Su identidad dejó de ser anónima el domingo 23 de julio, pero su testimonio apenas se conoce hoy. Guillermo Luis Cifuentes es el único dueño del spa Avalon Man Club y aquí cuenta su versión de cómo transcurrieron los hechos durante la detención de los 33 hombres en Valencia
Guillermo Felipe Luis Cifuentes fue uno de los últimos hombres excarcelados por el caso de los 33 detenidos en el spa LGBTIQ+ de Valencia, estado Carabobo. Su nombre es clave en la investigación: es el propietario del Avalon Man Club.
Su libertad condicional y la de dos empleados finalmente se dio el miércoles 2 de agosto, seis días después de que la jueza Marialba Villarreal declarara que debían presentar fiadores para irse a casa. Sin embargo, los delitos imputados a los 33 se mantienen: agavillamiento, ultraje al pudor y contaminación sónica.
Si bien abogados de los imputados y otros externos al caso han explicado que no había base jurídica para adjudicarles esos delitos, las dudas y comentarios discriminatorios sobre el caso de «Los 33» se mantienen.
De manera directa, incluso de parte de las autoridades, el negocio de Guillermo Luis Cifuentes se ha criminalizado: «Es ilegal. No hay pudor. Había puros hombres». Pero ahora, desde un lugar más seguro, su hogar, cuenta a El Estímulo lo que vivió durante y después de su detención y la de sus clientes.
Para quien que conoce el caso de «Los 33», todo inició el domingo 23 de julio, pero Guillermo Luis Cifuentes asegura que la situación tiene relación con un hecho que ocurrió dos días antes, con una llamada que recibió el viernes 21 de julio y que recordó luego de la imputación de los cargos.
«La historia no empieza el día 23, sino el día viernes 21 de julio. A las tres de la tarde, recibo una llamada de una persona anónima, que me dice que localizó mi número por Twitter, cosa que no es verdad porque yo no lo he publicado, y me pregunta sobre el spa. Le doy las orientaciones normales, que es un spa para personas gay, que consta de vapor, cuarto de video, cuarto de masajes, solarium y área de patio. Él me hace otra pregunta (…), algo muy puntual, y es que si nosotros podíamos organizar orgías adentro. Yo le digo que no, que ese no es el fin del local. Este es un lugar de recreación», dice Guillermo, que tiene 34 años de edad.
«Él me hace otra pregunta (…), algo muy puntual, y es que si nosotros podíamos organizar orgías adentro. Yo le digo que no, que ese no es el fin del local. Este es un lugar de recreación«
Guillermo Felipe Luis Cifuentes
Guillermo colgó la llamada y pasaron los días. El domingo 23 de julio, el recepcionista del Avalon Man Club, que también es su pareja, le avisó que debía llevar la documentación del local por una presunta requisa policial.
«Llego allá grabando porque no sabía quiénes eran, ni que hacían allí. Lo primero que me dicen es que por qué yo estoy grabando y les digo que es porque yo estoy en mi pleno derecho de grabar. Si ustedes no están haciendo nada malo, no hay problema. Se borra el video y no ha pasado nada. Eran casi 10 oficiales que estaban allí», recuerda.
A Guillermo Luis Cifuentes los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) le indicaron que la requisa se debía a una denuncia por «obstrucción a la vía pública«.
«Me parece raro porque esta vía, de lunes a viernes, siempre tiene carros parados a los laterales debido a los comercios que están adyacentes al local», les explicó el propietario del Avalon Man Club.
Mientras conversaba, otros policías sacaron a clientes del local para solicitar sus cédulas. Luis Cifuentes les preguntó si tenían una orden, ya que se trataba de un negocio privado: «Ellos dijeron que no era necesario porque esto es un lugar público. Les digo que la ley exige entregar una orden de registro y responden: ‘¿Tú eres abogado o qué carrizo? Porque yo sí soy abogado y no hay que tener una orden para entrar'».
El propietario cuenta que una vez los policías salieron del local, cerró la puerta y pidió a los clientes que no dejaran pasar a nadie más. «Ahí empiezo a confrontar con uno de los oficiales y me dice: ‘No, pero es que conseguimos droga dentro del local’. Me sacaron un pote de popper y les digo que no voy a dejar entrar a nadie más porque no sabía si me sembraron ese envase».
Ante la situación, los funcionarios de la PNB deciden que los 33 hombres deben ir hasta la comandancia de Los Guayos con el objetivo de evaluar si alguno tenía registros por SIPOL: «Dijeron que los clientes serían testigos de lo que estaba sucediendo. Nos llevaron engañados».
