El primer trimestre fue toda una prueba para el sector privado: tratar de cumplir con la producción en un contexto de sequía de divisas y materias primas que hicieron cuesta arriba abastecer la cada vez más alta demanda interna.
El gobierno estableció mayores controles a la distribución y venta de productos regulados (de primera necesidad), intervino la planta de Zuly Milk, la cadena de supermercado Día Día y puso presos a gerentes y abogados de esa empresa y de la principal compañía de farmacias del país, Farmatodo.
La exigencia de mayores requisitos burocráticos y más inspecciones han dificultado las operaciones del aparato productivo y comprometido la actividad del comercio, sectores a los que el Ejecutivo responsabiliza de encabezar una supuesta “guerra económica” causante de la fuerte escasez e inflación.
Los controles de cambio y de precios, vigentes desde 2003, son los mayores obstáculos que presenta la economía del país y el gobierno se niega a desmontarlos.
En Semana Santa, el gobierno incrementó el precio de la pasta en más de 100%, pero después de 40 meses sin un ajuste, el aumento resultó insuficiente para poder ser rentable, comentó un vocero del sector.
“El gobierno trae parte de la leche que se consume en el país, maíz blanco, arroz y algunos aceites crudos, mientras que la industria debe embarcarse en un peregrinaje para importar con cualquier tipo de solvencias, el Certificado de No Producción en el que van entre 60 y 90 días, luego se pide la Autorización de Adquisición de Divisas (AAD) que sale entre 90 y 120 días, para que la mercancía llegue al país son otros 60-80 días y entre el arrime y la descarga 15 días. Luego se introducen las respectivas actas para solicitar la Autorización de Liquidación de Divisas (ALD)”, detalló un empresario.
Pero el subsidio a un grupo de alimentos y de artículos de aseo personal ha favorecido el “bachaqueo” (reventa de productos a 4 y 5 veces el precio regulado) en perjuicio de la clase media que se ha visto afectada por este modus vivendi de habitantes de zonas populares.
“Este ha sido un factor que ha incrementado la demanda exponencialmente. Lo que en diciembre comenzó como compras nerviosas ante la incertidumbre de futuros anuncios económicos y el derrumbe de los precios del petróleo, ya en enero empezó a ser un estilo de vida para quienes en los estratos más bajos de la población encontraron en esa práctica una manera de obtener importantes ingresos sin tener que trabajar formalmente”, dijo una de las fuentes consultadas.
“Esta es la razón por la que el producto terminado no dura 48 horas ni colocando métodos de control como el terminal de cédula”, aseguró.
“El bachaqueo sustituyó las misiones sociales que se quedaron con menos recursos para dar respuesta al grupo de la población que ha apoyado al gobierno revolucionario”, observa un empresario.
Los controles prolongados en el tiempo terminan siendo perversos porque acentúan el desabastecimiento y constituyen una fuente de corrupción, como se ha comprobado en cada una de las naciones que los pusieron en práctica.
“El fomento y desarrollo de la actividad agrícola y pecuaria ha sido un fracaso y desde que el gobierno se quedó con Agroisleña, la situación ha ido de mal en peor”, comenta un representante del agro.
Los desincentivos y políticas intervencionistas hacia el sector privado han disparado la inflación a más de 40%, según algunos analistas y la escasez promedio de productos críticos como azúcar, leche en polvo, aceite de maíz y harina de maíz precocida, está en 79,9%, de acuerdo con una reciente presentación de Luis Vicente León, director de Datanálisis durante el foro de perspectivas de Ecoanalítica.
Lo que analistas proyectan para el resto de año es una radicalización del gobierno y con menos dólares en tránsito desde abril, cuando comenzó a sentirse efectivamente la mayor caída del precio del crudo en 2014, la economía sufrirá en 2015 una voraz inflación y niveles de escasez.
