Ley contra el odio pondría en riesgo "el derecho a defender los derechos"

Es una ley que coloca en un estado de vulnerabilidad al ciudadano ya que se deja a la libre interpretación de las autoridades, quiénes son los que promueven el odio y la violencia.

Activistas de derechos humanos consideran que los medios de comunicación serían los más afectados y con ellos, la libertad de expresión.

La aprobación del instrumento legal no ha generado las reacciones que se esperaban, por lo menos las políticas ante una ley que prevé la modificación de estatutos de las organizaciones políticas.

Quienes sí se han pronunciado enérgicamente para rechazarla, son las organizaciones de derechos humanos. El Foro por la Vida junto a otras organizaciones no gubernamentales emitieron un comunicado en el que señalan que dicha ley  «pretende penalizar la libre expresión mediante una regulación vaga, arbitraria, viciada de rigurosidad que incumple con los estándares mínimos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y técnica jurídica».

El activista de derechos humanos, Marino Alvarado, se apega a esta línea del Foro por la Vida y sostiene que la Ley contra el Odio, por la Convivencia pacífica y la Tolerancia, «pone en riesgo el ejercicio de varios derechos entre ellos, el de la libertad de expresión. Quien desee criticar al gobierno no debería correr ningún riesgo, sin embargo, esta Ley genera la posibilidad de que la persona pueda ser privada de su libertad si se considera que esa crítica promueve el odio».

Por su parte, el abogado Gonzalo Himiob del Foro Penal, señala que «no es una ley, es una cosa que la ANC llama ley constitucional que no aparece como figura normativa en ninguna parte de nuestro marco jurídico. Además, solo la Asamblea Nacional tiene la potestad de elaborar leyes».

Alvarado apunta a que la ley contiene varios conceptos genéricos sobre lo que es odio, atentar contra la paz o promover la violencia, que deja estos términos a la interpretación de jueces y fiscales.

Para Himiob, «es muy peligrosa» porque tiene un evidente contenido penal con castigos muy altos atribuibles al delito de instigación al odio, algo, a su juicio, innecesario porque ya está previsto en las leyes venezolanas. Pero además, Himiob estima que toda forma de delito siempre será «agravada» puesto que está escrita de una forma «muy difusa y poco clara y eso siempre abre la puerta al torrente inagotable de las opiniones y subjetividad».

«Aquí también está en riesgo el derecho a defender nuestros derechos. Convocar a una protesta, a una huelga puede ser considerado como un llamado a la violencia por estos intérpretes», asegura Alvarado, quien agrega que «es una ley perversa y la debemos cuestionar. En lo más profundo de esa ley se busca callar las voces críticas al gobierno, más allá de callar a la oposición. Toda persona que viva en Venezuela tiene el legítimo derecho a criticar al Ejecutivo».

«¿Cuándo hay odio? Eso no está claro como no está claro la línea entre lo permitido y lo prohibido y eso se hace de manera deliberada para aumentar la posibilidad de castigo, lo cual será peligroso no solo para la gente sino, especialmente para los medios de comunicación que van a estar permanentemente sujetos a una linea difusa entre lo permitido y lo que no», puntualiza Himiob.

Ambos activistas no consideran esta ley como un «quiebre» para la situación de derechos humanos denunciada en el país. Alvarado cree que es la profundización de «una política de arbitrariedad y la reafirmación de que estamos en dictadura y la dictadura necesita reforzar un marco jurídico represivo que le permita actuar con impunidad persiguiendo a quienes reclaman sus derechos».

Himiob por su lado, la ve como un «eslabón más de una larguísima cadena de cerco legislativo a la libertad en general».

A pesar de estas consideraciones, en las que entra la posibilidad de restringir no solo a los partidos políticos sino también a estas organizaciones, aseguran que seguirán haciendo su trabajo y apoyando a las víctimas en sus reclamos y defensa de sus derechos.

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