Venezuela

Desierto de medios en Venezuela: por qué la gente no sabe lo que le están haciendo

IPYS midió los efectos de 22 años de instauración de la censura en Venezuela en su último estudio. En esta nota, te indicamos los resultados del informe y su impacto social

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Medios en Venezuela, prensa y libertad de expresión

Durante los largos años del chavismo el poder militar cívico ha consumado una estrategia muy sofisticada para liquidar a los medios independientes de información, reducir al mínimo el acceso a la información, neutralizar una opinión pública crítica, desmovilizar a la sociedad y evitar cambios sociales y políticos.

Esta estrategia fue iniciada por Hugo Chávez, el militar golpista que aprendió en la práctica el poder de los medios de comunicación para ayudarle a cambiar la historia.

Hoy los herederos de su hegemonía comunicacional aprietan las clavijas del autoritarismo, limitan la libertad de expresión y de información y persisten en la estrategia de imponer un pensamiento único que se aprovecha de la desinformación.

Este escenario actual no se forjó de la noche a la mañana, como prueban en esta línea de trabajo los estudios del Instituto Prensa y Sociedad, IPYS, que ayudan a entender el «desierto informativo» que predomina especialmente en ciertas regiones de Venezuela.

La presentación «Censura hecha en Venezuela», información y censura en tiempos electorales, mide los efectos de 22 años de instauración de este sofisticado modelo de hegemonía comunicacional que ha destruido completamente el tejido de medios de comunicación privados, diversos y plurales.

«Se ha creado una sociedad donde impera la opacidad, el silencio, la desinformación y la censura», además, «Se han formado desiertos totales y moderados de noticias en regiones donde viven cerca de 14 millones de venezolanos», señala el informe, expuesto por la periodista y reconocida activista por los derechos al acceso a la información Marianela Balbi, directora ejecutiva en Venezuela del Ipys, una organización internacional.

Balbi presentó el estudio durante el resiente foro de Prospectivas 2023, organizado por el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno, de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAB.

En 1999, el Estado tenía medios públicos: una televisora de señal abierta y alcance nacional, el canal VTV; una estación de Radio en frecuencia AM (630 AM) en el centro del país; una radio en FM -Radio Nacional de Venezuela (91.1FM); una Agencia oficial de noticias llamada Venpres.

Medios, prensa y censura
El Correo del Orinoco fue una de las primeras iniciativas del chavismo por establecer la hegemonía comunicacional. Incluyó una versión en inglés.

Pero en 2019, el llamado Estado Comunicador posee cerca de 30 medios públicos de comunicación y de filiales en su estructura administrativa, de información y propaganda, recoge el informe.

(NR: Otras fuentes señalan que además de estos medios que posee directamente, el régimen chavista ejerce control indirecto sobre la programación de todos los demás medios de radio y TV del país, los privados, y aliados voluntarios u obligatorios, pues en cualquier momento les impone órdenes para transmitir cadenas con discursos y actos oficiales. Además los obliga incluir en la programación ordinaria diaria determinados mensajes «institucionales» a favor del sistema político y económico en el poder).

El objetivo de construir esta hegemonía comunicacional ha sido «tener la estructura para diseñar e imponer mensajes en la agenda pública, que luego diseminarían a través de otras plataformas», señala por su parte Balbi.

Se apoyan en la propia transmisión de sus programas para extraer los contenidos generados por sus voceros y para:

  • Difundirlos por todos los medios de su propiedad.
  • Siguen la directriz comunicacional del ministerio de Información y Comunicación.
  • Usan todos los canales: televisión, radio, periódicos, portales de internet, cuentas en redes sociales, y su estructura de influencers (influenciadores) y «community» managers (administradores de contenidos) adheridos a cada uno de los ministerios, instituciones y organismos públicos.

Entre 2002 y 2022 han sido asesinados 19 trabajadores de la prensa en Venezuela, el caso más reciente fue este año, el de José Gregorio Urbina, director de la radio Frontera FM, en el estado Apure.

El estudio desarrollado en 335 municipios de Venezuela, para evaluar las condiciones de los medios, su propiedad y contenido editorial corrobora que uno de los efectos del modelo de censura ha sido la desaparición de los medios locales y de la información local, lo que está afectando a esos 14 millones de venezolanos que viven en las regiones, destacó Balbi en su presentación.

Sobre los medios comunitarios, Balbi destacó que si bien en principio son necesarios para la democratización de la comunicación, «lamentablemente en Venezuela nacieron con un mal de origen, que fue la vinculación directa y la cooptación por parte de ministerio de Informacion y Comunicación».

Qué pasó con los medios impresos

La circulación de medios impreso en Venezuela se limita actualmente a poco más de 20 periódicos de los 130 registrados por IPYS Venezuela.

En los últimos años ha disminuido el número de ataques directos a periodistas, pero la explicación es perversa:

«Se han disminuido los ataques a periodistas sencillamente porque hay muy poco trabajo de cobertura y de reportería en la calle. No se está haciendo prácticamente una reportería, los medios no están abordando tampoco temas difíciles, temas de confrontación. Se han ido adaptando a las exigentes quizá producto de tantos años de recibir órdenes de censura, de cierres de medios, de una disminución de esa beligerancia del debate público».

Marianela Balbi, Ipys

Otra explicación es porque se ha trasladado mucho de ese debate público a las redes sociales y es a través de esas plataformas donde el discurso estigmatizante se está imponiendo, agrega.

Los medios impresos están tan disminuidos que:

  • La mayoría dejaron de publicarse diariamente y ahora resisten escasamente durante varios días a la semana.
  • Los estados Amazonas, Apure, Cojedes, Delta Amacuro, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Trujillo y Zulia son las 10 entidades que viven en orfandad de medios impresos luego que desaparecieran 45 periódicos en estas regiones.
  • Entre 2013 y 2018 en total 55 medios han dejado la calle.
  • El peor año de la crisis fue 2018: 35 medios dejaron de circular debido a las limitaciones para comprar e importar papel y otros insumos.
  • Muchos se han transformado en medios digitales únicamente.
  • Algunos solo imprimen de lunes a viernes, o cada dos días, o cuando pueden puede conseguir combustible para hacer una tirada y distribuirla.

Agonía de la información radial en Venezuela

  • El espectro radioeléctrico en Venezuela se encuentra en una situación de inseguridad jurídica, pues a las emisoras y los canales de TV se les niega la renovación de la concesión, aun cuando cumplen con los requisitos exigidos por la CONATEL (la agencia de comunicaciones del gobierno).
  • Cierre de 110 estaciones de radio en 15 estados del país. Las entidades más afectadas por estas restricciones masivas son:
  • Zulia, con 33 cierres de estaciones de radio.
  • Falcón, en donde se denunció la salida del aire de 19 emisoras
  • Táchira, con 15 cierres
  • Sucre, donde se registraron 10.
  • Septiembre y Octubre de 2022 han sido los meses con el mayor número de cierres, con más de 80 casos denunciados solo en ese período.
  • Al menos 39 programas informativos o de opinión dejaron de ser transmitidos en las 110 emisoras que han sido cerradas.

Twitterzuela: Propaganda y Desinformación como Política de Estado

El poder en Venezuela busca imponer narrativas en el mundo digital. ¿Cómo lo hacen?:

  • Mediante el uso de posibles cuentas automatizadas
  • Cuentas de usuarios coordinadas de forma inauténtica (llamadas “tropas”)
  • Alteran la conversación orgánica
  • Promueven propaganda de manera masiva en redes
  • Generan desinformación sobre hitos relevantes o temas falsos para desviar la atención de la denuncia ciudadana sobre lo que verdaderamente ocurre en el país.
  • Los aparatos comunicacionales de regímenes amigos trabajan en conjunto para posicionar e imponer sus narrativas en simultáneo, al menos así sucede en Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Artificios legales

«En las últimas dos décadas, el ordenamiento jurídico venezolano en materia de libertad de expresión, derecho a la información y derecho de acceso a la información pública ha sido diseñado con limitaciones e imprecisiones», señala Balbi en la presentación:

  • Se establecen limitaciones excesivas con efecto amedrentador
  • Sanciones penales desproporcionadas
  • Terminologías vagas
  • Interpretaciones discrecionales
  • Uso del derecho penal contra periodistas con fines presuntamente intimidatorios, incluyendo figuras como «terrorismo», o «traición a la patria». Se continúa aplicando la Ley Contra el Odio de forma selectiva y desproporcionada.

Hermetismo y opacidad

Hay una política de secretismo sobre la información oficial, lo que hace que esté cercada y cautiva.

«HEMOS REGISTRADO un total de 136 violaciones al derecho de acceso a la información pública en el país entre enero de 2020 y noviembre de 2021. Materias como la salud, la economía, la educación, la seguridad y la alimentación permanecen en la opacidad gubernamental. Desde al menos 2016 no se ofrecen cifras en estos ámbitos de relevancia nacional», señala el documento.

