La organización no gubernamental Fundaredes, dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos con especial énfasis en la frontera colombo-venezolana, denuncia que los secuestros y desapariciones en la frontera es “un drama que crece”.
La Asociación Civil Venezuela Libre de Secuestros registró 683 venezolanos desaparecidos los primeros cinco meses del 2018 en los estados fronterizos Táchira, Apure, Zulia, Barinas, Bolívar, y Amazonas.
De acuerdo con los seguimientos a las denuncias de desapariciones de personas y secuestros registrados en los estados Táchira, Apure y Zulia; a partir de las investigaciones Fundaredes constató que los municipios fronterizos con mayor índice de víctimas en la actualidad son: Pedro María Ureña, Bolívar y Rafael Urdaneta, en Táchira; Páez, Rómulo Gallegos y Pedro Camejo, en Apure; Jesús María Semprún, Jesús Enrique Lossada, Sucre y Catatumbo, en Zulia.
Tras 14 años consecutivos sin conocerse estadística oficial sobre criminalidad y violencia en Venezuela, las instituciones y observatorios especializados intentan llenar el vacío de información del sector oficial, sin embargo, advierten la existencia de una “alta cifra negra” debido a que familiares de las víctimas no siempre denuncian ante los organismos de seguridad.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, la Encuesta de Victimización de 2009 arrojó 16.917 secuestrados, lo que representa una tasa de 95 plagios por cada 100.000 habitantes. Tras dichos resultados de 2009 no se volvió a realizar la encuesta.
Según el cuarto boletín de Fundaredes, los secuestros disminuyeron en la frontera colombo-venezolana entre 2015 y 2016, “pero ha regresado con fuerza a esta zona de la mano de grupos guerrilleros, organizaciones paramilitares y bandas criminales”.
Este incremento se debe, en parte, a que desde el primer semestre de 2017 recrudecieron los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación más conocido como “Los Pelusos”, un pequeño reducto de la desmovilizada guerrilla maoísta Ejército Popular de Liberación y que para el primer cuatrimestre de 2018 mantenía una encarnizada pugna por el territorio y el control de las actividades ilegales de contrabando, extorsión y tráfico de estupefacientes.
Fundaredes destaca el caso de tres jóvenes plagiados en dos hechos aislados el 4 de marzo de 2018 en San Antonio del Táchira; uno de ellos fue abordado por hombres en moto que le pidieron sus documentos, lo esposaron y se lo llevaron; más tarde en la misma localidad seis hombres que se trasladaban en una camioneta secuestraron a dos jóvenes de los que la organización denuncia no se tiene noticias.
Ante este hecho, la gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez señaló que “para nadie es un secreto que en la frontera han reaparecido delitos como la extorsión y el secuestro, sumándole las desapariciones”.
El informe señala que un elemento que agrava la situación de vulnerabilidad para los habitantes de las localidades fronterizas y que “desde hace varios años se ha denunciado públicamente es la ‘tercerización del crimen’ a manos de bandas criminales del hampa común que capturan víctimas para luego ‘venderlas’ a células de la guerrilla que las mantienen cautivas hasta lograr el pago de rescate o canje por algún compañero detenido”.
Venezuela es el país con los índices de secuestro más altos de América Latina. México lidera la lista con las cifras más altas, sin embargo, al comparar el número de habitantes de ambos países, Venezuela despunta el ranking.
Fundaredes recibe entre 3 y 4 denuncias de desapariciones semanal en los municipios fronterizos. Según declaraciones de autoridades colombianas y reseñas de diarios regionales, la preocupación se intensifica para los habitantes fronterizos, debido a que muchas veces los desaparecidos son hallados posteriormente en fosas comunes del lado colombiano de la frontera o abaleados en las trochas fronterizas.
En enero de 2018, la ONG solicitó a la directiva de la Asamblea Nacional que se atendiera la situación que se vive en la frontera venezolana. Como respuesta a esta solicitud, los directores de Fundaredes tuvieron un derecho de palabra en la sesión ordinaria del 21 de febrero donde Javier Tazona, director general de la organización mostró evidencias y pruebas de la actuación de los grupos irregulares colombianos en Venezuela.
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