La frase “el socialismo es el camino más largo para llegar del capitalismo al capitalismo” no tiene autor conocido. Con una lectura a vuelapluma pareciera sonar incongruente, pero basta que se analicen las medidas económicas adoptadas por los regímenes autodenominados socialistas –en busca de subsistir a la naturaleza de esos modelos económicos– para entenderla. ¿Algunos ejemplos? La Unión Soviética, Cuba y Venezuela.
En 1986, Mijaíl Gorbachov anunció en el Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, sus intenciones de reestructuración y apertura económica, que más tarde contribuyeron con la implosión socialista. Raúl Castro dijo algo similar sobre la crisis cubana al relevar del poder a su hermano en 2007: “Para lograr este objetivo habrá que introducir los cambios estructurales y de conceptos que resulten necesarios”.
En Venezuela, después de años de estatismo y control sobre la economía, una dolarización no oficial mueve sus transacciones internas. Si bien el gobierno chavista no ha oficializado medidas, sí le ha dado el visto bueno en varias oportunidades: “No hay contradicción entre dolarización y revolución. Hay complementación más bien”, le respondió Nicolás Maduro a Ignacio Ramonet, en una conversación difundida el 1 de enero de 2021.
Aunque los contrastes son evidentes por la marcada desigualdad que reina en el país, donde se ha señalado que lo del dólar es una burbuja que beneficia a pocos, basta pasar un fin de semana en una barriada popular para darse cuenta de lo profundo que han calado las transacciones en divisas y los nuevos negocios. En medio de la hiperinflación, la gente dice haber sentido mejoría en 2020 frente a los años del maíz pilado, las lentejas y el Fructus.
Para el economista y director de Ecoanalítica, Asdrúbal R. Oliveros, esa sensación se debe a que la dependencia del Estado se ha reducido. El Estado no tiene el poder el económico que tenía antes y los ciudadanos se han visto obligados a vivir más allá del subsidio. Con trabajos y emprendimientos –que no siempre están dentro del marco legal– perciben resultados positivos, pero todavía no se llega a una economía libre. Falta bastante.
—Hay gente que dice haber sentido mejoría en 2020, en contraste a otros años. ¿Cómo es que, ante una crisis humanitaria, sienten eso?
—Allí confluyen varios factores. En primer lugar, está el desplome de la figura del Estado como centro de la dinámica económica en Venezuela. Si bien sigue siendo muy poderoso desde la óptica política y la represión, desde el punto de vista del dinamismo económico está muy débil. Es un Estado que tiene una caída brutal de sus ingresos, de sus gastos y ha eliminado subsidios. Esto ha provocado que a la ciudadanía no le haya quedado otro remedio que resolver por su propia cuenta. Y eso es un síntoma muy importante en Venezuela: la gente está a la buena de Dios. Creo que ese elemento de la destrucción del Estado como proveedor de bienes y servicios es un punto importante a destacar.
Un segundo punto tiene que ver con los cambios que el Estado empezó a hacer para disminuir tensión social y retener poder, pero que ha provocado que la gente sienta que tiene más grado de libertad para operar. Me refiero a las políticas de controles, tanto de cambio como de precios, que a partir de finales de 2018 entraron en un ciclo de flexibilización. Aunque legalmente están vigentes, en la práctica no existen. Y eso le ha dado grados de libertad al sector privado. El sector privado tiene capacidad de fijar precios, de manejar costos y divisas sin un entorno punitivo.
En tercer lugar, está la dolarización espontánea, caótica, transaccional y no institucional, pero que ha permitido que trabajadores por cuenta propia vean una mejoría de ingresos por encima de los trabajadores formales del sector privado, porque una buena parte del sector privado paga en bolívares por toda la estructura regulatoria. Pero quien ejerce un oficio está cobrando en divisas. Y eso se refleja en esa dinámica de mejora en relación a los años previos.
Y, en cuarto lugar, tenemos a la economía negra, la subterránea, que ocupa cerca del 20% según estimaciones nuestras en Ecoanalítica. Sin entrar en la valoración moral de esas actividades –porque allí hay temas vinculados al contrabando de oro, de combustible, extorsión, corrupción–, eso genera un circulante de dinero que tiene un impacto. Si bien Venezuela sigue en hiperinflación, los niveles de esa tasa de inflación en este momento son mucho menores que los del pasado. La gente percibe eso como mejora: los precios siguen creciendo, pero no al ritmo de 2018.
