El mismo nacimiento de Venezuela a partir de septiembre de 1777, con los mismos límites geográficos como la conocemos hoy, que si bien fueron adoptados por el Rey Carlos III, desde la perspectiva imperial para el fortalecimiento y expansión del territorio español, termina por darle a esa nueva circunscripción territorial, las bases y la estructura para la formación de un nueva república, concepto sobre el que tantos pensadores debatieron durante la época renacentista, a partir de la readaptación de los modelos griegos y romanos: un territorio con límites determinados, una población, un cuerpo de leyes y unos gobernantes encargados de responder ante el monarca soberano, representante de Dios en funciones, para cuidar de sus propiedades, del buen gobierno y de sus súbditos.
Es un hito histórico que nos puede ayudar a entender mejor el camino hacia la nueva República venezolana y las razones que influyeron en su formación.
Dos factores clave llevaron a generar esta integración de varias provincias a la Capitanía General de Venezuela; por una parte la necesidad de contar con una autoridad que controlara los lejanos territorios de la capital del Virreinato de Nueva Granada, para impedir el creciente contrabando entre las islas holandesas y las costas del norte de Suramérica; y en segundo lugar, la creencia de que con ello aumentaría el control sobre las colonias, en un momento en que ya se hablaba de la independencia de ellas, al mismo tiempo que ya una aristocracia se había formado basada en la realidad americana.
Ya años atrás se tenía noticia de cómo estas ideas venían circulando en Hispanoamérica, al punto que, en 1609 Felipe III ordenó mediante Real Cédula, perseguir los libros con ideas revolucionarias, y textualmente dice:
“Porque los Hereges Piratas, con ocasión de las presas y rescates, han tenido alguna comunicación en los Puertos de las Indias, y ésta es muy dañosa a la pureza con que nuestros vasallos creen y tienen la Santa Fe Católica, por los libros heréticos y proposiciones falsas, que esparcen y comunica a gente ignorante: Mandamos a los Gobernadores y Justicias, y rogamos y encargamos a los Arzobispos y Obispos de las Indias y Puertos de ellas que procuren recoger todos los libros, que los Hereges hubieren llegado, o llevaren a aquellas partes, y vivan con mucho cuidado de impedirlo».
El debate sobre el modelo republicano se esparce por toda Europa desde el Siglo XVI, al mismo tiempo que las ideas de la independencia crecía entre las élites americanas.
Tan solo un año después que Estados Unidos declarara su Independencia del Imperio Británico, el Rey Carlos III anexará a la exigua Capitanía General de Venezuela, toda la zona occidental, la del sur y la oriental, provincias que antes dependían del Virreinato de Nueva Granada. Por si fuera poco, tan solo unos años después, en 1789, el mundo fue testigo del derrumbe de la monarquía de Luis XVI, del surgimiento de la Revolución Francesa y de la posterior invasión de Napoleón sobre el territorio español. Todos estos acontecimientos políticos, sin duda generaron un intenso debate entre los pensadores, los políticos y los aristócratas de la época, sobre las formas de gobierno y los derechos que en nombre del pueblo algunos reclamaban para sí.
Entre los criollos de la época, al menos dos temas centrales toman la palestra a partir de este momento, ambos alrededor de la idea de la independencia; en primer lugar cuál sería la posible forma gobierno que se tomaría con el nacimiento de una nueva nación, y en segundo lugar los derechos, privilegios y formas de control que quienes la funden y conciban, puedan tener. ¿Cuál es la forma de gobierno que adoptarían quienes piensan en una nueva nación? ¿Bajo cuál legitimidad impondrán a la población un nuevo régimen legal, distinto al de la monarquía española? ¿Contaba la nueva nación con suficientes hombres de virtudes para la tarea de gobernar con rectitud y eficiencia? ¿Cuál es el concepto de lo público y lo privado? ¿Permanecerán los mismos privilegios que ciertos grupos mantenían bajo la monarquía?
¿Un nuevo orden republicano?
El Congreso Constituyente de 1811, declaró la Independencia de Venezuela, y adoptó la fórmula federal de gobierno; se establecía así un nuevo orden republicano para el territorio de Venezuela, con base en la división de los poderes, y el reconocimiento de la igualdad, la libertad, la seguridad y la propiedad de los nuevos ciudadanos venezolanos.
El tema de la propiedad se hace presente en el debate y la disposición del constituyente, es convertirla en un factor condicionante para el ejercicio del sufragio y el ejercicio de cargos públicos, lo cual puso en tela de juicio la verdadera igualdad ciudadana consagrada en la nueva constitución; pero si apelamos a los pensadores de la Revolución francesa, se podría comprender que el objetivo era contar con magistrados de probada competencia y conocimiento para el manejo responsable de los asuntos públicos, es el planteamiento de Benjamín Constant, quien aún considerando que la elección directa de los magistrados significaba la base de la república, entendía que la competencia de los magistrados era vital; sin duda una idea difícil de entender en otros estratos sociales de la nueva nación.
