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El fantasma del 11 de abril

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18/04/2018
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FOTOGRAFÍAS: AP, ORINOQUIA PHOTO

Es una fecha que todavía duele. Un día imborrable en la memoria contemporánea de los venezolanos. Aquella marcha a Miraflores marcó un punto de inflexión en la política del país y sus consecuencias todavía acechan las decisiones de la lucha política, entre opositores y defensores de la revolución. Caminar hasta el Palacio de Gobierno se ha asumido como vía “radical”, en un país donde el miedo puede más que las ganas de “sacar a Maduro”

“¡Vamos pa’ Miraflores!”. El grito produce un déjà vu. Cada vez que una manifestación se percibe como masiva, y los ánimos se caldean lo suficiente como el pasado 26 de octubre, resurge la idea de caminar hasta el palacio de Gobierno como una acción necesaria para acabar con el conflicto político del país, la batalla final, el no va más. Que 17 años en el poder se acaban con pisar el palacio presidencial quizás se piensa porque, en efecto, alguna vez sí ocurrió. Es historia sabida, manoseada, el 11 de abril del año 2002 el grito que pedía ir a Miraflores se dijo arriba y debajo de las tarimas y la movilización se condujo al centro de Caracas desencadenando una sucesión de eventos que condujeron al derrocamiento del expresidente Hugo Chávez. No fue sin sangre ni escándalo. Por ellos, justamente, tales hechos marcaron lo ocurrido aquellos días, un recuerdo que aún acosa.

En noviembre de 2016 Henrique Capriles anunció que la oposición, que entonces colmaba las calles en reclamo al suspendido referendo revocatorio presidencial, marcharía a Miraflores. Un llamado que no se concretó pero que volvió a poner en el tapete el debate sobre si la oposición debe, en algún momento, enfilarse hacia Miraflores en muchedumbre. La vía que se ha asumido “radical”.

Ese escenario es evaluado por el Gobierno como insurreccional. Jorge Rodríguez dijo el 30 de octubre de ese año que “marchar hasta Miraflores es simplemente un golpe de Estado”; Elías Jaua al día siguiente afirmó que “es un acto de irresponsabilidad política”. Sin embargo, cuando la oposición canceló la convocatoria, el entonces gobernador del estado Aragua y ahora vicepresidente, Tareck El Aissami, calificó como “cobarde” a Henrique Capriles mientras ratificaba la movilización chavista para “rodear” y “proteger” al palacio de Gobierno.

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Es la misma lógica desde hace 16 años, cuando la marcha del 11 de abril de 2002 tampoco llegó a la sede del Ejecutivo y cuyos efectos ni siquiera tienen un consenso semántico: el interminable debate entre vacío de poder y golpe de Estado no ha terminado.

El economista y director de Datanálisis, Luis Vicente León, ha dicho que el planteamiento maniqueo entre “diálogo” o “calle” es equivocado, descartandi que una cosa no pueda ir con la otra. Asegura que, ahora y con respecto a 2002, el gran cambio es que Nicolás Maduro “tiene a los militares de su lado” y los venezolanos “quieren sacarlo pero temen a la represión del Gobierno si marchan con la MUD, tienen miedo”.

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Revisionismo de calle

Lo que sí es cierto, es que el entorno político de aquel momento estaba tenso, con fuertes protestas, una huelga general y un descontento masivo. Los protagonistas de 2002 fueron muchos. Uno de ellos fue Carlos Ortega, entonces presidente de la Confederación Venezolana de Trabajadores (CTV), aunque hoy se encuentra exiliado en Perú. Fue él quien dio el grito en Chuao para continuar la movilización desde esa sede de Pdvsa (ahora Unefa) hasta Miraflores. “Cuando me monto en la tarima, miré hacia la Río de Janeiro y eso parecía un río humano, la movilización iba andando por su propia cuenta para Miraflores. La posición de ir a Miraflores la dio el propio pueblo, y nosotros acompañamos esa decisión”, testifica ahora Ortega viendo al pasado.

En 2018 la economía está peor que entonces. La popularidad del presidente Maduro es ínfima, menor a la del “comandante” por aquellos tiempos. El desespero por la inexistente calidad de vida es aún más pesado. Pero no parece haber espíritu de ir hasta el centro de la capital a gritar frente a las ventanas del despacho presidencial. ¿Por qué se asume que tal convocatoria sería violenta? ¿Por qué se marca distancia con este tipo de escenarios?

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En primera instancia,  porque la realidad política de 2002 no es la misma de hoy, asegura Jorge Tricás, politólogo y profesor de Sociología Política de la Universidad Católica Andrés Bello. “Hace 16 años todavía existían instituciones reales. Había todavía cierta división de poderes. El panorama político estaba determinado por el Gobierno, los civiles y los militares como entidades separadas. Hoy en día nos enfrentamos a un gobierno militar versus la sociedad civil”. Según el investigador, la población sentía cierta garantía de que generar cambios que perduraran en el tiempo.

Tricás asegura que se puede evaluar los aspectos legales y constitucionales de los procesos desencadenados aquel día, pero que los eventos tuvieron un desenlace anti político. “Hubo un mimetismo; los procesos de ese día se contaminaron de las perversidades e ilegalidades del tipo de régimen que se quería derrocar”, explica el politólogo al indicar que el 11 de abril se comenzó un golpe de Estado que puso en la Presidencia, sin basamento legal alguno, a la cabeza de la patronal Fedecámaras, Pedro Carmona Estanga.