«Ahí empiezo a confrontar con uno de los oficiales y me dice: ‘No, pero es que conseguimos droga dentro del local’. Me sacaron un pote de popper y les digo que no voy a dejar entrar a nadie más porque no sabía si me sembraron ese envase»
Guillermo Felipe Luis Cifuentes
Guillermo Luis Cifuentes dice que al llegar a la comandancia de los Guayos les retiraron sus celulares: «Nos dijeron que debíamos dejarlos desbloqueados y comenzó el fichaje«. Les hicieron unas primeras fotos, luego otras más, que fueron las que se filtraron.
«Estando ahí empieza todo este desastre mediático contra nosotros, violando nuestros derechos y las mismas leyes que ellos tienen que seguir», dice.
«Se filtran las fotos y ellos comienzan a decir que el fiscal pidió unas nuevas, que las tomaran en grupo y después sin grupo. A la 1:00 am nos dicen que estamos detenidos y que nos permiten realizar una llamada para informar a nuestros familiares dónde estábamos».
Después se enteraron de lo que pasó en redes sociales: «Ellos dijeron: ‘Nosotros no tenemos la culpa de nada. La fiscalía nos pidió las fotos de esa manera. No sabemos qué pasó'».
«Si ustedes no calman a esa gente, esto se va a complicar. Lo que hacen sus familiares los están afectando cada vez más», les dijeron a los 33 detenidos el día de la primera audiencia en el Palacio de Justicia del estado Carabobo.
Uno de los que salió a pedir calma fue Guillermo, quien informó a los familiares que estaban bien: «No queríamos que las cosas se salieran de control porque sabemos muy bien que aquí los organismos son los que tienen el poder. Teníamos miedo de que algunos de ellos se molestara y fuera peor para nosotros».
Además dice: «Los funcionarios nos prestaron apoyo con uno de los compañeros que no tenía medicamentos y sufre de problemas de tensión. Lo llevaron para un CDI y le pagaron los medicamentos. Siempre nos trataron normal, sin ningún tipo de abuso. Nos privaron de libertad, pero estuvimos resguardados y al final había tranquilidad porque estábamos por salir por cuestiones de fiadores».
Algo que Guillermo resalta es que si bien le informaron que la requisa a su local era por «obstrucción a la vía pública», cuando escuchó la lectura del expediente en la audiencia todo cambió: «Ahora decía que la denuncia venía por contaminación sónica. También quitaron lo de la orgía que supuestamente se estaba realizando en el lugar, algo que dijo un periodista llamado Humberto Ambrosino».
Además resalta que antes y durante la primera audiencia, que se hizo el 25 de julio y fue suspendida casi a medianoche, algunos funcionarios le repetían: «Ellos van a salir, pero tú vas detenido completamente». Cuando cuestionó la razón, nunca le respondieron.
En una primera entrevista, un familiar de los detenidos contó que hubo un cambio de fiscal entre la primera y la segunda audiencia. Guillermo Luis explica lo que ocurrió: «Al principio eran cuatro fiscales, mujeres, hicieron acto de presencia, pero no hablaron ni llevaron documentos. Difieren la audiencia y al día siguiente llegan una fiscal femenina y un hombre, quienes imputaron los cargos».
«Eso fue improvisado, tanto así que la fiscalía me hace varias preguntas y hay una donde el fiscal pidió que lo dejaran así, que no pasaba nada… Yo no sé si es un común denominador porque es la primera vez que pasó por esto», dice.
«Eso fue improvisado, tanto así que la fiscalía me hace varias preguntas y hay una donde el fiscal pidió que lo dejaran así, que no pasaba nada… Yo no sé si es un común denominador porque es la primera vez que pasó por esto»
Guillermo Felipe Luis Cifuentes
«Decirte como tal que alguien logró salir o no antes de que nos llevaran a la PNB es mentira. Yo estaba peleando con los oficiales, estaba concentrado en ver qué estaba sucediendo y que no llegara tan lejos como llegó. Es posible que uno que otro cliente haya salido, pero no te puedo decir cuántos. Sí se rumora que pasó, que salieron bajo palanca«, dice el propietario del spa sobre esta situación, que primero fue reportada por familiares de algunos de los detenidos.
Sobre un posible pago a la PNB expresa: «Eso no pasó directamente. No tengo que decir lo contrario. Se intentó de alguna manera, de parte de nosotros, resolverlo de esa forma, pero llegó en un momento en el que vimos que ni queriendo podían recibir nada porque llegó a instancias mayores, incluso moralmente».
Guillermo fue uno de los 33 detenidos que pudo hablar durante la audiencia. Explicó que es el único dueño del Avalon Man Club, algo que considera importante porque el fiscal Tarek William Saab ha dicho a la prensa que son tres: Alfredo Peña y Jorge Carrillo, los dos empleados que también tuvieron que presentar fiadores, y él.
Allí dentro explicó las características del local: «Es un espacio cerrado por todos lados. Tiene dos ventanas al exterior con vidrios polarizados y cortinas para evitar que se vea de adentro hacia afuera y viceversa. Tenemos un equipo de sonido, con dos cornetas, que se mantiene en un volumen entre 15 y 16. Nunca se oye afuera porque es música para ambientar, para que no se escuche el silencio o eco».
«Declaré también que como empresa hemos tenido como clientes a funcionarios de diferentes organismos, entre ellos fiscales, alcaldes, gobernadores. Personas que ni que me pongan una pistola en la cabeza voy a decir sus nombres. ¿Por qué? Porque el fin de la empresa es proteger a esas personas y eso fue violentado al momento de sacar las fotos, las cédulas y los nombres», dice el propietario del local.
Ese es parte del peso que Guillermo y su equipo de trabajo cargan encima: «Fue imposible tapar la identidad de las personas. Se destruyeron familias. Hijos salieron del clóset frente a sus padres de una manera no adecuada. Hubo personas que dijeron en la fiscalía que querían suicidarse. También hombres que actualmente están sin trabajo y sin hogar por la forma en que fueron expuestos. Vivían una doble vida, cosa que tampoco es ilegal, por cuestiones del qué dirá el resto de la comunidad o el mundo y ahora van por la calle y los insultan».
Para Luis Cifuentes hubo incitación al odio: «Ahí el que cometió un delito, y que a estas alturas no ha sido nombrado por el fiscal, es el señor Humberto Ambrosino, quien cometió un crimen tipificado, que es incitación al odio. Pasó las fotos con alevosía y la comunidad ha sido afectada. Las 33 personas hemos sido perseguidas, afectadas de una manera psicológica, y él lo que hizo fue cerrar sus redes sociales y no aparece por ningún lado. Se habla de todos, menos de él, que destruyó la vida de 33 personas, hermanos de la comunidad, que intentaban vivir de la mejor manera que podían»
Sobre la ubicación del local, Guillermo dice: «Estamos en una zona que hace tiempo fue residencial, pero se convirtió en una zona comercial. Habrá si acaso una o dos residencias a cuyos dueños hemos ayudado iluminando la zona, algo que beneficia a la comunidad. También hay un laboratorio médico y una peluquería».
Luis Cifuentes cuenta que el miércoles 2 de agosto, una comisión del Ministerio Público visitó el lugar para hacer una inspección a las instalaciones y «la comunidad se apersonó y dio fe de que con nosotros nunca han tenido ningún tipo de inconvenientes. La única vez que tuvimos un contacto fuerte fue cuando impedimos que se metieran en una casa. Vimos por las cámaras a dos tipos y avisamos».
«la comunidad se apersonó y dio fe de que con nosotros nunca han tenido ningún tipo de inconvenientes. La única vez que tuvimos un contacto fuerte fue cuando impedimos que se metieran en una casa. Vimos por las cámaras a dos tipos y avisamos»
Guillermo Felipe Luis Cifuentes
«A mí me dijeron que mi local era algo ilegal y yo les dije que cómo iba a ser ilegal si yo tengo redes sociales, si pago mis impuestos, si contribuyo con la comunidad. Nosotros vivimos en esa comunidad por más que no les guste que la homosexualidad exista. Siempre hemos tratado de invertir», dice con indignación Guillermo, quien es licenciado en Educación, TSU en Turismo y se certificó como chef internacional.
Cuenta que en los calabozos pensaba: «¿Por qué pasa esto si yo lo que estoy intentando es surgir en este país de una manera legal, justa? No soy un ladrón, un narcotraficante, no soy un violador, soy un empresario que quiere surgir, echarle pierna y que todavía cree en este país, que cree que este país tiene salvación, que busca que este país surja, que haya derechos para los homosexuales».
Guillermo señala que las operaciones del Avalon Man Club estarán paralizadas hasta que se cierre el proceso legal: «No queremos que nos digan que abrimos sin tener la ley a nuestro favor. Queremos evitar que el caso de los 33 se repita con 33 personas diferentes. No es la idea. Nosotros queremos protegernos entre nosotros mismos».
