa Chevron pudiera operar los yacimientos de petróleo en Venezuela y la licencia a unas 50 empresas del área energética y gasífera. Pero eso puede cambiar en cualquier momento.
Recientemente, Maduro amenazó a Estados Unidos con quitarle los bloques petroleros y gasíferos que operan en Venezuela compañías estadounidenses y entregárselos a sus aliados del grupo de economías emergente BRICS.
“Si esta gente de allá del norte y sus asociados en el mundo cometen el error de su vida, entonces, esos bloques de petróleo y esos bloques de gas que ya estaban firmados pasarán a nuestros aliados de los BRICS”, dijo el jefe de Estado a través del canal estatal VTV, haciendo referencia a la asociación de carácter político y económico que lideran Rusia y China para hacer contrapeso al G7.
En enero de 2019, Nicolás Maduro ordenó romper relaciones diplomáticas con Estados Unidos, al que acusó de dirigir una operación golpista en Venezuela. Le dijo al personal de la embajada estadounidense que tenían 72 horas para abandonar el país.
En 2020, expulsó a la embajadora de la Unión Europea (UE) en Caracas, Isabel Brilhante Pedrosa, a quien le dio 72 horas para dejar Venezuela, como respuesta a que unos 30 funcionarios del chavismo fueron sancionados por la UE. Así continuaron las medidas contra aquellos gobiernos que denunciaban o hacían referencia a violaciones de derechos humanos en Venezuela, una actitud que se mantiene hoy con naciones y organismos internacionales que demandan transparencia electoral.
Desde 2009 había roto relaciones con Israel por el conflicto con Palestina. Con Colombia, además del cierre de fronteras, en 2020 se produjo la ruptura definitiva hasta la llegada al poder de Gustavo Petro. En 2019, el mandatario paraguayo Mario Abdo Benítez anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Venezuela y el cierre de su embajada en Caracas.
Esto aumentó significativamente en los últimos días. El lunes 29 de julio anunció la ruptura de relaciones con los primeros gobiernos que no reconocieron su cuestionado triunfo: Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Paraguay y Perú.
La cancillería venezolana consideró que la posición de esos siete gobiernos “atenta contra la soberanía nacional” y exigió que se retiraran los diplomáticos acreditados en Caracas.
Además de estos siete países, Ecuador y Paraguay, en un comunicado conjunto habían señalado indispensable que hubiesen garantías de que se respetara la voluntad popular expresada por el pueblo venezolano en las urnas.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció el retiro de sus representantes en Venezuela y puso “en suspenso” las relaciones con Caracas “hasta tanto no se realice una revisión completa de las actas y el sistema informático del escrutinio de votación que permitan conocer la genuina voluntad popular”.
El canciller de Chile, Alberto Van Klaveren, en declaraciones a CNN, señaló que esa medida de Venezuela “es sólo propio de regímenes dictatoriales. No tengo recuerdo de una medida de esas características y, lo que revela, es el aislamiento que tiene el gobierno venezolano”.
La embajada de Argentina -donde se encuentran refugiados seis miembros del equipo de Vente Venezuela- cuyos funcionarios también fueron expulsados, llegó a un acuerdo para que Brasil obtuviera la custodia de su sede diplomática y por ende de los refugiados, y esto luego se amplió a la sede de Perú y sus funciones consulares.
El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, reaccionó señalando que “se trata de una decisión intempestiva, injustificada, del régimen de Maduro ante una preocupación legítima planteada por Uruguay por el proceso electoral”.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, aseguró que “Venezuela merece resultados transparentes, certeros y apegados a la voluntad de su pueblo”.
El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, emitió una declaración calificando la proclamación de Maduro como “fraudulenta. Trabajaremos con los gobiernos democráticos del continente y los organismos internacionales para que se respete la sagrada voluntad del pueblo venezolano”.
De Latinoamérica solamente Nicaragua, Cuba, Bolivia y Honduras han felicitado a Nicolás Maduro por la reelección anunciada por el CNE.
El más efusivo de los mandatarios fue el cubano Miguel Díaz-Canel, principal aliado del gobierno venezolano, quien expresó: “Nicolás Maduro, hermano, tu victoria, que es la del pueblo bolivariano y chavista, ha derrotado limpia e inequívocamente a la oposición proimperialista”. Los presidentes de Bolivia, Honduras y Nicaragua, quienes hablaron de fiesta democrática, voluntad del pueblo en las urnas, hermandad revolucionaria y pueblo heroico
Otros países que manifestaron su apoyo y reconocimiento a Maduro fueron las autocracias aliadas: Rusia, China e Irán, quienes son los principales soportes económicos de Venezuela en el juego geopolítico mundial.
En África, varios países se pronunciaron también: Argelia, Angola, Burkina Faso, Yibuti, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Gabón, Libia, Madagascar, Malí, Namibia, Nigeria, República del Congo y Zimbabue. Y en Asia, además de China y Rusia, Indonesia, Irak, Irán, Laos, Corea del Norte, Palestina, Catar, Arabia Saudita, Siria, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Vietnam y Myanmar.
Otros aliados regionales, los presidentes de Brasil, Luis Inacio Lula Da Silva; Colombia, Gustavo Petro, y México, Andrés Manuel López Obrador, sin hacer referencia y menos admitir que hubo un fraude electoral, entendieron que solo a través de una negociación podrían evitarse conflictos de mayor magnitud en América Latina, si logran que muestren las actas y se haga una auditoría confiable para las partes. En ese escenario podrían conseguir garantías de seguridad en una transición para Maduro y algunas figuras clave del gobierno.
En un comunicado conjunto especificaron la necesidad de que se presenten las actas por parte del CNE, con los resultados desglosados por mesas de votación y aclararon que el CNE es el órgano al que le corresponde por mandato legal la divulgación transparente de los resultados. Asimismo, advirtieron sobre la necesidad del respeto a los derechos humanos los cuales deben prevalecer en cualquier circunstancia.
Al día de hoy existen dudas sobre la gestión de este trío: el saliente mandatario mexicano optó por echarse a un lado y esperar por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, mientras que circulan rumores sobre propuestas inaceptables y cierta frustración.
Los mensajes emitidos por el propio jefe de Estado son evidencias claras de que el madurismo no está dispuesto a dejar el poder.
Iniciado el proceso electoral, Maduro dijo: “Vamos a ganar por las buenas o por las malas”. Esa frase la ratificó con énfasis en otro evento reciente: “Esos sectores extremistas en este país no volverán, ni por las buenas ni por las malas”, refiriéndose a la oposición, a María Corina Machado y a Edmundo González. El lunes 12 de agosto ratificó esa postura señalando: “No le vamos a entregar a esta oligarquía fascista el poder político en este país”.
A estos mensajes se agregan medidas como bloquear redes sociales, suspender vuelos internacionales hacia determinados países, anular pasaportes de venezolanos que viven dentro y fuera del país, bloquear medios de comunicación nacionales e internacionales y extender la persecución política y actos de violencia contra ciudadanos que participaron en el evento electoral.
Se esperan medidas más severas en el área de las redes sociales, el principal medio de información que tiene la población venezolana, pues Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional expresó: “Es una misión detener la dictadura de las redes sociales”.
Tales medidas conforman un modelo político que ubica a Venezuela dentro de los gobiernos más cerrados del mundo, un ejemplo con el que ya pareciera que comienzan a evitar identificarse hasta algunos movimientos de izquierda que apoyaron a la revolución bolivariana en sus inicios.
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