El desgastado chavismo de Nicolás Maduro pone todas sus energías en el proceso electoral del 6 de diciembre, con el que intenta ofrecer una cara democrática ante el mundo occidental; y al mismo tiempo busca atraer inversionistas que saquen al país del foso en el que lo han hundido 20 años de socialismo.
Con cambios en la Casa Blanca, un proceso electoral que le devuelva la mayoría parlamentaria al chavismo y grandes inversiones de sus aliados para poner a producir empresas quebradas, Nicolás Maduro aspira a resucitar un país destruido por la corrupción, el socialismo y la desaparición de las instituciones democráticas.
El gobierno de Nicolás Maduro ha pedido a los funcionarios, a las comunas (organizaciones de control y movimiento social en las barriadas y campos) y a la militancia del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que comiencen a preparar sus listas de 10 votantes para el proceso del 6 de diciembre.
Esta tarea resulta cuesta arriba, sin importar el grado de fidelidad que exista con la llamada revolución, dado que la mayoría del país, incluyendo a quienes dependen de la estructura oficialista, está ocupada en sobrevivir.
La petición a las bases denota el grado de importancia que para el chavismo tiene ese proceso de elecciones parlamentarias. Han puesto todas las energías para intentar ofrecer una cara democrática ante el mundo occidental; y al mismo tiempo intentar atraer inversionistas que saquen al país del foso en el que lo han hundido 20 años de socialismo.
Pero también revela la indiferencia que se manifiesta en sus propias bases y en sus antiguos seguidores, que hoy toman las calles en todas las regiones demandando alimentos y servicios elementales arrebatados por la supuesta revolución bolivariana.
El chavismo cuenta con la abstención de la mayoría opositora, cuyos dirigentes en gran parte están presos, inhabilitados, o en el exilio. Esto permitirá que el aparato del PSUV gane la mayoría del Parlamento sin inconvenientes.
Como en los turbulentos meses de 2017, la oposición llama a abastecerse en estos comicios hechos a la medida del chavismo. (Foto: Archivo EFE/Miguel Gutiérrez).
La pequeña porción opositora no ha logrado atraer a la gran masa de descontentos que observa con indiferencia esos comicios y no reconoce a esa dirigencia como una opción para salir de la crisis.
El chavismo cuenta los días para retomar el control sobre la Asamblea Nacional y dejar fuera del juego al presidente actual del parlamento, Juan Guaidó y a los dirigentes de los cuatro partidos más importantes de la oposición (el llamado 4G, compuesto por Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo).
A esa jugada se suma ahora el triunfo en las elecciones de EEUU de Joe Biden, que está por ratificarse en lo que se perfile como una accidentada transición. El chavismo aprecia que este cambio le ofrece nuevos vientos a favor a la aislada cúpula gobernante para intentar suspender, o al menos suavizar, las sanciones financieras que afectan especialmente a la industria energética. También esperan que se le reste apoyo internacional a Guaidó; quien quedaría sin el piso institucional de la AN, lo que pondrá en un dilema a gran parte de la gestión opositora apoyada por cerca de 60 países, en su mayoría democracias de corte occidental.
Ese debilitamiento ocurrirá aunque esos países consideren que se trata de una elección sin condiciones democráticas y sean desconocidas. Este escenario lo celebran ahora con la salida de Donald Trump del poder, a quien consideran que fue el más importante aliado y arquitecto de la política internacional llevada adelante por el 4G y el grupo de Guaidó.
Para el chavismo, un aspecto esencial es poder abrir una línea de negociaciones con el nuevo gobierno de EEUU. De esta forma esperan que la anhelada atenuación de las sanciones les permita llevar adelante el plan estructurado en la llamada «ley Antibloqueo», cuya traba principal son las sanciones financieras radicalizadas por la primera economía mundial en este gobierno de Trump, después que fueron iniciadas por Barack Obama, con el propio Biden como vice presidente.
Los venezolanos opositores más radicales tenían puestas sus esperanzas en que Trump les sacara de encima de un plumazo 20 años de chavismo. Foto: Cortesía IG Liliana Morillo
Aunque la destrucción de la principal industria venezolana ha sido resultado de la mala gestión, la politización y la corrupción extendida en 20 años de chavismo, las sanciones financieras son hoy el principal obstáculo para que el chavismo pueda intentar una recuperación entregando el control de las industrias a sus aliados. Es de recordar que la estrepitosa caída de la producción comenzó a registrarse en 2014, al primer año de gestión de Nicolás Maduro y las sanciones comenzaron a aplicarse con más fuerza desde el primer semestre de 2019.
“Pido la ayuda de China; pido la ayuda de Xi Jinping; pido la ayuda de China con su experiencia científica, tecnológica, económica, y para que la ley Antibloqueo sea la expresión de nuevas asociaciones y la recuperación definitiva de Venezuela”, clamaba un ansioso Maduro durante un reciente acto con potenciales inversores chinos.
