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Ley Antibloqueo de Maduro recibe peor ataque del chavista Rafael Ramírez

Rafael Ramírez fue en el pasado el hombre más poderoso en términos económicos del chavismo después de Chávez, como ministro de Petróleo y presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Hoy, desde el exilio arremete contra la esperada Ley Antibloqueo que impulsa Nicolás Maduro para "privatizar" la industria petrolera y derogar de facto artículos de la Constitución vigente.

Ley Antibloqueo de Maduro recibe peor ataque del chavista Rafael Ramírez

El ex zar del petróleo de Venezuela, quien fuera uno de los hombres más poderosos del chavismo, arremete contra la inminente «Ley antibloqueo» que se apresta a imponer el régimen de Nicolás Maduro para permitir privatizaciones en la quebrada industria petrolera, entre otros cambios radicales en un modelo que lucha por perpetuarse ante el colapso de la economía nacional.

Ramírez se encuentra en Europa y es uno de los chavistas perseguidos por el propio chavismo de Maduro. Enfrenta procesos judiciales de los que ha salido más o menos bien librado. Pero como el hombre que encabezó la que fuera la industria petrolera más poderosa de América Latina y hoy convertida en cenizas, recibe críticas constates desde casi todos los bandos del complejo espectro político venezolano.

Este fin de semana Maduro ordenó acelerar la aprobación de la reforma.

En un artículo recién difundido a través de medios electrónicos, el ex ministro de Petróleo y ex presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) compara a Maduro con Pedro Carmona Estanga, el ex empresario y ex presidente de la patronal Fedecámaras que en 2002 fue parte de un confuso y muy efímero golpe de Estado que siguió a un vacío de poder dejado por Chávez, cuando al líder histórico de la llamada revolución bolivariana se quedó por pocas horas sin el apoyo de sus generales.

«Con la entrega de este “Proyecto de Ley Antibloqueo” estamos ante una segunda edición del golpe de Estado de Carmona Estanga en el año 2002, esta vez protagonizado por Maduro y los principales actores de su gobierno», dice Ramírez, abogado de profesión.

La reforma de Maduro se dispone a «consumar uno de los crímenes más grandes contra la soberanía económica del país: la reversión de las nacionalizaciones de sectores fundamentales, estratégicos, claves de nuestra economía».

En las disposiciones finales, este proyecto «deroga la Constitución» Nacional.

«Esta Ley está completamente al margen de nuestras Leyes y de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Lo que pretende Maduro y su gobierno es consumar un GOLPE DE ESTADO», dice al citar la segunda disposición transitoria del proyecto de esta Ley que será impuesta por la Constituyente.

Esta organización, conformada por 100 por chavistas fue creada por Maduro en 2017 como poder legislativo paralelo para usurpar las funciones del parlamento opositor:

“Quedan suspendidas las normas que colidan con lo dispuesto en esta Ley Constitucional, la cual siempre tendrá aplicación preferente incluso respecto de leyes orgánicas y especiales que regulen las materias que tratan dichas disposiciones, …”

«Con esta Ley, Maduro retrocede a los peores años de la ofensiva neoliberal en el país de los años ’90; hay que decirlo, el paquetazo y las privatizaciones del segundo gobierno de CAP, no son nada, con respecto a lo que hace y pretende hacer Maduro», agrega al afirmar que lo que está en marcha es más amplio que la propia apertura petrolera que fue abolida por el chavismo en manos de Chávez y Ramírez.

«Esta Ley viene a permitir la privatización de los activos y empresas del Estado con la burda excusa de las sanciones, poniendo en manos de operadores privados el patrimonio de los venezolanos», agrega.

Veamos lo que sucederá con PDVSA y sus más de 327 empresas filiales, con base en la interpretación aislada y en forma ajena al espíritu, propósito y razón del Constituyente, al interpretar de forma aislada el artículo 303 de la Carta Magna.

