Seis individuos fueron detenidos en el estado Táchira y otros cuatro están siendo solicitados, tras estar incursos en casos de explotación de menores con fines sexuales, según informaron autoridades de la entidad este 25 de junio.
La gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez, informó que el acto delictivo fue descubierto luego de las investigaciones adelantadas por organismos pertenecientes al gobierno regional (Instituto Tachirense de la Mujer (Intamujer), a la Fundación de la Familia Tachirense y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana), en los que se encuentran involucrados funcionarios de organismos policiales.
Explicó que la red de prostitución y trata de personas estaba siendo investigada desde semanas atrás, luego de constatarse la movilidad irregular de adolescentes que vienen del interior del país y pasan la frontera colombo- venezolana de manera irregular.
“Gracias a los procedimientos efectuados se ha logrado frustrar la salida ilegal de las jóvenes que solo viajan (en algunos casos) con sus pasaportes, ignorando el uso del permiso de viaje otorgado por sus padres y representantes”, precisó la gobernadora tachirense.
En las últimas semanas se han abierto diez procedimientos referentes a casos de explotación sexual, en donde seis de ellos fueron registrados en San Cristóbal; tres en el municipio Pedro María Ureña y uno en San Antonio del Táchira.
A través de trabajo en conjunto desplegado por las instituciones del gobierno regional y cuerpos de seguridad del Estado, se ha logrado frustrar el paso de niñas y adolescentes en edades comprendidas entre los 12 y 15 años de edad por los puentes internacionales: Unión, Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander hasta la ciudad colombiana de Cúcuta, Colombia y desde allí a un tercer país.
Gómez no descartó que se estén empleando los caminos verdes o pasos ilegales para trasladar a territorio colombiano a las víctimas de las redes de prostitución infantil, razón por la que hizo un llamado, tanto a las autoridades colombianas como a los alcaldes venezolanos en los municipios fronterizos, a reforzar la seguridad migratoria en la zona.
La mandataria regional señaló que estta red utiliza varios escenarios para captar a las posibles víctimas, entre ellos las escuelas, los sitios nocturnos y los hoteles clandestinos.
Precisó que las niñas y adolescentes son seducidas con ofertas engañosas de remuneración en divisas extranjeras. “Si el trabajo es prominente les pagan en pesos, pero si es eximido, en dólares”, dijo.
“Todo esto ha sido resultado de la crítica situación social que atraviesa el país, por lo que las condiciones fronterizas del estado Táchira plantean el escenario perfecto para delitos relacionados con explotación sexual, pornografía, contrabando, entre otros”, denunció la gobernadora.
La mayoría de los casos que se han logrado impedir, ha sido gracias a la información aportada por las madres de las menores de edad que se comunicaron con instituciones del gobierno regional para informar que sus hijas fueron engañadas con ofertas de empleo en Colombia.
Gómez subrayó que, tras el descubrimiento y accionar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, las jóvenes fueron sometidas a procedimientos administrativos y sus padres debieron viajar desde diferentes estados del país al Táchira a buscarlas.
Con un trabajo en conjunto entre Intamujer, Fundafamilia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, organismos dependientes del gobierno regional, servirán como receptores de denuncia para establecer un canal directo con la Fiscalía del Ministerio Público y los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes a fin de agilizar las denuncias.
Las víctimas de la red de prostitución no solo son tachirenses, sino jóvenes captadas en diferentes estados de Venezuela, lo que amplía la cantidad de individuos involucrados que usan este territorio como ruta para materializar el crimen.
Reiteró su intención de establecer comunicación institucional con autoridades del Norte de Santander, en Colombia, para iniciar una investigación amplia que dé con los cabecillas de las bandas organizadas que se dedican a la comercialización de personas, en este caso, adolescentes.
Tanto docentes, como padres, representantes e incluso quienes tengan información al respecto, están en el deber denunciar la asociación para delinquir en caso de abuso sexual de modo que los funcionarios regionales actúen de manera efectiva, puntualizó la autoridad regional.
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