El Consejo de Ministros español aprobó un decreto por el que las empresas podrán decidir cambiar su domicilio social sin necesidad de contar con el visto bueno de la junta de accionistas, lo que facilitará la salida de la región de Cataluña de las empresas que así lo decidan.
La medida llega en un momento en el que varias compañías han optado por cambiar su sede social a otras ciudades españolas o evalúan esa posibilidad en el contexto de incertidumbre en esa región, donde el pasado domingo tuvo lugar un referéndum independentista ilegal cuyos resultados las autoridades locales quieren aplicar.
Algunas firmas ya han anunciado su cambio de sede en estos días, como Banco Sabadell, la operadora de telecomunicaciones Eurona Wireless, la biotecnológica Oryzon Genomics y la textil Dogi, mientras que Caixabank (tercera entidad crediticia española y primer banco de Cataluña) lo hará previsiblemente en las próximas horas.
Otras compañías, como la aseguradora Catalana Occidente y el fabricante de cava Freixenet, han asegurado que tomarán medidas en función de cómo evolucione el contencioso catalán.
La normativa aprobada hoy por el Ejecutivo de Mariano Rajoy se aplicará a todas las empresas salvo aquellas cuyos estatutos incluyan una «mención expresa» por la que el consejo de administración no pueda ser competente para el cambio de sede.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, explicó a la prensa tras la reunión del Gabinete que esta medida responde a la «petición» de una serie de entidades para hacer frente a políticas «irresponsables» del Gobierno catalán, que «generan inquietudes».
«La decisión (del cambio de sede) sigue siendo de la empresa», según Guindos, quien añadió que esa modificación normativa ha sido «comentada» con otros grupos parlamentarios, en particular PSOE (socialistas) y Ciudadanos (liberales).
Además, una nota del Ministerio de Economía justifica la «extraordinaria y urgente necesidad» de la medida para garantizar el principio de libertad de empresa y la prohibición de adoptar medidas que obstaculicen la libertad de establecimiento de los operadores económicos.
El temor a una proclamación unilateral de independencia por parte de las autoridades regionales de Cataluña ha perjudicado en los últimos días a las empresas catalanas en la Bolsa, una situación que se ha revertido en el caso de las que ya han dicho que se marchan de esa región.
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