Telefónica de España y otras herramientas

La empresa española cuya filial en Venezuela es Movistar reconoció que entre 2016 y 2021 interceptó las
comunicaciones de 1 millón 584 mil 547 líneas de sus clientes locales.
Además, se cuadruplicó el número de solicitudes de intercepción de comunicación y envío de metadatos por parte del Estado venezolano, hasta afectar al 21% del total de abonados reportados por la empresa para el año pasado.


La empresa atendió las órdenes emitidas por la CONATEL de entregar los metadatos asociados a las comunicaciones de 997.679 accesos y bloquear 27 URL en este período: Afectó a 1.389 URL´ s entre 2016 y 2021.

En general se mantienen los bloqueos a sitios informativos en internet por parte de proveedores públicos y privados. Solamente durante 2021 se constataron episodios de censura en portales de 38 medios de comunicación y dos organizaciones de defensa de los derechos humanos, señaló Balbi.

A esto se une el deterioro de la infraestructura de telecomunicaciones en todo el país.

Salidas apremiantes y otros retos

El Ipys propone monitorear de cerca y sensibilizar sobre las restricciones a la libertad de expresión, particularmente a la libertad de prensa en Venezuela, con especial consideración al hostigamiento y persecución de trabajadores de medios y medios de comunicación independientes, y utilizando un enfoque de género.
• Usar los mecanismos internacionales para proteger a la prensa venezolana, en particular a las mujeres periodistas.
• Monitorear el impacto del marco regulatorio restrictivo y regresivo, así como las prácticas que afectan el ejercicio de la libertad de expresión, asociación y acceso a la información, incluso en el espacio digital, y abogar por la modificación de las leyes de conformidad con los estándares internacionales.
• Fortalecer los medios, incluso brindando apoyo internacional para el periodismo independiente y plural.
• Eliminar las medidas restrictivas en el espacio digital en Venezuela, en particular a través de cortes injustificados de Internet y bloqueos de contenido contra medios de comunicación independientes.

«El Estado ha desconocido en los últimos años los estándares internacionales que asumió con los ODS de la Agenda 2030, que establecen en su objetivo número 16 la promoción de sociedades, justas, pacíficas e inclusivas, además del exhorto a la reducción de todas las formas de violencia y el aumento de las garantías para acceder a la justicia dentro de un estado de derecho».

Los desafíos más apremiantes para la defensa d elos derechos a la información y libertad de expresión son hoy:
I. Incidir en los actores clave para desmontar la narrativa de la normalidad en Venezuela.
II. Incluir en la Agenda de las negociaciones en México (entre el gobierno y la oposición) el tema de la Libertad de Expresión, el derecho de acceso a la información pública, el respeto a la prensa independiente como garantías para restablecer un espacio cívico saludable y democrático.
III. Restablecer y garantizar una comunicación democrática que permita un contexto de deliberación abierta en el marco de unas elecciones libres, competitivas y transparentes.

ACCIONES:

  1. Revisión de los marcos normativos, especialmente la Ley contra el odio.
  2. Plan de políticas públicas para acceso a un Internet de calidad y de amplia cobertura nacional.
  3. Generar instancias de diálogo y cooperación de múltiples actores interesados en el rescate de los derechos Civiles y Políticos para restablecer un espacio cívico apto para un futuro proceso electoral.
  4. Garantizar la eliminación de prácticas que deriven en ataques contra periodistas, bloqueos y censura de contenidos en medios tradicionales y en Internet por parte del Estado, proveedores públicos y privados, e instancias de gestión de servicios de comunicaciones en Internet.
  5. Eliminación de prácticas que deriven en desinformación, como la propagación de noticias deliberadamente falsas y engañosas en la red promovidas desde instancias estatales.
  6. Garantizar el acceso a la información de interés público.

De cara a los próximos procesos electorales los expertos de Ipys plantean un pliego de condiciones para garantizar una comunicación democrática:
• Uso equitativo de los medios públicos y paraestatales en la campaña electoral
• Cese de la censura estatal
• Cese de los bloqueos a medios digitales
• Seguridad para la cobertura periodística
• Eliminación de las transmisiones obligatorias para difundir mensajes partidistas de la
campaña electoral.

• Garantizar el acceso a los corresponsales y prensa extranjera
• Reglamentación del uso de la publicidad oficial en la campaña electoral
• Prohibir el uso de medios públicos, paraestatales y progubernamentales para generar desinformación en el ambiente electoral.
• Garantizar el acceso a la información pública.
• Garantías a la privacidad y uso de datos personales.

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