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Para el historiador Luis Alberto Buttó el 11 de abril fue una lección para la población venezolana. “En el año 2002 jugaron factores de la anti política y esto fue una negación de la movilización democrática. Sin embargo, la ciudadanía aprendió la lección. No se descartan las movilizaciones de calle. Pero esa movilización no debe tener un ícono, ni un lugar emblemático, no necesariamente tiene que culminar en Miraflores”, indica el historiador, resaltando, sobre todo, que  “lo importante no es el sitio, es la demostración de fuerza y organización de la población venezolana”.

La bala es el mensaje

Los procesos políticos no son lo primero que los venezolanos, tanto chavistas como opositores, recuerdan de aquel fatídico día. Los sucesos de Puente Llaguno y el enfrentamiento violento entre ambos bandos no solo provocaron el derrocamiento temporal de Hugo Chávez, sino que dejaron a 19 fallecidos y más de 100 heridos. El temor a vivir un derramamiento de sangre nuevamente se mantiene, particularmente, dentro de la bancada opositora. “Una consecuencia inminente del 11 de abril es el terrorismo de Estado que ha aplicado el régimen. La gente tiene miedo a esos que tienen el poder. La actitud de amedrentamiento de ese día, de las protestas del 2014, hace que la gente rechace la idea de salir a la calle”, indica Carlos Ortega.

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El informe anual de Manifestar.org indicó que entre febrero y mayo de 2014, el saldo de 42 fallecidos en contexto de manifestación y el hecho de que 82% de las protestas reprimidas de ese año fueron pacíficas, incidieron en un clima de inhibición para el ejercicio de la protesta en el año 2015, cuando ocurrieron menos movilizaciones. Según un informe presentado por Provea en el año 2014, la represión a manifestaciones aumentó en un 485% en comparación con años anteriores, lo que incluyó la mayor cifra de detenidos en los últimos 17 años de protestas. Un número que viene creciendo exponencialmente desde el año 2002 y que promete seguir engrosando, especialmente luego de terminado 2017 cuando las cifras colmaron los registros: más de cuatro meses de protestas dejaron más de 150 muertos, muchos de ellos asesinados, y una represión no vista en los últimos lustros.

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El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró durante el primer trimestre de este año 2.414 protestas que equivalen a un promedio diario de 26. La cifra representa un aumento de 93% con respecto al mismo periodo de 2017. Del total de protestas que se registraron entre enero y marzo de 2018, 85% de las protestas fue para exigir derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. El otro 15% por derechos civiles y políticos.

“Venezuela ha entrado en una etapa de colapso de los servicios públicos, de la alimentación, de la salud y han crecido los conflictos laborales. Adicionalmente, observamos con preocupación que los saqueos e intentos de saqueo aumentan y se uniformizan en todo el territorio nacional”, indicó el observatorio.

Durante los primeros tres meses de 2018 asesinaron a 10 personas por manifestar, 8 de ellas fueron por exigir alimentos. 9 personas fueron asesinadas por heridas de bala y una con objeto contundente (piedra). Algunos testigos de las protestas denuncian a civiles armados como responsables de al menos seis muertes.

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El factor verde oliva

Carlos Ortega aún defiende la participación masiva de la población en la calle. A su juicio, es mucho más necesario que prestarse a diálogos con los poderosos. “Mi disposición siempre ha sido no solo ir a Miraflores. Mi consigna, frente a esta situación del país, es que necesariamente tenemos que tomar la calle. Nosotros no vamos a salir de esto sentados entre cuatro paredes. Y de ahí ir a donde tengamos que ir”, indicó el político.

Ortega pudiera ser calificado como “radical”. Lo sabe y no le molesta. Exiliado desde hace más de un lustro, no teme hablar de los cuarteles, tema tabú para muchos. Dice que una alianza militar es un factor a evaluar: “Buscar alianzas militares es necesario. Eso no me hace golpista. Para que nosotros podamos proteger al pueblo venezolano necesitamos necesariamente una alianza militar. El pueblo está indefenso, desarmado, no podemos ponerlo como carne de cañón”.

Por el contrario, Buttó asegura que lo militar no tiene cabida en este proceso. “La población no necesita muletas para llevar a cabo este proceso. El involucramiento de la milicia conlleva a una desviación, a una aberración hacia los procesos democráticos. Pensar que sí se necesita al militar resta la significación de la ciudadanía”. Contrario a los hechos del 11 de abril, Raúl Salazar, quien fuese Ministro de Defensa del presidente Chávez del año 1999 hasta el 2000, niega la posibilidad del apoyo militar puesto que “se han ideologizado definitivamente”.

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Y sin embargo, queda la duda: ¿es necesario revivir un 11 de abril como salida a esta crisis? Ortega asegura que sí, que aquel día sí fue exitoso desde cierta lectura: “Todos los partidos políticos, todos los sectores del país, incluso las Fuerzas Armadas, junto a la población civil, se vieron como un frente unido para denunciar ante el mundo y el país hacia dónde nos estaba llevando el gobierno de Chávez”.

Hace 16 años, el pueblo venezolano enfrentó uno de los hechos más determinantes de su historia contemporánea. Todavía quedan cabos sueltos sobre lo ocurrido, procesos de justicia pendientes, impunidad galopante y heridas que todavía no se cierran. Pero también muchos aprendizajes, uno de ellos contenido en la frase cliché de todo movimiento político: “el pueblo unido jamás será vencido”.