Resguardado en la llamada «ley Antibloqueo», aprobada ilegalmente por la Asamblea Nacional Constituyente, que le otorga poderes extraordinarios para tomar decisiones en materia económica y le permite ocultar condiciones y mecanismos de futuros acuerdos sin rendir cuentas al Parlamento o a la Contraloría, Maduro dijo que su gobierno está abierto a ampliar inversiones a todo nivel de la industria energética venezolana con China, Rusia, Turquía e Irán.
“Tenemos todas las condiciones para el desarrollo de las riquezas del país, para ampliar la inversión en petróleo, la joya de la corona que quieren los imperialistas del mundo, que quieren ponerle la mano a la más grande de las reservas probadas” de petróleo del mundo, señaló.
El pragmático Xi Jinping es una de las esperanzas del chavismo. (Foto: AFP)
Durante la reciente visita del ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, igualmente se ratificó la alianza de cooperación y acuerdos entre las dos naciones.
“Nuestra cooperación es bastante legítima, continuaremos cooperando con Venezuela en diferentes áreas, incluida la defensa y seguridad. Pero lo que Venezuela necesita y lo que Irán tiene que ofrecerle son cosas que serán discutidas por nuestros encargados de seguridad y continuará siendo un tema para nuestra relación bilateral, y creo que no es asunto de Estados Unidos”, indicó el ministro iraní.
“Esperamos que el Estado y el sistema de los EEUU cambie su actitud, pero mientras ellos (…) hablen con el lenguaje de amenazas, de presiones y sanciones, lo que se van a encontrar es la resistencia de estos pueblos”, agregó Javad Zarif a la prensa, al culminar el encuentro con su homólogo, Jorge Arreaza.
En el oficialista El Universal, Jorge Rodríguez, quien encabeza el comando de campaña del chavismo, manifiesta la seguridad de que con el proceso del 6 de diciembre el gobierno de Maduro podrá revertir el desconocimiento que padece el gobierno chavista.
“El mensaje que se le va a dar al mundo va a permitir que muchos países o que algunos países que fueron engañados, porque hasta el mismo (Donald) Trump fue engañado por Juan Guaidó (…) puedan repensar su actitud con Venezuela”, sostuvo.
Guaidó fuera de juego
Con el presidente de la AN y los dirigentes de los partidos que lo acompañan fuera de juego, el chavismo apuesta que en el Parlamento se conformará una nueva ecuación política con una oposición integrada a los nuevos escenarios (hecha a la medida del chavismo en un pacto de connivencia).
Si bien las principales encuestas advierten de una gran abstención por encima de 70%, la movilización del aparato oficialista es fundamental para ofrecer una imagen internacional de participación, en un proceso en el que participen todas las tendencias políticas, entre ellas, los partidos arrebatados y usurpados a sus direcciones oficiales.
Jorge Rodríguez aseguró que “desde el Parlamento renovado y cuya instalación será el próximo 5 de enero de 2021, seguirán los esfuerzos para la participación de los más amplios sectores en la política en Venezuela”.
Ratificó su confianza en la ley Antibloqueo y en una Venezuela post-pandemia, post-electoral y post-sanciones con mayor fortaleza, para ir a “un crecimiento sostenido en la búsqueda de la producción nacional, diversificar nuestras exportaciones y una relación más diáfana con el sector privado (…)”.
Sin embargo, no hay garantías de que una vez que Biden asuma el poder en EEUU cambien de inmediato las relaciones con Venezuela y se alivien las sanciones. Algunas de ellas que pesan sobre funcionarios y socios gestores del gobierno de Maduro incursos en corrupción, narcotráfico o violación de derechos humanos, están vinculadas a procesos en tribunales que son autónomos.
Asimismo, las sanciones financieras que sí podrían ser reconsideradas deberán pasar por un proceso de negociaciones en las que quien tiene la última palabra es la Oficina de Control de Activos Extranjeros, que es un organismo que depende del Departamento del Tesoro, cuya función es la de aplicar sanciones internacionales en el marco de la seguridad interna y opera a través de la oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera.
Si bien tienen un componente político desde la Casa Blanca, sus acciones se basan en investigaciones financieras que, como el caso de PDVSA, se sustentan en expedientes por corrupción y lavado de dinero, por lo cual muchos de cuyos casos están en tribunales.
Asimismo habría que tomar en cuenta cuáles serán las nuevas relaciones que se establezcan con China, Turquía y Cuba; las sanciones internacionales que aún pesan sobre Irán, incluyendo las aplicadas por la ONU; y las nuevas relaciones con Rusia, país con el cual los demócratas han tenido fuertes diferencias. De manera que ese puede ser un proceso largo en el cual los aliados del régimen chavista de Maduro habrán de sopesar sus intereses con el gobierno entrante de EEUU.
