Crímenes sin Castigo: hay temporada de "paz criminal" en Venezuela, ¿por qué?
Los grupos armados en Venezuela atraviesan por un proceso de reconfiguración. Algunos se han vuelto mucho más poderosos, y han logrado la imposición de cierta calma
Sucesos
En el primer semestre de 2023, se verificó en el país una disminución en ciertos delitos violentos. Aunque las cifras sobre la criminalidad son un secreto celosamente guardado por el régimen, de manera extraoficial se ha conocido que esta merma ronda en los crímenes el 20%, si se toma como punto de comparación el mismo lapso del año pasado.
¿Cómo leer esta estadística? Desde luego, ni siquiera desde el propio Ejecutivo se podría reivindicar este punto como el resultado de una política de seguridad ciudadana. Puesto que realmente no existe una política integral. No hay evaluaciones ni formulación teórica. No hay antes y después. Cero indicadores que puedan ser evaluados por propios y extraños. Solo hay decisiones que se van tomando sobre la marcha para afrontar situaciones específicas.
Si un conductor borracho atropella y mata a una corredora un domingo en la mañana, se saturará el área con agentes y se intentará cierto control a los que irán al volante durante un par de meses, y nada más.
Aún así, los homicidios y en menor medida las lesiones personales han mermado, incluso, en lugares como Sucre y Bolívar, donde parecían endémicos. Parte de la explicación ha sido aportada en los informes del Observatorio Venezolano de la Violencia.
El frenazo en la economía resta oportunidades para el delito. Hay menos circulación de personas, menos bienes y dinero produciéndose y cambiando de manos. Además, la carencia crónica de combustibles -especialmente en el interior del país- y los incesantes apagones tienen efectos recesivos que han sido resaltados, incluso, por Fedecámaras.
A esto hay que unir el recrudecimiento de la diáspora. En esas oleadas humanas que cruzan el Darién van venezolanos de todos los orígenes, y por supuesto, policías y delincuentes. Y si en Venezuela quedan menos hampones, el delito disminuirá. Simple lógica adelantada por el profesor Roberto Briceño León.
Por otra parte, las acciones letales de los cuerpos uniformados del país no han cesado. Durante la primera mitad del año se cuentan 520 casos de lo que ahora llaman “intervención legal”. En promedio, son tres muertes todos los días a manos de policías y militares. Este número sería motivo de escándalo en países con mediana institucionalidad. Aquí, en cambio, muchos respiran aliviados al ver que ahora desde el Estado matan menos.
Pero estos factores no son suficientes para explicar esa aparente calma que se percibe en territorios que hasta el año pasado eran escenarios de disputas, a menudo armadas.
Para el director del Risk Awareness Council, Alberto Ray, Venezuela avanza hacia la consolidación de una “paz criminal”.
Ray, quien también presidió la comisión de Seguridad de Fedecámaras, sostiene que Maduro está incapacitado para controlar el país, e instaurar lo que llamarían el imperio de la ley. De allí que haya cedido el manejo de vastas porciones del territorio nacional a estructuras armadas que le son afines, aunque no forman parte integral del Estado.
El 61% del país, para ser más precisos.
En este modelo de cohabitación, el gran ganador (además de Maduro) sería el Ejército de Liberación Nacional, el ELN.
Según Ray, el ELN actual dista mucho de ser la insurgencia fundada en Colombia por el cura Manuel Pérez, hace más de medio siglo. Ahora, él lo caracteriza como “uno de los más grandes carteles de la delincuencia organizada mundial”.
Un trabajo presentado en 2022 por el centro de pensamiento InSightCrime pone de manifiesto que el ELN a menudo se maneja de forma contradictoria, no solo por el poder de sus distintos frentes, lo que dificulta la imposición de una línea desde el Comando Central (Coce). Igualmente, por la necesidad de mantener un pie en la política y otro en el mundo del delito. Negociar con Petro en La Habana o en Caracas, por una parte, y por la otra supervisar la producción de cocaína en el Catatumbo.
Para Ray, sin embargo, es evidente que el ELN orienta su esfuerzo cada vez más a la captación de rentas ilícitas como fin primordial.
Esto no sería posible sin la neutralización de todos los factores que podían disputarle el control de la plaza venezolana. Entre ellos, a las principales facciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que hacían vida en el país.
“Después que se elimina Gentil Duarte (Miguel Botache Santillana) se hace una reorganización de la actividad de los grupos armados no estatales en Venezuela. Se genera una nueva alianza. Con esta desmovilización, las FARC terminan trabajando con quienes antes eran sus opuestos”, explicó, en conversación con el autor de esta columna.
Pero el ELN por ahora debe convivir con otras organizaciones, que también gozan de la aquiescencia oficial. El Tren de Aragua ha sido la más notoria. También ciertos colectivos (grupos civiles armados, del chavismo) que han sabido capear la pandemia y la emergencia humanitaria, hasta convertirse en boyantes empresas.
