La ejecutiva, representada por la abogada colombiana Natalia Mulford, solicitó a la cuestionada firma centroamericana la disolución de la empresa apenas 6 meses después, lo cual se concretó en diciembre de 2011. El nombre de la compañía era Helmont Finance Corporation.
La constitución de esta empresa coincide con el paso de Moya por Bogotá, donde fue denunciada por «incoherencias en los gastos de Pdvsa en Colombia». Una demanda introducida ante la Fiscalía colombiana por el representante de la veeduría de La Ciénaga, José Morales, acusa a la ex ejecutiva de incorporar a su patrimonio particular «los faltantes que se generan de un lado en el caso de los dineros que no ingresan a las comunidades wayúu».
El reportaje, generado a raíz de una enorme filtración de archivos de Mossack Fonseca al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, bautizada como Panama Papers, revela también la relación de Moya con Rafael Ramírez, ex presidente de Pdvsa, ex ministro de Energía y Petróleo, hoy embajador en la ONU.
«Las evidencias biográficas la colocan muy cercana a Diego Salazar, el corredor de seguro y primo de Ramírez, vinculado con el caso de lavado de dinero en el Banco Privado de Andorra», indica el trabajo periodístico firmado César Batiz y publicado en el portal de Panama Papers Venezuela.
De hecho, la ex directora de Pdvsa Gas Colombia figura junto a los nombres de otros altos funcionarios de la estatal petrolera como la única mujer investigada por lavar dinero en el Banco Privado de Andorra. Allí, de acuerdo con la información oficial, pasaron más de 1.400 millones de euros de depósitos de jerarcas de la industria.
Moya actualmente se encuentra desempleada. Fue sustituida en el cargo en Bogotá por la ex cuñada del presidente Nicolás Maduro.
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