“Ayúdame, por favor, Estados Unidos, ¿cuánto tiempo debo sufrir injustamente en este lugar? Quieren matarme y pintar las paredes con mi sangre. Soy un prisionero político y no me dejarán en libertad. No me darán una verdadera prueba. El sebin me ha dicho que mientras mi gobierno continúe atacando a este gobierno y mientras Marco Rubio continúe hablando de mí, más tiempo me dejarán ir. La gente aquí está muriendo, necesitamos ayuda, por favor envíeme ayuda, por favor envíe personas para que me salven. Por favor, mis compatriotas estadounidenses no me permiten seguir sufriendo en Venezuela. No soy un peón político, soy un ser humano, soy un hijo de Dios y solo quiero vivir feliz con mi esposa y mis hijos. NUNCA he hecho nada malo en mi vida. ¡¡Por favor, ayúdame!!”,
Ese fue el mensaje de Joshua Holt que ofreció este 16 de mayo durante el reclamo que hicieron los presos políticos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Sebin, en El Helicoide, para denunciar que están siendo torturados en ese centro de reclusión.
Holt de 25 años viajó a Venezuela en junio de 2016 para casarse con una mujer a la que había conocido practicando su español. La pareja fue arrestada durante una redada policial en un complejo habitacional donde vivían en el oeste de Caracas.
Las autoridades venezolanas alegaron que Holt estaba acumulando “armas de guerra”.
Luego de que se registrara este 16 de mayo una revuelta de varios presos políticos en la sede de la Policía Política en El Helicoide, la Embajada de Estados Unidos en Caracas emitió un mensaje en Twitter para manifestar su preocupación por la integridad de Joshua Holt y de otros ciudadanos que «están en peligro».
La detención de Holt abrió otra grieta en la ya fracturada relación entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos, que vienen enfriándose desde 2010, cuando ambos países retiraron embajadores.
Luego de haber sido arrestado, la hoy fiscal en el exilio, Luisa Ortega Díaz, pidió en julio de 2017 la excarcelación de Holt y su esposa, Thamara Caleño, debido al retardo procesal que hasta el momento perjudicaba al hombre
Casi dos meses después de su detención, la madre del mormón detenido, Laurie Holt, pudo leer el primer mensaje del ciudadano estadounidense a través de una misiva en las que él describía que «desde que llegué a este horrible lugar, en donde los demonios recorren los pasillos… mi vida ha estado en una destrucción total», haciendo referencia a su sitio de reclusión en El Helicoide.
Para diciembre de ese mismo año, La Cancillería venezolana emitió un comunicado en el que negó que el ciudadano estadounidense tenga su salud deteriorada, por lo que se negó a otorgar una medida humanitaria que lo excarcelaría, esto debido a que se difundió un audio en el que afirmaba sentirse «muy mal».
Se conoció que un mes antes, es decir, en noviembre de 2017, el magnate petrolero y presidente de Canal I, Wilmer Ruperti, se ofreció a pagar los gastos de la defensa de Holt. Este ofrecimiento lo había hecho meses antes con los ciudadanos Efraín Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos de la primera dama, Cilia Flores.
A su llegada al país a finales de 2017, el encargado de negocios de Estados Unidos, Todd Robinson, sostuvo una reunión con el canciller Jorge Arreaza, a quien pidió la liberación “por razones humanitarias” del ciudadano estadounidense detenido desde de 2016 en el país caribeño, Josh Holt.
A principios de 2018, Estados Unidos solicitó a las autoridades venezolanas asegurar la transparencia en el caso.
En marzo, la agencia EFE reseñó que el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, habría viajado a Washington para conversar con varios congresistas la posible liberación de Holt. Según fuentes consultadas por la mencionada agenda, el presidente de Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el republicano Bob Corker, es una de las personas con la que Lacava conversó.
Para abril, el senador estadounidense, Dick Durbin, viajó a Venezuela en momentos en que aumenta la presión sobre el presidente Nicolás Maduro para que liberara a Holt, además de aprovechar el traslado «para entender mejor las condiciones que enfrentan los venezolanos y para instar al presidente Maduro a que se adhiera a las normas democráticas básicas, en particular con respecto a las dudosas elecciones programadas para mayo».
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