—Hay inversión pero de pequeñas empresas, ¿las grandes no crecen porque no pueden escapar de ese marco regulatorio del Estado?
—Hay algo de eso, pero también hay que hacer una diferenciación. En algunas empresas del sector privado -no de enchufados, sino empresas serias- ya para el último trimestre del año pasado había algunas mejoras en indicadores sobre volúmenes de venta. Algunos de esos sectores son los de alimentos procesados, medicamentos, tecnología, telecomunicaciones, empaques. Cinco sectores donde puedes encontrar algunos nichos de recuperación. Sin embargo, como señalas, hay unas grandes empresas que contribuían de forma importante al crecimiento en Venezuela, pero están estancadas. La más representativa de ellas es la industria petrolera, que históricamente ha sido una palanca en el país y ahora lo que tenemos es un desplome brutal con una caída cercana al 30% el año pasado. La construcción es otro sector relevante que también tuvo una caída superior al 35%. La manufactura también está afectada por los servicios de energía y la competencia de los productos importados. Estas tres grandes industrias siguen afectadas. Entonces, a nivel macro no generan ese efecto multiplicador y ves ese desacoplamiento entre la economía macro que sigue estando muy mal y una microeconomía, que es muy pequeña e incipiente, que percibe mejoras, porque tiene un efecto más familiar, más local que multiplicador.
—¿Y eso es producto de las sanciones? ¿Las sanciones obligaron al Estado a liberar ciertos controles?
—Sí, un factor son las sanciones, pero no es el factor más relevante. La pérdida del poder económico del Estado es consecuencia del modelo de gestión del chavismo. Era un modelo que solo era viable con precios crecientes del petróleo. Cuando los precios petroleros se estancaron, vino el colapso. El chavismo no aplicó los correctivos a tiempo para enfrentar ese colapso, lo que hizo fue profundizar los problemas. Por eso vemos un país que entre 2013 y 2020 tuvo un desplome superior al 20%. Entró en hiperinflación, tuvo una caída brutal de sus ingresos externos, colapsó su industria petrolera. Coincidieron diferentes desequilibrios. La hiperinflación desplomó al Estado proveedor de bienes y servicios. Las sanciones contribuyeron fue al pragmatismo del chavismo en aras de sobrevivir.
El chavismo ha sido muy claro, su estrategia es mantener el poder a toda costa. Llegó un momento en el que permitir cierto oxigeno a la actividad económica le daba margen de maniobra a ese modelo de perpetuación. Aquí no hay un mea culpa de que el modelo era malo, no hay un mea culpa de que hicieron acciones erradas, sino que permitieron eso para bajar presión interna y para poder tener un margen de maniobra frente a una dinámica que se ha complejizado, ahora sí, por las sanciones.
—¿Eso es perdurable en el tiempo o pudiera revertirse? Porque se especula mucho sobre la administración Biden y sobre las sanciones.
—Destruir es sencillo, pero construir es un proceso que lleva tiempo. Yo soy de los que cree que la administración Biden en el mediano plazo, no en lo inmediato –porque creo que tiene otras prioridades internas– va a cambiar su estrategia respecto a Venezuela y eso incluye algunos cambios con el tema sanciones. Sobre todo aquellas ligadas al petróleo que pueden significar algún beneficio para la economía y para algunos actores del sector privado en el mediano plazo. Pero eso ni de cerca va a permitir que el Estado vuelva a tener el poder ni la significación que tuvo en el pasado. Ese es un proceso que amerita recursos y lleva tiempo. En el estado actual de Venezuela difícilmente se pueda lograr. Por eso, si hay un cambio con las sanciones no creo que volvamos a ver al chavismo en una política estatista agresiva porque no tiene la capacidad de que ese cambio se materialice en eso. Ese cambio lo que sí le puede dar al chavismo –y es el riesgo que se corre– es mayor capacidad de gestión, de resistencia y de que la economía empiece a tener un impulso que reduzca presión a la demanda de cambio político. Es decir, que al final algunos segmentos de la población digan: “Me importa un bledo el régimen político, yo estoy bien”.
—Hay quienes dicen que estamos transitando del socialismo a una economía más libre, aunque siguen existiendo medidas de control.
—Todavía tenemos una economía con un grado muy fuerte de arbitrariedad y control. Creo que aplica aquella frase de Juan Vicente Gómez: “Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley”. Se está construyendo un modelo que le intenta decir al sector privado que si no se mete en la esfera política lo pueden dejar hacer, de lo contrario, van con todo contra ellos. Por eso hay actores que se inhiben, porque no hay un respeto institucionalizado hacia la propiedad privada, hacia el mercado. Es una concesión que termina dando el Estado y que puede cambiar de hoy para mañana.
