TSJ de Maduro anula reforma parlamentaria
La oposición cuenta con dos tercios de los 167 escaños del Congreso. Actualmente, 27 diputados opositores se han exiliado tras la apertura de procesos penales en su contra
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) controlado por Nicolás Maduro anuló este jueves la decisión del Parlamento de mayoría opositora de autorizar la participación virtual de diputados en el exilio en las sesiones legislativas.
«(Se) declara la nulidad absoluta y carencia de efectos jurídicos de la reforma parcial del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional», señala una sentencia leída ante la prensa por el magistrado Juan José Mendoza, presidente de la Sala Constitucional de la máxima corte venezolana.
De línea oficialista, el órgano exhorta además a la Fiscalía a que: «investigue penalmente la presunta materialización de conductas constitutivas de tipos delictivos».
El martes, el Parlamento -único poder controlado por la oposición- reformó su reglamento de debates para admitir el uso de tecnologías con el fin de dar participación virtual a diputados que por motivos de persecución política no pudiesen asistir al Palacio Legislativo.
Tres parlamentarios oficialistas, el diputado principal José Noriega y los suplentes Gabriel Peña y Leandro Domínguez, acudieron un día después a la sede del TSJ para impugnar la reforma, aprobada por 93 legisladores.
La oposición cuenta con dos tercios de los 167 escaños del Congreso, presidido por Juan Guaidó, reconocido como mandatario encargado de Venezuela por medio centenar de países, encabezados por Estados Unidos.
La ley
La sentencia del TSJ, considerado por la oposición como el brazo jurídico del presidente socialista Nicolás Maduro, acusó al Parlamento de buscar «el asalto del Estado de derecho y de todos los poderes públicos».
La ley, añade el documento, obliga al Legislativo a sesionar con la presencia física de sus miembros, titulares o suplentes.
Según Acceso a la Justicia, ONG de derechos civiles, 27 diputados opositores se han exiliado tras la apertura de procesos penales en su contra.
La reforma aprobada por el Parlamento, según el politólogo Guillermo Tell Aveledo, era una medida de seguridad de Guaidó para tratar de mantener su mayoría y ser reelegido el 5 de enero, cuando finalizará su período al frente de la cámara.
