¿Quién es Sofía Macher y por qué es relevante para Venezuela ahora?

Este 20 de abril, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU -con sede en Ginebra- designó a la socióloga y defensora de derechos humanos peruana Sofía Macher Batanero como la nueva presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, una instancia creada en septiembre de 2019 y cuyo mandato fue prorrogado hasta octubre de este año.

El mandato de la Misión, cuyas actividades corren en paralelo a la Oficina del Alto Comisionado de de la ONU, es investigar las presuntas violaciones graves de derechos humanos cometidas en Venezuela al menos desde 2014, un año después de que Nicolás Maduro asumiera la presidencia. La ola represiva de aquel año, junto a la de 2017, han dado pie a investigaciones también desde la Corte Penal Internacional.

La relevancia inmediata de Sofía Macher para Venezuela radica en el momento político del país. En la última presentación que hizo Marta Valiñas en Ginebra, el mes pasado, la Misión documentó que la “maquinaria represiva” estatal persiste pese a la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero. Se reportaron al menos 87 nuevas detenciones por motivos políticos bajo la figura de Delcy Rodríguez como “presidenta encargada”, tras un período de 135 detenciones arbitrarias y patrones de tortura entre septiembre y diciembre de 2025.

En este contexto, sin certezas de cuándo y bajo qué condiciones ocurrirán elecciones en Venezuela, y una transitoriedad sin fecha de caducidad, la designación de una experta especializada en justicia transicional y reparaciones no es un mero relevo técnico. Marca un posible giro estratégico en el enfoque de la ONU hacia mecanismos que no solo documenten violaciones, sino que abran caminos concretos hacia la verdad, la reparación y la no repetición. Al menos esa parece ser la señal desde Naciones Unidas.

Sofía Macher Batanero, nacida en Perú, es socióloga de formación y cuenta con más de 30 años de experiencia en derechos humanos, justicia transicional, reparaciones y cuestiones de género. No es abogada ni jurista de carrera; su trayectoria se ha forjado en el mundo de la sociedad civil organizada, las organizaciones no gubernamentales y la academia. Estudió Sociología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y obtuvo maestría y doctorado en Sociología y Estudios de Género en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Esta formación no jurídica la distingue y le ha permitido enfocar los procesos de justicia transicional desde una perspectiva interdisciplinaria que integra la memoria colectiva, el género y las políticas públicas de reparación.

Su carrera comenzó en la defensa de los derechos humanos durante los años turbulentos del Perú de los 90. Entre 1997 y 2001 fue secretaria ejecutiva y vocera de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), una de las principales redes de la sociedad civil peruana. En ese rol denunció amenazas de muerte tras respaldar un referéndum para evitar la candidatura de Alberto Fujimori a un tercer mandato y colaboró en la desclasificación de documentos estadounidenses sobre violaciones durante el régimen fujimorista.

Posteriormente, entre 2001 y 2003, ya en la transición post-Fujimori, integró la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) como comisionada, donde tuvo responsabilidad directa en las audiencias públicas, el Comité de Víctimas y Testigos y la Unidad de Investigaciones Especiales enfocada en casos judicializables. Su trabajo en la CVR contribuyó al informe final que documentó más de 69.000 muertes y desapariciones durante el conflicto armado interno (1980-2000), principalmente atribuibles a Sendero Luminoso, pero también a agentes estatales.

En 2006 fue designada presidenta del Consejo de Reparaciones, organismo creado por la Ley 28.592 para implementar el Plan Integral de Reparaciones a las víctimas del terrorismo y la violencia política. En este cargo, que ocupó durante varios años, lideró el diseño e implementación de políticas nacionales de reparaciones colectivas e individuales: registro de víctimas, priorización de comunidades afectadas, programas de restitución de derechos, indemnizaciones económicas, rehabilitación psicosocial y medidas de satisfacción como memoriales y reconocimiento público.

Su liderazgo transformó el Consejo en una instancia clave para la materialización de la justicia reparativa en Perú, un país que, a diferencia de muchos otros en América Latina, avanzó significativamente en reparaciones pese a las dificultades políticas y presupuestarias, como lo ha recordado la Organización de Estados Americanos.

Sofía Macher ha escrito y reflexionado sobre la “memorialización” como un posible quinto pilar de la justicia transicional —junto a verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición—, argumentando que la sociedad civil puede adelantarse a la transición oficial para preservar evidencia y definir agendas. Esta última arista posiblemente termine siendo muy relevante en Venezuela.

Hasta ahora, la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela había sido presidida por Marta Valiñas, una experta portuguesa con un perfil claramente jurídico e internacionalista, centrada en la documentación rigurosa de violaciones, el análisis de responsabilidad estatal y el marco legal internacional. Valiñas, abogada de formación, lideró la producción de informes que detallaron patrones sistemáticos de detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones extrajudiciales y represión de la disidencia, contribuyendo a la narrativa jurídica ante instancias como la Corte Penal Internacional.

La designación de Sofía Macher representa, como señala el propio contexto de la misión en un momento de “transición” venezolana incierta, un giro conceptual. La ONU parece apostar ahora por una presidencia que, sin abandonar la documentación de hechos, enfatice los componentes de reparación y justicia transicional.

Macher no llega como fiscal o jueza internacional, sino como socióloga que ha construido políticas de reparación desde la sociedad civil y la academia. Con su trayectoria podría orientar los próximos informes de la Misión hacia recomendaciones concretas sobre mecanismos de verdad, reparaciones integrales y garantías de no repetición, elementos cruciales si Venezuela avanza hacia una verdadera reconciliación nacional.