Todo esto hace suponer que la disminución de ciertos delitos violentos, más que un resultado es un síntoma de la situación actual, que en cualquier momento podría alterarse.
En ello incidirá el factor político. Las recientes experiencias de Colombia y Ecuador confirman que las acechanzas del delito organizado están a la vuelta de la esquina. En Colombia, a través de la plata sucia para las campañas presidenciales. En Ecuador, con el plomo a los candidatos percibidos como riesgosos por los operadores del delito organizado.
Breves
-El video en el que aparece un venezolano maniatado cuando lo arrojan aún con vida a aguas del Caribe ocasionó enorme impacto internacional. Las imágenes del grotesco momento se hicieron virales la última semana de agosto. El hombre que presumiblemente finalizó sus días en el lecho marino, atado a un ancla, fue identificado como Reinaldo Emirdo Fuentes Campos, de 68 años de edad, natural de Tunapuy, una población al sur de Río Caribe (Sucre), en plena Troncal 9. En Venezuela, Fuentes aparecía como víctima de un hurto en Carúpano (2009), ejecutado por tres hombres que a la postre fueron sobreseídos. Luego, en 2019, un tribunal de Aragua sentenció su divorcio. En este último juicio, aparece con una cédula de identidad que no era la suya. Según el conductor de un programa radial dominicano, Ramón Tolentino, para ese momento Fuentes Campo ya no estaba en Venezuela. Se había radicado en Maimón, una población a 60 kilómetros al noroeste de Santo Domingo. Desde allí, aseguró el comunicador, el venezolano lideró un grupo de traficantes de drogas, ligado al cartel del Golfo, antes conocido como Clan Úsuga.
Una fuente venezolana señaló que el sujeto ocasionalmente trabajaba con la organización zuliana de los Meleán. La información aportada por Tolentino sugiere que en Venezuela Fuentes nunca fue un operador de primer orden. Primero estuvo a la sombra de Aurelio Labrador, un sargento expulsado de la Guardia Nacional que sí llegó a dominar la plaza de Carúpano, en la primera década de este siglo. Alias Yeyo se hizo famoso por sus ferias alimentarias y entregas de electrodomésticos a la población de esa depauperada región, que repartía en camionetas último modelo. Pero al militar lo mataron en 2007 en una operación comando, con persecución incluida por las calles de la población sucrense, que terminó con un tiroteo en la habitación del hospital de la localidad, donde convalecía de las heridas que le infligieron apenas horas antes.
Según Tolentino, Fuentes Campos -apodado Talibán por su frecuente junta con elementos del Lejano Oriente- también se relacionó con el colombiano Wilber Varela (Jabón), uno de los líderes del cartel del Norte del Valle, al que ultimaron en una posada de Mérida el 31 de enero de 2008.
Es el mismo sujeto inmortalizado en la novela El cartel de los sapos. A partir de este episodio, la revista Semana, de Colombia, comenzó a poner atención en las andanzas del entonces zar de la inteligencia, Hugo Carvajal, pues aseguraban que él era encargado de proteger a estos individuos, junto a otros militares venezolanos que aún dan de qué hablar. Fuentes Campo, afirmó Tolentino, fue objeto de un asesinato con alta exposición mediática, presuntamente ordenado por los capos del Urabá colombiano, en represalia por haber simulado la pérdida de un cargamento de 200 kilos de cocaína, en complicidad con policías de Tórtola, un territorio de las Islas Vírgenes Británicas. Hasta el momento, su cadáver no ha sido recuperado.
Presiones a PNUD
-El Gobierno gestiona ante el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) el financiamiento para un programa nacional de desarme, a desarrollarse entre julio de este año y diciembre de 2026. Según el borrador del proyecto, firmado por la directora general de Tecnología e Información del ministerio de Relaciones Interiores, Irsel Pérez Vivas, el propósito es fomentar “la entrega voluntaria y la recuperación de armas de fuego y municiones, así como la destrucción y reasignación de las mismas”.
A tal efecto, el régimen solicitó a la dependencia de la ONU el financiamiento de una parte del costo del programa, que asciende a 20,2 millones de dólares. Hasta ahora, no está claro qué porcentajes pondrán el órgano multinacional y el Ejecutivo. Esto implica que se intentará dar nuevo auge a una iniciativa ejecutada en 2014 por el entonces titular del MRI, Miguel Rodríguez Torres. En esta oportunidad, también participarán las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (Redis). Igualmente, se planea contratar a consultores para que impartan cursos de formación sobre la materia del control a las armas de fuego y sus municiones, y adquirir nuevas tecnologías.
Este plan no hace mención a un objetivo que quedó pendiente desde los tiempos de la extinta Comisión Nacional para el Desarme, como es la investigación sobre los circuitos ilegales de armas. La casuística sugiere que en ellos intervienen autoridades policiales y militares, encargadas de custodiarlas, una vez que han sido incautadas.