Para algunos historiadores como Germán Carrera Damas, no se trataba precisamente de establecer un nuevo orden republicano, y elegir a los más virtuosos, la razón de todo este proceso no fue precisamente la Independencia, dice el historiador:
“contrariamente a lo afirmado por Laureano Vallenilla Lanz, la guerra de independencia no fue una guerra civil. Tampoco fue, como lo sostuvo José Gil Fortoul, una guerra internacional. El proceso de la independencia todo, y por consiguiente la guerra misma, fue una compleja disputa y, lo que es más, una cuyo desenvolvimiento se prolongó por casi un siglo y cuya razón de ser primaria no fue propiamente la aspiración de independencia, sino la de proveer a la preservación de la estructura de poder interna de la sociedad, formada en el seno del nexo colonial. Por cierto que al decir esto último no hago sino poner a provecho del estudio documental lo aportado por los autores comentados añadiéndole, y no con menor importancia, el aporte de Caracciolo Parra Pérez” .
El nuevo ordenamiento constitucional, mantiene privilegios sociales que sin duda van en contradicción con los mismos ideales que promovieron la decisión independentista, poniendo en discusión la idea republicana de libertad. Hasta qué punto no está presente, en esta primera etapa de formación de la república venezolana, el debate planteado por Maurizio Viroli , al abordar el tema de la libertad, y los escritos de Quentin Skinner y Philip Pettit, cuando plantea que la república, es la forma de vida del hombre libre, en la que los intereses privados del poderoso no dominen a los ciudadanos.
El caso venezolano refleja el debate que ambos intelectuales plantearon sobre lo que es interferencia y dependencia, como categorías distintas que fijaban los límites y las restricciones de la libertad republicana. ¿No eran acaso dependientes aquellos que por una condición externa a su condición humana, se les cercenaba el derecho a elegir y ser elegido? Justamente este tema y el federalismo, definieron el debate político de mediados del Siglo XIX venezolano, entre liberales y conservadores.
A partir de 1810, y hasta nuestros días, Venezuela entra en un complejo proceso de conformación política y social, un accidentado ensayo y error en la aspiración social por alcanzar un sistema de libertades y justicia, enmarcado desde la época de la Independencia en el modelo republicano liberal, enfrentado a élites y caudillos empeñados en imponer su propio orden y su propia justicia.
Para cada una de sus etapas, podemos repetir la reflexión que sobre el orden y la justicia planteó Philip Pettit en su estudio sobre la Legitimidad y la Justicia en la perspectiva republicana, Pettit plantea que:
“La pregunta de la justicia, es si el orden coercitivamente impuesto, es aceptable o justificable o deseable; la pregunta de la legitimidad, es si la imposición coercitiva del orden es aceptable o justificable o deseable. Las preguntas presuponen la necesidad del estado coercitivo. La pregunta es acerca de las credenciales del orden social impuesto por el Estado, y la otra es sobre las credenciales de la forma en que se impone, si se quiere, sobre el derecho del Estado de imponerla. Los ideales son distintos, ya que es al menos lógicamente posible un orden social justo que se impondrá de manera ilegítima y para un orden injusto impuesto de manera legítima.”
Estos planteamientos, bien podrían ser la descripción del esquema jurídico o politológico, de los sucesivos regímenes que han marcado la evolución de la vida republicana en un proceso cuestionamiento permanentemente a la legitimidad de los regímenes injustos o al orden injusto de los regímenes legítimos.
La Guerra de la Independencia, poco espacio dejó para el libre debate político, pero aún así, fue escenario para el pensamiento de la ideas republicanas, en especial con ocasión del Congreso de Angostura, donde Bolívar plantea un nuevo orden republicano y al igual que Constant, toma la tesis del Senado hereditario, seguramente bajo las mismas premisas del intelectual francés, para quien la elección de un magistrado responsable, que a su vez fuera garante de un sistema de equilibrio, donde no exista la acumulación de poderes, que pudiera ir en desmedro de la libertad ciudadana, no podía depender de los avatares de una elección popular.
Constant sostiene que la responsabilidad de los magistrados, es más clara y directa si los gobernantes provienen de un orden hereditario, pues sostenía que en el caso de los gobernantes electos en los diferentes niveles del gobierno, la responsabilidad se complejiza y termina por diluirse; si bien la tesis hereditaria no fue aceptada, y aún no compartiendo la idea de que la solución al equilibrio de poderes, está en la posibilidad de heredar los cargos, es importante entender la visión de quienes construían la república, sobre la necesidad de contar con hombres de virtudes para gobernar, y que para ello debían ser bien escogidos. Se suponía que la visión era la de un nuevo orden, justo y democrático, que garantizara la libertad, la igualdad, la seguridad y la propiedad.
[1]Pettit, Philip. Legitimacy and Justice in Republican Perspective – Current Legal Problems, Vol. 65 (2012), pp. 59–82 doi:10.1093/clp/cus016 – Downloaded from http://clp.oxfordjournals.org/ by guest on January 27, 2013
Continúa la parte II la próxima semana.]]>