Es un entorno muy frágil desde esa perspectiva, pero hay que reconocer que hay empresas que han resistido años de profunda crisis y que van a aprovechar cualquier canal de apertura, porque conocen el entorno. Es eso que tú comentabas: hay un segmento que está creciendo y es importante mirar a futuro, y es esa pequeña y mediana empresa que tiene unos grados de flexibilidad mucho mayor. Eso le permite enfrentar con más tino a un entorno como este, donde nada está dicho. Es un modelo de concesión de acción del Estado y no una estructura de economía de mercado con respeto de la propiedad, porque ni siquiera hay independencia de poderes, y eso es vital.
—Es decir, no es seguro invertir en Venezuela si no estás acoplado políticamente con el gobierno.
—Habrá actores que van a invertir, eso está ocurriendo. A mayor riesgo, mayor rentabilidad. No es institucionalizado, son casos puntuales, la mayoría es de amiguismo, por eso se habla del “capitalismo de amigos”. Hay otros que invierten porque conocen el mercado. Pero en realidad, un proceso como lo necesita Venezuela para recuperar tiempo perdido, con entrada masiva de inversores extranjeros, no lo vamos a ver en todo esto.
—Una de las consecuencias más graves de esta economía es la marcada desigualdad. En el país hay muchos contrastes sociales.
—Sí, la consecuencia más evidente de esta nueva etapa del modelo chavista es la desigualdad. Esta es una economía extremadamente desigual, donde aquel que no tenga activos ni capacidad para insertarse al mercado laboral, ni networking para entrar a una dinámica de relaciones que le permita recuperar el poder adquisitivo, queda excluido de todo el sistema y no hay ninguna política pública que lo defienda.
Los que mueren de mengua, que ven una disminución en su calidad de vida, que se van del país, no pueden entrar en el circuito de consumo de Venezuela. Hoy aquí tú puedes comer todo lo que te dé la gana, pero tienes que tener plata. Hay un grupo de venezolanos que no ve en todo esto una mejora, porque su capacidad de emprender o de generar ingresos está muy limitada, bien sea por la edad, por instrucción o, incluso, por el sector donde operan: maestros, policías, médicos, que no tienen los incentivos para convertirse en pequeños emprendedores o empresarios y el sistema los expulsa. Eso es una vivencia. Resolver la desigualdad es una de las cosas más complejas en la economía. Lleva tiempo y eso lamentablemente no lo veo hoy en el gobierno ni en el Estado que nos va a quedar. Este es un Estado que se terminará centrando en el control político y en el social. Venezuela se convierte entonces en uno de los países más desiguales de América Latina.
—Hay informaciones extraoficiales que aseguran que el empresariado, como bloque gremial ha buscado contacto con el gobierno de Maduro para llegar a acuerdos, e incluso con el gobierno de Estados Unidos para flexibilizar las sanciones. ¿Qué sabe al respecto?
—Lo que creo es que el sector privado lo que busca es configurar un entorno que pueda permitir que las empresas se desarrollen. Al final, en Venezuela, hay un actor que ejerce el poder, más allá del debate de si es legítimo o no, y hay que entenderse con él. Hay un efecto inesperado que termina complicándole la dinámica al sector privado. El sector privado lo que busca es abrir canales de comunicación para seguir operando en un entorno hostil. Esos esfuerzos son importantes porque mantienen en pie al sector privado, porque generan empleo, porque son el baluarte que nos queda en el país.
—Con la Asamblea Nacional de Maduro, ¿cómo observa el panorama y la actuación de este poder en la economía? ¿Liberalización o control?
—La prioridad de esa Asamblea va a estar en la dinámica política, al menos en la primera etapa y así lo dijo Jorge Rodríguez en su discurso. El centro primario va estar en categorizar y juzgar en lo que ellos llaman la Asamblea Nacional precedente. En materia económica creo que el elemento central va a venir dado por la Ley Antibloqueo. Esa Asamblea va a darle mayor factibilidad a los principios macros que consagra esa ley. Creo que habrá marchas y contramarchas, no veo una agenda de reformas promercado, pero habrá iniciativas de retroceso. El chavismo no es una unidad monolítica, allí confluyen diferentes intereses y eso se termina reflejando en sus decisiones: ellos van un paso adelante y otro para atrás.