En esas nuevas relaciones podríamos destacar que durante la gestión de Donald Trump, hubo mayor acercamiento con las autocracias de la región. Se produjo el encuentro entre Trump y el presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un; hubo retiro de tropas, como las acantonadas en el norte de Siria, favoreciendo la posición de Recep Tayyip Erdogan en Turquía contra los kurdos. Asimismo, Trump ordenó la reducción de tropas en Irak, desde 5.000 a 3.000 efectivos, el pasado septiembre.
Durante la administración Trump tampoco hubo acciones armadas de gran escala en Medio Oriente, salvo el ataque con dron ordenado por el presidente, en el que cayó muerto Qasem Soleimani, comandante de Los Guardianes de la Revolución de Irán, el 3 de enero de 2020. Esto fue una respuesta a ataques de ese grupo considerado como terrorista por EEUU a varios de sus objetivos defendidos en Irak.
Trump anunció en agosto de 2020 que Israel y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) acordaron establecer lazos diplomáticos, como parte de una resolución amplia por la que las autoridades israelíes paralizarán la anexión de territorio palestino ocupado. El anuncio convierte a los Emiratos Árabes Unidos en el primer país árabe del Golfo Pérsico en establecer relaciones diplomáticas con Israel y en la tercera nación árabe en hacerlo, después de Egipto y Jordania.
Cuando el demócrata Barack Obama asumió el poder en 2009, Joe Biden fue su vicepresidente desde 2009 a 2017, prometió poner fin a las guerras que heredó de su antecesor, George W. Bush. Pero en la dinámica del poder, Obama autorizó ataques contra grupos terroristas en Libia, Pakistán, Somalia y Yemen, sumando siete países en los que su administración desarrolló acciones militares y aumentó las fuerzas en Irak para la lucha contra el Estado Islámico.
Estos elementos indican que la política exterior de EEUU, si bien tiene un tono diferenciador en cada mandatario, no reflejan cambios significativos atribuidos a las tendencias políticas de republicanos y demócratas. En ese juego los intereses de EEUU siempre están en el debate y las decisiones suelen estar respaldadas por el Congreso bipartidista.
Uno de los puntos más difíciles de revertir para el chavismo en la percepción internacional es el amplio expediente que acumula en el tema de los Derechos Humanos.
Además del informe de la ONU que registra y sustenta la responsabilidad de las autoridades, desde Maduro, ministros y altos funcionarios de seguridad militar y policial, ahora la Corte Penal Internacional (CPI) reconoce que hay elementos que indican que pudieron haberse cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. De esta forma, las denuncias acumuladas en esta instancia y sus respectivos expedientes pasan a la Fase III del proceso, que implicará la verificación de si los tribunales venezolanos cumplieron con el debido proceso o si por el contrario desconocieron estos casos y denuncias.
La reciente visita del fiscal general Tarek William Saab a La Haya, para explicar ante la CPI que el gobierno de Maduro está investigando y procesando casos de violaciones a DDHH en el país, muestra la preocupación de Maduro y el intento de frenar que se pase a la Fase 4, la cual implica un proceso de juicio contra quienes incurrieron en esas violaciones, incluyendo al propio heredero de Hugo Chávez.
Si bien ese proceso en la CPÌ puede llevar varios años, como ha ocurrido con casos emblemáticos en el mundo, el hecho de que exista ya es un elemento que juega en contra del reconocimiento y en la reducción de sanciones a las que aspira Maduro y los jefes del chavismo.
De manera que a Maduro y el chavismo con estas tres variables: 6D, Biden y la ley Antibloqueo no necesariamente se le abren las puertas para sacar a flote el país. Por el contrario, el camino cubano sigue predominando y difícilmente, bajo en las condiciones actuales, la actual dirección podrá cumplir su “oferta” de recuperar económicamente al país.
La oposición venezolana marchó hoy, 22 de abril de 2017 para repudiar las más de 20 muertes contabilizadas por la represión de las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro. FOTO: Cristian Hernández/El ESTÍMULO
Este miércoles, la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó a favor de un proyecto de ley que establece sanciones a altos funcionarios del gobierno venezolano, atribuyéndoles responsabilidad por presuntas violaciones a los derechos humanos. El Senado ya había aprobado la medida.
En el seno del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se preguntan si la democracia en Venezuela “todavía está viva” luego de la publicación de un informe en donde se recaban pruebas de violaciones y abusos de los derechos humanos en la última ola de protestas que azotó al país.
La denuncia de 53 países sobre los abusos y violaciones de los derechos fundamentales cometidos en Venezuela centraron hoy una discusión en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU al oponerse el país bolivariano a su debate.
