El gobierno de Nicolás Maduro busca una nueva forma de atacar a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, a través de un avión incautado por las autoridades y entregado al Ministerio Público para uso de los fiscales y piloteado por dos oficiales de la Fuerza Aérea, revelaron fuentes vinculadas con el caso.
La saga del avión King Air 200 Beach Aircraft fue divulgada por el periodista Eligio Rojas @elespinito en su blog profesional y rebotada por los medios chavistas Ultimas Noticias y Aporrea, sin asignarle el crédito al reportero.
Según este lado de la historia, sustentada por documentos a los que tuvo acceso Rojas y que están escaneados en su reportaje, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Ministerio Público (MP) podrían entrar en un nuevo «impasse» ya que la aeronave había sido asignada al uso personal de Ortega Díaz.
El 23 de mayo pasado el jefe de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, el general de brigada Randy Rodríguez Espinoza, informó a la fiscal en un oficio que el Tribunal Primero Penal, extensión Valles del Tuy, había dejado sin efecto una medida de aseguramiento de bienes que recaía sobre esta aeronave propiedad de la empresa Delta Sierra 2012, por lo que debía ser devuelta.
La avioneta había sido designada al Ministerio Público el 7 de mayo de 2014 bajo la figura de «administración especial», contemplada en el artículo 57 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y fueron asignados como pilotos el capitán Luis Eliécer Salcedo Garrido, CI 14.302.910 y el mayor Luis Alfredo Maracara Rojas, CI 13.779.367, ambos efectivos de la Fuerza Aérea.
«Las pocas veces que salió la avioneta fue para transportar expertos de la Fiscalía, inclusive los que atendieron el caso de Tumeremo», dijo una fuente en alusión a la masacre de dos docenas de mineros en esa población del estado Bolívar, en unos confusos hechos que fueron inicialmente negados por las autoridades regionales y militares.
La aeronave fue oficialmente devuelta el martes 6 de junio, mediante un oficio firmado por Roberto Acosta, director general Contra la Delincuencia Organizada de la Fiscalía.
Pero, según la otra versión de esta historia, divulgada por el periodista Eligio Rojas, la Sala Constitucional del Poder Judicial se debate entre ratificar la devolución del avión a sus dueños, la Sociedad Mercantil Inversiones Delta Sierra 2012 C.A., o dejarlo en manos del Ministerio Público.
En su comunicado, el general de la Guardia Nacional Randy Rodríguez manifiesta a Ortega Díaz su «más alta estima y el más digno reconocimiento a la majestad y autonomía de su cargo».
La Fiscal está en la mira del gobierno, especialmente desde que el 31 de marzo cuando Ortega Díaz acusara al TSJ de la «ruptura del hilo constitucional» del país. Funcionarios del chavismo la acusan de traidora por oponerse a la Asamblea Nacional Constituyente ordenada por Maduro saltándose procesos constitucionales y sin consultar al pueblo mediante referendo consultivo.
Según la versión del gobierno, el Ministerio Público desacató lo ordenado por el Tribunal. Además, afirma que tras agotar las gestiones desde el Tribunal Supremo de Justicia, el general Rodríguez envío un documento el 21 de marzo de 2017, en el pregunta al despacho de la Delincuencia Organizada del MP si se opone a la devolución de la aeronave.
El 19 de mayo se le entregó formalmente al avión al abogado David Guiñan García, apoderado de Inversiones Delta Sierra 2012, C.A. Sin embargo, la directora Contra Drogas del Ministerio, Marisela de Abreu, envió un oficio en el que la Fiscalía «ejerció acto de amparo contra la decisión proferida». Asimismo, De Abreu informó que “se procedió a la imputación de los solicitantes del bien por la presunta comisión del delito de legitimación de capitales”, según la versión de Rojas.
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