Si en Venezuela se estuvieran activando los mecanismos que establece la Constitución en materia electoral, y esto debería saberlo el general Vladimir Padrino López, parte importante de la tensión política, el naufragio económico, el malestar social, la desesperanza y la incertidumbre nacional existentes en el país estarían hoy camino a disolverse.
La crisis venezolana, general Padrino, es el resultado de un enorme pasivo de problemas denunciados y no atendidos. Estos problemas se están encontrando, en materia de salidas políticas legítimas, de soluciones consultadas, con un autentico portazo en la nariz orquestado por el alto gobierno.
Si el Poder Electoral se animara a respetar los plazos constitucionales, y decidiera darle curso a la organización de una cita cualquiera –pongamos por caso, la elección de los Gobernadores, cuyo tiempo constitucional está vencido– ni siquiera hiciera falta andar hablando de diálogo : todo el mundo habría convenido en atenerse a lo que dispusiera el pueblo. No sería necesario para nadie tener en el país al Vaticano.
Por eso es que, aun a pesar del espeso silencio que han evidenciado durante las últimas semanas y meses, hoy, cuando unas ranuras parecen cerrarse, y abrirse otras, cuando el oxígeno para hacer política no abunda, el panorama represivo aprieta, el gobierno cambia de lenguaje y se ha consumado el fraude constitucional del Referéndum Revocatorio, el país político y la opinión pública están más pendientes que nunca de la quietud del Consejo Nacional Electoral. De la conjura en contra de la voluntad popular que se podría estar cocinando en el cuadrilátero que integran Tibisay Lucena, Socorro Hernández, Tania D´Amelio y Sandra Oblitas.
Por estos días, de la boca de la dirigencia del PSUV, no se escucha hablar de elecciones, a pesar de que ya toca. Las consultas electorales, afirman, “no son prioritarias”; se supone que es necesario “resolver primero la crisis”. Se habla, sí, de la importancia de la reinscripción de los partidos políticos: una asignatura pendiente, que, de ser un supuesto sin importancia, inscrito dentro del derecho a la participación política, queda planteado como una oración condicional. Una cuesta que es necesario remontar. Un “veremos”, que, sin ofrecer detalles, le prescribe, no el Consejo Nacional Electoral a todas las fuerzas políticas, sino la dirigencia del gobierno –Freddy Bernal o Héctor Rodríguez, por ejemplo—a las fuerzas adversarias de la Mesa de la Unidad.
Los factores de poder que en Venezuela están renuentes a la celebración de unas elecciones libres, y parecen maniobrar para filtrarlas, inhibirlas, retardarlas o desnaturalizarlas, deberían pensar bien en lo que quieren hacer. Venezuela tiene una historia de casi 70 años vinculada al voto presidencial como institución. Frustrar un referéndum, una figura histórica relativamente nueva para las mayorías, no es lo mismo que frustrar una elección presidencial genuina. Eso lo saben las Fuerzas Armadas. La efervescencia social está subiendo; hay un estado de opinión consolidado y no habrá manera de recomponer el tejido y la unidad nacional, si esta llegara a romperse por los efectos de la violencia, como no sea organizando unas elecciones presidenciales libres y justas, que finalmente el chavismo igual perderá.
Además, si la MUD quedara inhabilitada, si se le impidiera participar, con seguridad la población sabrá por quién votar para salvar su pellejo, tal y como lo hizo de forma abrumadora por la tarjeta de URD en 1952. Venezuela lo que quiere es salir del chavismo.
