El proyecto introducido por la Asamblea Nacional fue declarado inconstitucional por, entre otras causas, no contemplar el impacto de la incorporación de estos inmuebles en el mercado secundario de vivienda, cuyo crecimiento descontrolado, indica la sentencia, fue una de las principales causas de la crisis económica de 2008 en Estados Unidos.
Este miércoles fue publicada en Gaceta Oficial número 40.909 la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que decide sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela y Otros Programas Habitacionales del Sector Público.
El texto, redactado por la magistrada Lourdes Suárez Anderson, indica que no se consignó en ninguna de las etapas de aprobación el informe de impacto económico. Expuso que la ley propuesta por la AN pretende condonar las deudas contraídas por los beneficiarios de la GMV en la adquisición de las viviendas de carácter social y el recálculo de las obligaciones que mantiene el Estado con los propietarios de terrenos o inmuebles expropiados a través del sistema establecido en la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social.
«Ello repercutiría negativamente en el presupuesto de la Nación, en tanto no hace ninguna consideración en cuanto a las cargas que implican para el Estado la condonación de las deudas, que en ella se prevé o el cambio de sistema de justiprecio para el pago de los inmuebles objeto de expropiación que establece la Ley en general, el impacto que tendría sobre la economía», detalla.
Además, considera que tampoco se toma en cuenta el impacto que tendría en la economía «el libre ingreso de las unidades habitacionales a través de la venta de las mismas o de la posibilidad de que sean incorporadas a la especulación financiera a través del mercado secundario de títulos hipotecarios».
En este punto, argumenta que fue precisamente el «crecimiento descontrolado» de este mercado secundario de vivienda «una de las principales causas de la crisis económica producida en el año 2008 en Estados Unidos de América con repercusiones mundiales».
Actualmente, los títulos entregados por el gobierno a los beneficiarios no cumplen con los requisitos del régimen legal para la venta de inmueble.
El proyecto de la AN también incluye la protección ante desalojos, destacando que los beneficiarios no podrán ser expulsados arbitrariamente de las unidades habitacionales que ocupan.
Pero el Poder Judicial respondió a esto, señalando que “es preciso imponer límites a la propiedad de las viviendas de interés social para impedir que los adjudicatarios de las mismas reasignen dicho derecho por razones económicas y se desvirtúe la función social de dicha propiedad para favorecer al mercado inmobiliario”.
La magistrada concluyó que la ley «contraviene los fines del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia por no garantizar el ejercicio pleno del derecho de las familias a tener un hogar, además de no haber cumplido con las formalidades esenciales del procedimiento de formación de leyes previstas en el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional».
Una de las nuevas ministras, Dheliz Álvarez, ya había ocupado el cargo antes. Mientras que el ministro de Industria fue embajador de Venezuela ante Mercosur y la de Agricultura Urbana llevó el cargo de secretaria nacional del "Movimiento Somos Venezuela"
La prórroga de la exención del IGTF aplica a operaciones como: pagos en bolívares con tarjetas de débito o crédito nacionales e internacionales desde cuentas en divisas, pago en criptomonedas y remesas enviadas desde el exterior
La medida estará vigente hasta el 1 de septiembre y aplica tanto para arrendadores de viviendas como de locales comerciales. Hasta entonces quedan suspendidos el artículo 91 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda y el articulo 40 de del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial
