Crímenes sin Castigo: el Tren de Aragua se descarrila con desalojo de Tocorón

La caída del Tren de Aragua comenzó con una sucesión de asesinatos en Bogotá.

En septiembre del año pasado, la principal megabanda venezolana se había enfrascado en una disputa por el control del territorio en distintas zonas de la capital colombiana, dejando en este conflicto más de veinte cadáveres. Algunos de ellos en condiciones que hacían recordar los años más cruentos de la guerra entre carteles colombianos.

En aquel momento, desde este espacio se advertía que la organización comandada en Tocorón por Héctor Guerrero Flores podía aproximarse a su “estación terminal”.

Y así fue.

El miércoles 20 de septiembre, si nos atenemos a las versiones oficiales (poco rigurosas, pero oficiales al fin) once mil hombres uniformados saturaron el penal aragüeño para iniciar una intervención, que de hecho pone a esta organización en una etapa agónica.

¿Por qué el Gobierno escogió este momento para irrumpir en un feudo donde los presos ejercían una suerte de autogobierno, con economía y leyes propias?

Según el ex director de Actuación Procesal de la fiscalía general de la República, Zair Mundaraín, desde hace meses el régimen se encontraba bajo enorme presión internacional, en virtud de la expansión del Tren de Aragua más allá de las fronteras.

Según este abogado, el Ministerio Público fue consultado desde Chile, Ecuador, Perú, Brasil y Colombia en torno a la configuración de esta banda, sus principales exponentes y sus áreas de acción.

Estas peticiones de información también formaron parte del debate público, cuando la alcaldesa de Bogotá Claudia López exigió del gobierno venezolano una acción más decidida contra la megabanda.

Hace dos semanas, las autoridades guatemaltecas se sumaron a cúmulo de países preocupados por la expansión internacional del grupo comandado por Guerrero, a través de una consulta formulada por los canales de intercambio policial. Se confirmaba entonces que el Tren había emprendido una expansión hacia el norte, que eventualmente llevaría a sus miembros al territorio estadounidense.

En lo referido al Tren de Aragua, Maduro siempre optó por guardar silencio. En sus alocuciones no se cuenta ninguna mención a este grupo. Lo que hacía sospechar de alguna forma de entendimiento entre Guerrero y el oficialismo.

Esta convicción se acentúa si se analizan algunos pasajes históricos. En abril de 2017, por ejemplo, tres agentes de la policía judicial resultaron heridos cuando osaron transitar con sus patrullas por la carretera que pasa frente al penal aragüeño. En las minutas correspondientes, se indica además que algunos de estos disparos fueron hechos con fusiles de asalto desde el interior del reclusorio.

Poco después, la entonces ministra para el Servicio Penitenciario, Maria Iris Varela, anunció la inminencia de una intervención en ese lugar, al estilo de las ejecutadas en Rodeo I y II y La Planta.

Pero nada sucedió.

La gente de Guerrero, además, entraba y salía a gusto de esa instalación. Las historias de vehículos robados en vías públicas y posteriormente entregados por miembros de la organización, previo pago, son abundantes.

En la conversación para la realización de esta columna, Mundaraín mencionó por lo menos tres importantes operadores del oficialismo, que servían – y sirven- de soporte político al Tren de Aragua. Serían de esas influencias que inhibieron la entrada del penal en el “nuevo régimen penitenciario”. Entre ellos, por cierto, no figura el ex ministro de Petróleo y ex gobernador aragüeño Tareck el Aissami, toda vez que lleva ya seis meses de capa caída. Antes de marzo, quizá.

Mundaraín tiene la convicción de que Guerrero recibió un último favor de sus amigos en el Gobierno, al advertirle con suficiente antelación que la paciencia del Ejecutivo había llegado a su límite. De allí que, en los primeros recuentos, él no figura en las listas de fallecidos, heridos o trasladados a otros recintos penitenciarios.

“Hace dos días sabíamos que venía esta operación”, reveló el ex funcionario, actualmente refugiado en Colombia. “Si yo lo sabía, mucho más ellos, que tienen todos los contactos”, añadió.

El ex vicefiscal envió un mensaje por sus redes sociales, retando al Ejecutivo para que muestre en público a Guerrero, tal y como hacen con otros detenidos.

“La información que tenemos es que él huyó con todo su carro”, dijo, en referencia al reo y sus lugartenientes.

