Siete personas fueron las protagonistas de un enfrentamiento ocurrido la madrugada de este 15 de enero, en el que el ex inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), Óscar Pérez fue asesinado, al igual que sus seis compañeros refugiados dentro del que acabó como un ruinoso chalet al final de una calle de tierra en el sector Araguaney de El Junquito.
¿Quiénes eran estas personas? El gobierno los llama «terroristas» y otros los denominaron «resistencia». Muchos guardan vinculación con fuerzas policiales o militares. Óscar Alberto Pérez es el más conocido y además líder de este movimiento que inició durante las protestas de 2017, cuando a bordo de un helicóptero del Cicpc atacó la sede principal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Ministerio de Interior y Justicia.
Pérez, además de formar parte de este cuerpo policial fue el fundador y presidente de una fundación dedicada a ayudar a niños en situación de calle y con enfermedades terminales, conocida como GV33 Moral y Luces. Dos de sus trabajadoras se aproximaron a la morgue de Bello Monte el pasado martes y comentaron que el ex piloto de la Policía Científica fundó la institución hace dos años y que era una demostración del corazón bondadoso y caritativo de Óscar.
La última vez que lo vieron de forma regular fue en mayo de 2017, cuando junto a otras personas de su fundación, recorrió las calles de Caracas para entregarle un presente a cada niño que veían.
En los carteles del Cicpc figuraba otro hombre. Uno de lo más buscados y cuyo nombre era José Alejandro Díaz Pimentel. Nacido el 31 de mayo de 1981 en Caracas y residenciado desde hace algunos años en Nueva Esparta, específicamente en el sector Casco Central del municipio Arismendi.
A sus 36 años ya había enfrentado un juicio en 2010 por una presunta implicación en un robo y un asesinato, por lo que fue acusado junto a otro hombre de homicidio intencional calificado por motivos fútiles e inmóviles y robo agravado. El procedimiento tuvo su resolución en 2011, en un tribunal de la entidad insular.
El pasado julio de 2017 la esposa de Díaz Pimentel fue quien cayó tras las rejas. Se trata de Dayana Santana de Díaz. Pimentel tenía dos hijos, los cuales estaban presentes en la morgue de Bello Monte junto a otros familiares. El menor, cuya edad oscila entre unos seis y ocho años, lloraba desconsolado y clamaba «¡Quiero a mi papi!
Santana de Díaz permanece aislada en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide por su supuesta relación con las manifestaciones violentas que dejaron a más de 120 muertos durante cuatro meses de protestas.
En su último video difundido por las redes sociales hizo un llamado a la desobediencia civil y a la rebelión popular.
En la lista figura una mujer que se encontraba en proceso de identificación. Fuentes cercanas a la morgue de Bello Monte informaron que el nombre de la fallecida era Lisbeth Andreína Ramírez Mantilla de 29 años. El ministro Néstor Reverol detalló que la fémina a la hora de su muerte tenía 26 años, sin embargo, Ramírez nació el 25 de septiembre de 1988.
Vivía en la parroquia La Concordia de San Cristobal, estado Táchira. La información la proporcionó un allegado de la victima, quien acudió a la sede de la medicatura forense en representación de la familia.
Se presume que esta mujer pudo ser la pareja de Óscar Pérez. Al respecto, la fuente respondió: «no me corresponde hablar este tema». Entre los rumores, también destaca la posibilidad que estuviese embarazada, debido a las palabras que el exinspector pronunció durante uno de sus últimas transmisiones en Instagram: «¡Hay mujeres y niños!». En la actualidad se desconoce el paradero de este menor.
Con una nota de voz. Abraham Israel Agostini Agostini se despidió de sus allegados. El mensaje, cuya duración ronda el minuto y 30 segundos, conmovió a muchos. Era la última vez que se le escucharía, para ese entonces tenía una herida por arma de fuego, luego los funcionarios de la PNB observarían su cuerpo sin vida junto al de sus compañeros tras una mortal ráfaga de balas.
En la medicatura forense se presentaron varios amigos quienes comentaron que Agostini trabajaba como vendedor informal, luego de haber sido miembro de la Policía de Aragua. A sus 33 años tenía cuatro hijas y una esposa, las cuales vivían fuera del país, mientras que su madre vive en Aragua. Uno de sus amigos vio al fallecido por última vez hace tan sólo siete días en su vivienda, ubicada en la parroquia San Pedro del municipio Libertador en Caracas. En ese momento su amigo le dijo que se fuera del país, pero el no vio esta opción viable.
Daniel Enrique Soto tenía 30 años. Según familiares, éste iba a irse muy pronto del país a empezar una nueva vida. Lo vieron por última vez una semana antes y luego se sorprendieron al ver su nombre en las pantallas de televisión, mientras Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia, anunciaba lo ocurrido en el presunto enfrentamiento.
No tenía ni un año de haber recibido su título como comunicador social de la Universidad Rafael Belloso Chacín en Maracaibo, estado Zulia. Lo único que se lo ocurrió para desaparecer y meterse de lleno con la resistencia fue inventar que se iría del país. Fue por esta mentira que durante sus últimos minutos de vida mandó un mensaje a sus seres queridos para disculparse, despedirse y recordarles que «esta lucha era por Venezuela».
Entre los fallecidos había uno quien dedicó parte de su vida a la carrera militar. Se trató de Jairo Lugo Ramos, de 30 años. Se desempeñó como sargento segundo del Ejército, pero luego se retiró y en sus últimos días se dedicó a la venta informal de agua potable. Vivía en el Zulia, en la urbanización Lago Azul de la parroquia Manuel Dagninol, en la planta baja de un edificio. Se desconoce si tenía compañía permanente o vivía solo. Nació el 27 de octubre de 1983 y sus padres son Magali Ramos y Jairo Lugo.
Sobre Abraham Lugo Ramos se conoce muy poco. Se presume que por los apellidos podría ser hermano de Jairo, pero esto aún no ha sido confirmado.
Desde la madrugada desde este 17 de enero, funcionarios de la Policía Nacional y de la Guardia Nacional aumentaron las restricciones a la morgue de Bello Monte, en donde los cordones de seguridad se establecieron a unas cuadras de distancia. Esto hizo casi imposible a los medios de comunicación acercarse al lugar, como ocurrió el pasado martes, en donde a pesar de las barreras se pudo contactar a tres allegados.
Además durante el transcurso de la mañana un grupo de vecinos del sector protestó frente a los funcionarios con carteles y consignas en rechazo a lo ocurrido con Pérez y sus seis compañeros.
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