«El gobierno de Venezuela, de forma autoritaria, volvió al ataque contra la libertad de expresión, la democracia y el derecho a la información del pueblo venezolano», dijo Almagro en un video colocado en su cuenta de Twitter.
El miércoles el presidente Nicolás Maduro ordenó la expulsión de las operadoras de cable de la filial en español del canal estadounidense, a la que tachó de «instrumento de guerra».
Pero el secretario general del organismo regional señaló que la decisión refuerza «un régimen de censura previa incompatible con los instrumentos interamericanos que prohíben la censura para informaciones de notorio interés público».
El jueves la autoridad reguladora de las telecomunicaciones anunció que está tramitando igualmente el bloqueo de la señal del canal en internet.
La expedita respuesta del gobierno venezolano se originó en un reportaje de CNN difundido la semana pasada que denunciaba una supuesta venta de pasaportes y visas en la embajada venezolana en Bagdad, que pudieron haber terminado en manos de personas ligadas al terrorismo.
Caracas negó esas afirmaciones y descalificó las fuentes del reportaje.
Almagro, un duro crítico del gobierno venezolano, también denunció la detención y posterior expulsión de dos periodistas brasileños que investigaban las ramificaciones en Venezuela del escándalo de corrupción de la empresa Odebrecht.
«La libertad de expresión tiene una función social fundamental en el sistema democrático. La censura y el hostigamiento a la prensa están volviendo la libertad de expresión en Venezuela una declaración teórica», denunció.
«Defender la libertad de los medios de comunicación y de los periodistas para expresarse es defender la democracia», dijo, antes de agregar que «éstos son los valores que tenemos que recuperar en Venezuela ya».
La semana pasada, Almagro anunció que próximamente publicará la versión actualizada de su crítico informe sobre Venezuela, en el que citará los «serios retrocesos» humanitarios y electorales tras el inicio del accidentado diálogo entre gobierno y oposición.
La primera versión del documento, que el diplomático presentó en junio pasado a los países miembro, denunciaba «una grave alteración del orden constitucional» y democrático en Venezuela, y puso al país petrolero en el centro de acalorados debates en el organismo regional.