Mundaraín, sin embargo, no descarta la teoría lanzada por el Observatorio Venezolano de Prisiones, en el sentido de que la irrupción de los uniformados en Tocorón pudo ser pactada. Esto tiene un precedente: en 2021, la entonces ministra de Relaciones Interiores Carmen Meléndez afirmó que las autoridades habían tomado la Cota 905, cuando en realidad el grupo de Carlos Revette, alias Koki, había cedido momentáneamente los espacios. Lo que permitió al Gobierno tomar algunas fotos de agentes ocupando las trincheras en el cerro, para transmitir la noción de que habían impuesto la ley y el orden en esos confines.

Héctor Guerrero se encuentra en una situación comprometida. A partir del 20 de septiembre, se iniciará formalmente una cacería en su contra. La posibilidad de que finalice sus días como Koki está planteada. También, advierte Mundaraín, podría aparecer en “custodia”, dentro de una celda que asegure su silencio.

Según el director de la organización civil Una ventana para la libertad, Carlos Nieto, en Tocorón permanecían ocho mil reclusos. Esto sugiere que la reubicación de toda esa población será un proceso engorroso, que llevará varios días.

A pesar de los clamores de éxito del ministro Ceballos, llama la atención que no exista una relación clara sobre el número de evadidos, así como de las bajas verificadas en esta operación.

El Tren de Aragua se había erigido en la principal banda criminal del país, de acuerdo con la valoración de InSightCrime. Guerrero y sus seguidores habían impuesto una paz criminal en Tocorón. Eso posibilitó la disminución de los muertos y heridos en la propia cárcel. Durante el primer semestre de 2023, no hubo ninguno, según cifras conocidas extraoficialmente.

Con la caída del Tren de Aragua, esta calma podría romperse.

Breves

-En agosto, el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (Ceofanb) envió a las unidades castrenses un radiograma con carácter “reservado” en el que se ordenó “incrementar las medidas de seguridad e inteligencia”, así como mantener constante supervisión sobre los internados judiciales y los retenes policiales.

En el sector militar, al parecer, se manejaba información sobre posibles planes, promovidos desde los recintos penitenciarios, que supuestamente tenían la finalidad de “generar caos y matrices de ingobernabilidad”. Se instruyó a llevar a cabo acciones distintas de las planificadas y previsibles, para así “evitar caer en rutinas”. Como se recordará, en el caso de los internados judiciales, la custodia externa es tarea de la Guardia Nacional.

-Luego de un prolongado juicio, el tribunal del Distrito Central de los Países Bajos condenó a tres rumanos por participar en una red de trata de personas, que se centraba en la explotación sexual de mujeres de Europa Central y países suramericanos, entre ellos Venezuela. Las sentencias fueron de dieciséis meses de prisión para uno de los acusados, y año y medio para los otros dos.

El proceso judicial comenzó en junio de 2021 y finalizó en la primera semana de septiembre de este año, por lo que los acusados ya quedaron en libertad. Una de las víctimas que compareció en el juicio es una venezolana de 25 años de edad, captada por la organización mientras se dedicaba al trabajo sexual en París. Junto a una colombiana, fue trasladada por varias ciudades de los Países Bajos.

La red se publicitaba en avisos de redes sociales. En este reino, la prostitución es legal. De allí que las pesquisas se centraron en la relación coercitiva entablada entre los miembros de la red y las mujeres. El testimonio de la venezolana fue clave en la condena.

“¿Eras libre de rechazar a un cliente?”, le preguntó el juez de instrucción, a lo que ella contestó: “No. No tuve esa libertad. Tenía que trabajar”. Luego, indicó que en muchas oportunidades quiso evitar las relaciones sexuales con individuos que habían pagado a la organización. “Había muchos, pero yo tenía que trabajar porque necesitaba el dinero”, afirmó.

Las mujeres cobraban en promedio 45 euros por cada hora. Pero el proxeneta se quedaba con la mitad de ese dinero. Aunque los gastos de transporte eran cubiertos, tenían que pagar 1.600 euros al mes por el alojamiento.

El tribunal dictaminó que los rumanos incurrieron en “abuso de la posición vulnerable” de estas mujeres. Cuando los sujetos ya estaban en custodia, los policías les preguntaron a ellas por qué no habían denunciado la explotación a la que eran sometidas. Contestaron que por temor a ser deportadas, pues habían excedido el lapso de permanencia legal de noventa días en los Países Bajos.