Los 703 privados de libertad tienen nombre y dolientes, una de ellas es Marquis Soler, madre de Andrés Paredes, un oficial de la Guardia Nacional (GN) detenido en Macarao el pasado 21 de enero y a quien relacionan con los hechos ocurridos en la comandancia de Cotiza.
Procedente de Mérida, Andrés tenía apenas un año viviendo en Caracas y de ser egresado como GN. Su madre llegó a Caracas hace unos días al enterarse de su detención. La última vez que lo vio fue el 31 de diciembre de 2018 y de comunicarse con él, fue el pasado 27 enero en la noche.
El último mensaje que recibió Soler de su hijo fue pidiéndole que le llevara ropa, ya que sería trasladado a la cárcel militar Ramo Verde. La única petición que tiene la madre del GN es que le concedan la visita para verlo, pero la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) se lo ha negado.
Esa es la misma petición de Anis Rodolfo Amat, un profesor de música del Sistema de Orquestas. Su hijo, Randy Antonio Amat, de 23 años de edad, fue detenido el 23 de enero en Las Mercedes, pero según el acta indica que fue en Chacao. El joven trabajaba en una panadería en Catia, para estar cerca de su padre, ya que recientemente fue amputado de un pie debido al diabetes que padece.
Amat pudo hablar apenas unos segundos con su hijo el domingo 27. Los abogados le informaron que Randy fue golpeado y tiene moretones en la espalda. “Estoy desesperado. Soy padre. No es fácil, no se puede tratar a un ser humano como si fuera un perol”, lamentó.
El hijo y el sobrino de Isolina Méndez, de 20 y 30 años respectivamente, fueron detenidos el 21 de enero cuando llegaban a su casa en Cotiza. Iban llegando a su casa en horas de la tarde cuando un grupo de uniformados en moto pasaron cerca de ellos. No pudieron entrar a la casa y los militares se los llevaron.
Desde el 21 de enero, Isolina no ha podido hablar con su hijo. Ambos fueron presentados el pasado jueves y les designaron cuatro fiadores para cada uno, dichos fiadores deben percibir 1000 Unidades Tributarias. Aunque no ha podido verlo ni hablar con él, le han permitido pasarle comida. “Estamos en esta zozobra” , dijo con la voz quebrada.
“Estoy desesperada pero soy creyente en Dios. Yo estoy segura que de esto vamos a salir. Es una mala experiencia, muy dolorosa”, agregó.
Dalia Quintero asistió con su hijo, Leonardo Guillermo José Quintero, a la convocatoria impulsada por el Parlamento el 23 de enero. Un descuido de ella generó que se separaran. Leonardo no llegó nunca a su casa. Al día siguiente recibió un mensaje que le indicaba que su hijo estaba en un comando de la guardia en La Rinconada. El viernes fue presentado e imputado. Quedo privado de libertad.
«Nos sentimos como huérfanos de hijos. Pedimos que los organismos nacionales e internacionales no desamparen a nuestros hijos. Ayúdennos», exclamó.
Leonardo tiene 20 años. Estudia y trabaja. Dalia siente angustia y desesperación. Han sido días duros. Muchos le dijeron que fuera a hospitales y a la morgue cuando su hijo no aparecería. «Sentí alegría porque estaba vivo», dice cuando recuerda que visitó varios hospitales.
Dalia vio que su hijo tenía la espalda y las manos golpeadas, ella pudo verlo cuando lo trasladaban para la reseña y pudo darle un abrazo antes de que lo llevaran a los Tribunales.
A pesar de lo vivido, Dalia pide unidad y salir a las calles. «Esto es muy crítico. Muchos jóvenes con sus esperanzas truncadas. No apaguen está llama que se encendió», pide mientras repite que su hijo es su gran ejemplo.
La nieta de Antonio Maita es prima de un sargento de la Guardia. El «sargento Solano», como lo identifica el señor Maita. La joven fue detenida el 21 de enero a las 8:00pm por efectivos de la Dgcim quienes indicaron que «hasta que no apareciera el sargento, no la van a soltar».
Solano estaría siendo implicado en la sublevación de 27 oficiales en la Comandancia de Cotiza el pasado lunes.
El señor Maita relató que a la madre del sargento, una señora de 63 años y a la suegra también las detuvieron en Macarao. Los vecinos le dijeron que las sacaron esposadas y «con trapos en la boca». Hasta la fecha, no ha sabido de su nieta.
A las 10:00pm del 22 de enero recibió una llamada, que le indicaba que fuera a buscar a su nieta pero cuando llegó a la sede de la Dgcim, los funcionarios le dijeron que a esa hora «no liberaban a nadie». Al día siguiente fue y no lo atendieron, el 24 le dijeron que su nieta estaba detenida «por averiguación». Le permitieron dejarle una muda de ropa y cuando acudió este domingo, se la negaron.
Perseguidos y asesinados
En este «nuevo patrón de represión», como lo llaman activistas de derechos humanos, Provea ha confirmado 35 personas asesinadas desde el 22 de enero en 10 estados del país. La lista la lidera Distrito Capital con 10, le sigue Bolívar con ocho.
De esas 35 muertes, ocho han sido por ajusticiamientos.
Provea y otras ONG’s señalan que se ha implementado un «operativo de seguridad para detectar y localizar a manifestantes» sobre todo, de zonas populares.
Las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), grupos sociales armados y algunos particulares, han sido los responsables de estas muertes. A los familiares se les ha obligado a aceptar que se falsifiquen las actas de defunción.
En cuanto a las detenciones, Alfredo Romero, vocero de Foro Penal, sostiene que existe un «patrón agravado sistemático» y acusan a Nicolás Maduro de ello al haber pedido «pena máxima» para los manifestantes.
Gonzalo Himiob, de la misma ONG, asegura que la orden -desde el 23 de enero- a tribunales y fiscales sería la de privar de libertad a los detenidos porque los cargos imputados son los mismos, solo se basan en actas policiales. Obstrucción de la vía pública, instigación y agavillamiento y terrorismo, en algunos casos, son los cargos de que se le han acusado a los manifestantes. Incluso a los menores.
Entre las irregularidades destaca el ocultamiento de la lista de presentados en Tribunales para que los abogados no puedan prestar asistencia jurídica y los detenidos sean atendidos por defensores públicos.
El activista Marino Alvarado pide aún así, salir a ejercer los derechos de forma pacífica.
«Los Derechos se exigen. Pacíficamente pero hay que salir. Estamos en una coyuntura en la que, más que nunca, tenemos que defender nuestros derechos. Tenemos que hacer valer nuestros derechos. Como ciudadanos no tenemos otra alternativa. Por más que nos repriman. O nos dejamos someter por una dictadura que no quiere que ejerzamos nuestros derechos o salimos a la calle a la protesta pacífica», sentenció Alvarado.]]>