El propietario del spa es sincero: «La llamada del 21 de julio pasó lisa porque yo la recordé durante la detención de estos últimos días, cuando empecé a buscar culpables».
«Esa llamada, en el momento en que la recibí, era cotidiana. Hay muchas personas que no conocen el local y vienen de otros estados y llaman para ver. Pero cuando caigo en cuenta, (…) digo que todo tiene correlación, porque una de las cosas por las que nos fichan a nosotros, la primera vez, es por una orgía y esa persona pidió una orgía», expresa.
A pesar de que a Guillermo le eliminaron el video que grabó cuando llegó al local el 23 de julio, el registro de llamadas se mantuvo igual: «Yo tengo ese número porque quiero saber quién es esa persona, de dónde llamó y por qué llamó. Si está implicada, dejaron ese cabo suelto sin darse cuenta».
Guillermo confiesa que cuando llegó a su casa el pasado 2 de agosto, por primera vez concilió el sueño. Se sintió tranquilo. Inevitablemente, hizo lo que muchos otros de los excarcelados hicieron: revisar las redes sociales a ver qué decían las personas.
«Leí muchos comentarios, algunos de apoyo, pero analicé a los que estaban en contra y ellos no saben si esto puede volver a pasar, con una cantidad mayor de personas, y que cuando estén revisando esa lista pueden ver a un familiar o una persona cercana (…) Por eso uno no puede juzgar. Hay que tener consciencia porque estamos repitiendo la historia de los años 80. Todos tenemos derecho a ser libres. Somos humanos», dice.
Sin embargo, su mensaje es para las autoridades: «Dejen de estar buscando más dueños del local porque no hay. Soy el único dueño. Dejen el ataque. No soy solo yo, somos 33 personas y muchas más que estamos pidiendo que se haga justicia para nosotros, especialmente por lo que hizo Humberto Ambrosino. A nosotros nos están achacando delitos, privando de libertades, por estar en un espacio cerrado de manera consensuada, por el esparcimiento, y este señor anda impune (…)».
Sigue: «Nosotros le pedimos al señor fiscal de la República que se enfoque. Basta ya de atacarnos por ser homosexuales. Hay que buscar al verdadero culpable de todo esto, que desapareció después de hacer el boom en redes sociales».
Jesús Licet, que es el abogado de Guillermo Luis Cifuentes, confirmó a El Estímulo que ninguno de los 33 detenidos fueron reseñados por el CICPC, pero que al ser procesados en el Palacio de Justicia tendrán algún registro en el sistema SIPOL hasta que un tribunal no ordene la «desincorporación» de sus datos.
Además explicó: «Estemos de acuerdo o no, el fiscal del Ministerio Público es el que imputa. Lo que nosotros teníamos que hacer como defensa era alegar que ese delito no existe y lo hicimos. Explicamos que no existe delito porque no tienen tipicidad en ninguna ley venezolana o alguna ley especial, pero de ahí al que el tribunal lo admitiese… Es una controversia por lo que opinó el MP y el tribunal. La investigación nos va a dar la razón».
«Explicamos que no existe delito porque no tienen tipicidad en ninguna ley venezolana o alguna ley especial, pero de ahí al que el tribunal lo admitiese… Es una controversia por lo que opinó el MP y el tribunal. La investigación nos va a dar la razón»
Jesús Licet, abogado de Guillermo Luis Cifuentes
Sobre una posible demanda a los funcionarios que detuvieron a los 33 hombres señala: «En este caso, primero se tiene que agotar una instancia penal para pensar en una demanda. Una denuncia es distinta a una demanda. Y tengo conocimiento de que varios familiares, están denunciando en la fiscalía 98, de competencia nacional, varias irregularidades que vivieron. Pero nosotros no, necesitamos primero el resultado de todo el proceso penal para considerarlo, y sería por daños morales».
Un dato sobre el proceso legal activo es que, a pesar de haber sido tratado el caso en un tribunal especial y que la investigación debió durar solo 60 días, el fiscal y la fiscalía estuvieron de acuerdo en llevarlo por la vía ordinaria, que dura seis meses. En ese tiempo, la fiscalía puede sobreseerlos o acusar los 33. Si la decisión es la primera, entonces debe solicitar un archivo fiscal y entregarles la libertad sin restricciones.
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El joven de 26 años de edad fue excarcelado bajo régimen de presentación cada 30 días y lo acusaron de ultraje al pudor, el mismo delito que se les imputó a 33 hombres en Carabobo en julio de 2023. Este es el segundo caso que involucra exclusivamente a personas de la comunidad LGBTIQ+
