Se estima que organizar un proceso de primarias podría llevar hasta 8 meses lo que obligaría a pautarlas para el primer trimestre de 2023. Mientras corre el tiempo, el oficialismo engrasa mecanismos para mantener a los opositores divididos y fuera del juego. El tiempo corre mientras la Plataforma Unitaria busca alternativas para despejar los callejones tapiados que complican el camino hacia la nueva Venezuela.
Aunque no fueron acciones muy promovidas públicamente desde lo interno de los partidos de oposición, desde enero de este año hay un viraje en las políticas de las principales organizaciones que agrupan a la disidencia en Venezuela. Así comenzó el movimiento para buscar la forma de participar en las elecciones presidenciales de 2024.
Luego de varios años promoviendo la abstención en los principales eventos electorales convocados por el gobierno de Nicolás Maduro, a partir de los comicios regionales de noviembre de 2021 se generó un viraje favorable a la participación electoral; a pesar de que las condiciones de transparencia siguen siendo casi las mismas, con el Consejo Nacional Electoral (CNE) controlado por el chavismo.
Los partidos políticos protagonizaron debates internos que llevaron a ese cambio y a la reestructuración con elecciones internas con la mayoría de sus autoridades en el exilio, presos o inhabilitados.
A partir de allí se definió la necesidad de convocar a elecciones primarias para elegir un candidato que logre el consenso de la mayoría de la oposición y permita reconstruir el dividido movimiento que llegó a poner en jaque al chavismo y sacar ventaja de ese 75% del país que aspira a que se produzca un cambio político profundo en el país.
Este proceso de elecciones primarias tiene aún varios escollos que superar, pero todo indica que se han producido avances para lograr un consenso en los puntos más polémicos. Sin embargo los enemigos de esa posibilidad, tanto del gobierno como de algunos factores que se identifican como opositores, no cesan de poner trabas para evitar que la oposición vaya unida al proceso electoral previsto para 2024.
Entre los avances está la participación de otras organizaciones, outsiders o partidos políticos que no forman parte de la Plataforma Unitaria. Además hay un acuerdo para que el proceso sea coordinado por una comisión especial conformada por personalidades independientes, nombrada por consenso de los participantes. La Plataforma Unitaria tiene reuniones semanales. Hasta ahora 10 partidos se han adherido y es factible que se agreguen otras organizaciones .
Tras el anuncio del partido Voluntad Popular de ratificar a Juan Guaidó como candidato a las primarias opositoras, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello le mandó un torpedo al proceso que intenta buscar una salida electoral, pacífica y constitucional a la larga crisis política y económica venezolana.
“Están desatados con las primarias, un gentío que tiene cuentas con la justicia no pueden ser candidatos a nada (…) ¿Candidato? ¿A qué?, si tienes más cuentas con la justicia, estás rayado con la justicia, jamás podrán ser candidatos a más nada en Venezuela, están inhabilitados moralmente para ser postulados, pero quieren hacer fiesta”.
Diosdado Cabello
Cabello aseguró que la oposición no hará primarias y que “solo estafarán a sus seguidores”.
Estos reiterados mensajes del jefe del PSUV muestran las intenciones oficialistas y las barreras a superar en el camino de la unidad y la participación democrática, quizás el escenario es parecido a lo que ocurrió en Nicaragua donde los más importantes aspirantes terminaron tras las rejas.
Como señala @PolitikaUCAB del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello en su análisis sobre las primarias: “el gobierno seguirá jugando con sus cartas. Y dos de las cartas que tratará de jugar en el corto plazo tienen que ver con continuar con su estrategia de fraccionamiento de la oposición y generar desesperanza para aumentar la abstención”.
Uno de los puntos más polémicos ha sido el de la participación del CNE como organizador del evento electoral. Varios de los dirigentes políticos que aspiran a participar en las primarias ponen como condición que el proceso no esté en manos del organismo oficial sino de un equipo independiente. Otros adicionalmente exigen que el voto sea manual. Hay un gran sector que cuestiona la imparcialidad del CNE y sostiene que desde el mismo organismo se generan acciones para entorpecer la elección con pocos centros electorales, ubicaciones de difícil acceso, migraciones y la imposibilidad de las participación de votantes desde el exterior.
Un aspecto que alerta @PolitikaUCAB es que la participación del CNE propiciaría la abstención de algunos sectores, pues “impediría e inhibiría la participación de un porcentaje importante de electores, entre ellos: aquellos que trabajan en entes gubernamentales, tienen algún tipo de relación de dependencia con el gobierno, están en el exterior, o simplemente tienen miedo”.
Desde que comenzó el gobierno de Hugo Chávez, desde la Contraloría General de la República, comenzaron a producirse las inhabilitaciones de dirigentes políticos, especialmente de las filas opositoras, una cifra que podría llegar a 900 inhabilitados.
