Piden fe de vida para dializar a pacientes renales en clínica de Chacao

El segundo piso de la Unidad Extra Hospitalaria Riverside, ubicada en Bello Campo, municipio Chacao, parecía este viernes 2 de junio un mercado municipal. La clínica privada que atiende a enfermos renales del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales estaba convulsionada. Los pacientes renales gritaban desde las poltronas, donde esperaban ser conectados a unas máquinas que limpiaran su sangre.
Un grupo de pacientes, en su mayoría de la tercera edad, no estuvieron de acuerdo en que se le negara a Rubi Molina la aplicación del tratamiento por no tener una fe de vida. Entre todos se unieron y decidieron que si no dializaban a Rubi, ninguno aceptaría la diálisis.
“Hoy llegué y me dijeron que no podían dializarme porque no había traído el documento de la fe de vida. Hace como un mes me la pidieron, pero no la he podido sacar porque he estado muy mal de salud. La semana antepasada casi me muero con la tensión baja y una infección que no se me termina de curar», explicó Rubi Molina a El Estímulo.
La mujer es de Campo Rico, Petare, pero vive con su mamá en Sarría pues no puede caminar porque tiene un catéter en la pierna derecha.
«Sé que la fe de vida es para que el Seguro Social le entregue el kit a la clínica, pero la verdad es que aquí no hay ni guantes y la atención es muy mala”, dijo Molina.

En el último mes, la crisis de salud ha afectado de forma grave a los servicios de Nefrología. En el J. M. de los Ríos, tres niños murieron infectados con una bacteria, y esta semana se suspendieron las diálisis peritoneales por falta de materiales y Fundavene paralizó los trasplantes hasta que se regularice el abastecimiento de medicamentos antirrechazo.
Las autoridades de la clínica no supieron cómo abordar el asunto. Resolvieron llamar a la Policía de Chacao, pero esto, lejos de aquietar a los pacientes, los molestó mucho más.
Al paciente Antonio Ginez se le subió la tensión. Se le pusieron los ojos rojos y los brazos empezaron a temblarle cuando uno de los policías le pidió la cédula. Parecía que la molestia de las calles se trasladó en ese momento a la clínica.
Indignado por lo que consideró una injusticia, Ginez lloró de la rabia. En ese estado no se podía conectar a la máquina. Debió esperar. Sus compañeros le gritaban: “Cálmate, Antonio, cálmate. Si te pasa algo, ellos van a seguir viviendo como si nada”.
El policía fue conminado por las enfermeras a retirarse. Los funcionarios habían recibido la información de que los pacientes estaban alterando el orden público.

Wilfredo González también se hizo sentir desde su camilla: “A cada rato pasan los manifestantes frente al Sambil lanzando bombas molotov y ellos no les dicen nada. ¿Y a mí sí me van a pedir la cédula? ¡Resulta que ahora el guarimbero soy yo! Hermano, yo lo que estoy es defendiendo mis derechos. Si tú no me colocas la diálisis, yo regreso el lunes pero con las patas pá lante porque pasaría todo el fin de semana sin tratamiento. Me puedo morir”.
González comentó que se le hizo imposible sacar la fe de vida en San Antonio de los Altos, estado Miranda. Al parecer, luego de dos meses de protesta antigubernamental, las oficinas oficiales así como los comercios de la zona se encuentran cerrados. Tuvo que viajar hasta Vargas para diligenciar el documento por otras vías.
Pero no todos tienen la oportunidad de conseguir este papel. Gildamar Martínez viene desde Guatire hasta Caracas para hacerse la diálisis. Fue remitida a este centro de salud por las autoridades del Hospital Miguel Pérez Carreño.
“Fui a la Alcaldía de Guatire, pero allí hubo cambio de directorio. Deberían de tener esa consideración. Además, desde hace tiempo que no nos ponen la eritropoyetina (medicamento que mantiene la concentración de glóbulos rojos en la sangre) y el hierro endovenoso. Ellos tienen que saber que cada vez que nos desconectan allí queda, en la máquina, un poquito de sangre. De poquito en poquito se nos baja la hemoglobina”, dijo la mujer.
Dimas Ramírez, quien lleva siete años dializándose en ese centro privado, cree que las cosas deberían explicarse de manera pacífica. Algo que, a su juicio, no ocurre en la clínica, donde ha habido un mal manejo de la crisis.

Uno de los médicos que atiende en Riverside, Freddy Cañizalez, presente en la sala luego de que los policías se retiraran, reconoció que la falta de tratamiento puede producir un paro cardíaco de inmediato, al elevarse los niveles de potasio en la sangre.
“La falta de diálisis hace que se eleve la urea y la creatinina. La verdad, en 25 años de ejercicio profesional no había visto que se suspendiera la aplicación de un tratamiento por la falta de un papel. Esto es demasiado”.
Después de la presencia de los uniformados y la llegada de uno de los responsables del centro de salud privado, se resolvió atender a Rubi y a los demás pacientes.
Una fuente del lugar, que no quiso dar su identidad, aseguró que la exigencia del papel solo responde a un requisito del Seguro Social: “No es un asunto caprichoso. No se trata de que yo no quiera atenderlos y darles tratamiento. Si no me llega el kit, no tendré cómo. Así de simple”.

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