Varios de los que encabezan la lista de aspirantes a convertirse en el abanderado de la oposición, han tenido o tienen sobre sus espaldas medidas de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Un mecanismo que ha ido acompañado de acusaciones en tribunales, con detenciones, procesos judiciales y exilio en consecuencias.
A partir de 2008 las inhabilitaciones se fueron aplicando a altos dirigentes opositores con posibilidades de ganar elecciones.
Uno de los casos más emblemáticos fue la inhabilitación del dirigente de Voluntad Popular (VP) Leopoldo López para ejercer cargos públicos, quien para ese momento aún ejercía como alcalde de Chacao y aspiraba a la Alcaldía Metropolitana. Esa inhabilitación le impidió postularse como precandidato presidencial para las elecciones de 2012, en la que la oposición optó por Henrique Capriles.
López sigue en el exilio en España luego de fugarse tras ser detenido en febrero de 2014 y acusado por la comisión de nueve delitos (desde intimidación pública hasta homicidio intencional calificado por fallecidos en las manifestaciones de 2014 en el centro de Caracas).
Es uno de los principales aspirantes a la candidatura por Primero Justicia. Aunque había señalado que era prematuro hablar de candidaturas ha promovido que las primarias no sean excluyentes y allí puedan participar todos los sectores opositores. En abril de 2017 Capriles recibió la inhabilitación de la Contraloría General “para el ejercicio de funciones públicas por un período de quince años”. La medida se toma por supuestas “irregularidades administrativas ocurridas durante los ejercicios fiscales 2011, 2012 y primer trimestre de 2013, en el desempeño de sus funciones como gobernador del estado Miranda”.
Primero Justicia tomará la decisión del candidato luego que se efectúa el Comité Político Nacional cuya fecha está por definirse. Internamente hay distintas visiones sobre candidatos y mecanismos para las primarias, pero aseguran que la decisión se tomará de manera institucional. Además de Capriles, suenan los nombres de Juan Pablo Guanipa y de Carlos Ocariz.
Aunque no se ha hecho un anuncio oficial, todo indica que Juan Guaidó será el candidato a las primarias opositoras. El pasado 20 de agosto el coordinador político del partido Voluntad Popular, Freddy Superlano, propuso que Guaidó sea el abanderado en las primarias de la oposición para escoger al candidato que se medirá en los comicios presidenciales de 2024. El anuncio lo hizo en el primer Encuentro de Activistas de Voluntad Popular, realizado en el estado Carabobo. Sin embargo en la cuenta oficial de Twitter @VoluntadPopular señaló que el anuncio se hará en su momento.
Sobre Guaidó pesa una inhabilitación desde febrero de 2021 por 15 años, que recibió junto a 27 parlamentarios de la Asamblea Nacional electa en 2015, por negarse a cumplir la Declaración Jurada de Patrimonio, según el anuncio que hiciera el contralor Elvis Amoroso. Guaidó ha recibido amenazas de ser procesado por diferentes delitos desde distintas instancias como Fiscalía, Contraloría y hasta del propio Nicolás Maduro desde 2019.
Según Voluntad Popular las primarias deberán producirse en el primer trimestre de 2023, incluso, con la participación de todos los venezolanos que estén fuera del país y ha llamado a prepararse para las presidenciales. También continúa promoviendo la exigencia de elecciones libres bajo las condiciones planteadas en el informe de la Unión Europea de 2021.
La dirigente de Vente Venezuela, María Corina Machado fue inhabilitada por 12 meses para el ejercicio de cargos públicos en julio de 2015. Ha sido imputada por la Fiscalía por cargos de conspiración. Luego de haber promovido la abstención durante varios procesos anteriores, ha manifestado sus aspiraciones a medirse en una primarias, pero únicamente participaría si el proceso no es supervisado por el CNE, el voto sea manual y participen los venezolanos que estén en el exterior.
Otro posible precandidato, el actual gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, de Un Nuevo Tiempo (UNT), recibió una medida de inhabilitación en 2014. En octubre de 2017 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) suspendió la inhabilitación para ejercer cargos públicos al admitir un recurso de nulidad contra la decisión que la Contraloría le impuso “hasta tanto se dicte la decisión de fondo que resuelva el mérito de la presente controversia”.
Rosales fue señalado por presunto enriquecimiento ilícito durante su gestión como gobernador del Zulia (2000-2008), por lo que se exilió. A su regreso en octubre de 2015 fue detenido y liberado en 2016, en 2017 perdió la elección a la gobernación del Zulia frente al oficialista Omar Prieto, pero en las elecciones de noviembre de 2021 resultó nuevamente electo gobernador de la entidad.
Aunque no lo ha ratificado oficialmente, Rosales sería el precandidato en las primarias por UNT. Actualmente despliega una intensa actividad de calle en el estado Zulia para apuntalar esa opción.
El dirigente de Primero Justicia Juan Pablo Guanipa suena como uno de los posibles precandidatos de Primero Justicia, pero al igual que Capriles tiene una medida de inhabilitación. Formó parte de la lista de parlamentarios de la Asamblea Nacional de 2015 inhabilitados en 2021 por 15 años entre los que se encontraba Guaidó, Julio Borges, Freddy Guevara, Julio Montoya, Luis Florido, José Manuel Olivares, Américo de Grazia, entre otros.
El político zuliano, ex gobernador electo en 2017 y destituido por no juramentarse ante la Asamblea Constituyente ha desplegado un intensa actividad de precampaña en los dos últimos meses. El pasado 10 mayo en Barquisimeto, estado Lara, Guanipa dijo que no está pensando en precandidaturas, pero aseguró que el candidato presidencial que se medirá frente al partido de gobierno será de Primero Justicia. Hay sectores del partido que están apoyando su aspiración a las primarias.
El ex alcalde Metropolitano Antonio Ledezma, quien se encuentra asilado en España, ha manifestado su respaldo a las primarias y reconoció sus aspiraciones de ser presidente de Venezuela. “No voy a mentir quiero ser presidente” dijo al ratificar que se ha venido formando para serlo aunque reconoció que no depende de lo que él desee sino de las posibilidades reales. Destacó que las dos únicas formas en las que pueda concretarse su candidatura pasan por dos situaciones: que se produzca la salida de Maduro, o que exista un entendimiento entre él y el gobernante del chavismo, pero reconoció que eso no ocurrirá.
El 19 de febrero de 2015 Ledezma fue detenido por el SEBIN. Esa noche el presidente Maduro reveló que por orden de la Fiscalía General fue acusado de ser partícipe en la “Operación Jericó” que pretendía derrocar al gobierno venezolano, uno, de la larga lista de intentos de golpe que ha denunciado Maduro. El 17 de noviembre de 2017, habiendo pasado 1002 días preso, Ledezma huyó de la prisión domiciliaria y tras una compleja travesía por tierra llegó a Cúcuta, en Colombia, para luego asilarse en España.
Mientras buscan acuerdos los diversos aspirantes, siguen expresando sus diferencias, recorren el país y plantean sus observaciones sobre las primarias. Se observa la ausencia de una plataforma mínima programática como lo exigen académicos y analistas. Las maquinarias políticas, necesarias para enfrentar al aparato del Estado oficialista, privarán sobre figuras independientes u outsiders que algunos sectores están promoviendo.
Todos los partidos políticos están respaldando a sus líderes históricos como precandidatos a las primarias. En “Acción Democrática en resistencia” se están promocionando Henry Ramos Allup, Carlos Prosperi y Williams Dávila. Delsa Solórzano de Encuentro Ciudadano ha puesto como condición que las primarias se hagan sin el CNE. La Causa R ya está en campaña con Andrés Velásquez como aspirante y Henri Falcón se medirá dentro de la Unidad con su nuevo partido Futuro. Mientras tanto la lista sigue creciendo cada día con movimientos políticos como Fuerza Vecinal, con Gustavo Duque, Alianza Lápiz con Antonio Ecarri Angola.
Fuera de la Plataforma Unitaria hay otras organizaciones que aspiran a participar en las presidenciales: “AD del TSJ” está promoviendo la candidatura de Bernabé Gutiérrez, hay aspirantes de la Alianza Democrática y Claudio Fermín de Soluciones seguramente volverá a ser candidato.
A este grupo se comienzan a sumar algunos espontáneos y outsiders que cuentan con seguidores en el país que comienzan promocionarse en redes sociales y visitar regiones.
Este sector podría generar una división en las elecciones nacionales tal como ocurrió en las regionales de 2021. Adicionalmente pesa sobre la oposición las inhabilitaciones y procesos jurídicos del candidato o que puedan surgirle, como lo ha advertido ya Diosdado Cabello. No podrán inscribirse como candidato quien esté inhabilitado o esté solicitado por la “justicia”.
Las cosas no están definidas o muy fáciles ni para el chavismo ni para la oposición frente a un escenario de elecciones presidenciales previstas para 2024. La mitad de quienes se declaran chavistas manifiestan descontento con la situación del país y quienes aspiran a un cambio desde la oposición no están alineados con una opción ya definida.
Primero justica (PJ), como ocurre con la mayoría de las organizaciones y partidos que se oponen al régimen chavista, cuenta con una larga lista de dirigentes inhabilitados, en el exilio o presos y una parte importante de sus activistas forman parte de la diáspora que está dispersa en el mundo. Todo es consecuencia de los efectos de las luchas de calle que se llevaron a cabo entre 2014 y 2017 y la arremetida desde el poder.
La migración venezolana superó los 6 millones para 2022. Ese voto podría ser determinante, aunque será difícil que se den las condiciones para que pueda ser ejercido