Lo que Ramírez llama «Ley del Saqueo» permitirá privatizar a Pdvsa y sus más de 327 empresas filiales, explica:

«PDVSA Petróleo, filial de PDVSA, que es la empresa de la Corporación, que maneja toda la producción de petróleo y gas, la refinación y comercialización de hidrocarburos en el país, según este artículo, interpretado convenientemente por el gobierno, podría ser privatizada por ser precisamente una filial».

También la Corporación Venezolana de Petróleo, la CVP, filial de PDVSA, creada para gestionar las Empresa Mixtas, constituidas con empresas privadas, pero con mayoría accionaria de PDVSA, podría ser privatizada, según la interpretación de Maduro, por ser una filial de PDVSA.

También, «cualquiera de las Empresas Mixtas, filiales de PDVSA, donde el Estado, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Hidrocarburos y en el Decreto 5.200 de Nacionalización de la Faja, tiene mayoría accionaria y control efectivo de las operaciones, que, nuevamente según la interpretación sesgada de esta Ley, serán privatizadas».

«Igual suerte correrán las demás empresas y filiales de PDVSA, PDVSA Servicios Petroleros, PDVSA Naval y un largo etc., son 327 empresas y filiales de PDVSA que, según la interpretación inconstitucional de la Ley, serán entregadas. La piñata».

«Con esta Ley se revierten todas las acciones de nacionalización realizadas durante la gestión del presidente Chávez» y eso se hará, advierte en el «más absoluto secreto, repartiendo de espaldas al pueblo activos y empresas del Estado, violando con el más absoluto descaro nuestra Constitución».

«El gobierno, en alarde de un falso nacionalismo, dejará a PDVSA como un cascarón vacío, 100% propiedad del Estado, mientras que privatiza todas las filiales sustantivas y operadoras del Estado. Así, se pretende ¨lavar la cara¨ ante el pueblo, seguir manipulando con el discurso y propaganda, a la vez que entrega las empresas que garantizan la propiedad y control del Estado sobre el petróleo», afirma.

«El gobierno ni se atreve a mencionar que actuará “sin perjuicio” de lo establecido en el Artículo 302 de la Constitución, porque es en este artículo que en la Constitución se reserva la propiedad y control del Estado sobre el petróleo y otras industrias de interés público y carácter estratégico».

Con la privatización en marcha, estas industrias serán cedidas al control de los privados, explica.

Artículo 302: “El Estado se reserva, mediante la ley orgánica respectiva, y por razones de conveniencia nacional, la actividad petrolera y otras industrias, explotaciones, servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico”.

 «La reserva, no sólo tiene que ver con la propiedad, también tiene que ver con la operación y control, porque se trata de un tema de soberanía e integridad territorial», explica.

«Entonces, no es como pretende el gobierno, en el artículo 22 de esta ley, que puede celebrar todos los actos o negocios jurídicos” que quiera. Nó, la Constitución y las leyes imponen límites y restricciones para preservar el interés público, el interés general de todos los ciudadanos».

Los artículos 302 y 303 de la Constitución deben observarse de manera conjunta y de conformidad con el resto de su articulado (entre otros, con el artículo 11 que fija la Soberanía sobre el subsuelo y el 12 que otorga el carácter de bienes del dominio público a los yacimientos petroleros), y mas aún, de los Principios y Valores Constitucionales consagrados desde su Preámbulo.

El artículo 302 de la Constitución le pone un límite al gobierno, en éste, la Constitución hace reservas muy específicas sobre actividades que, como la “petrolera y otras industrias, explotaciones, servicios y bienes” son “de interés público y de carácter estratégico”.

Fuego amigo

En un largo ensayo de análisis jurídico más minucioso que el que haya podido presentar cualquier otro frente de la oposición, inclusive el que encabeza Juan Guaidó, Ramírez enumera lo que califica como «atrocidades» que se cometerán con esta oculta apertura liberal de Maduro:

Se desaplicarán leyes, lo cual es una acción reservada en la Constitución nacional al Poder Judicial «para garantizar los derechos e intereses colectivos y difusos del pueblo y la transparencia de la gestión pública».

Además «se abre la posibilidad de privatizar las filiales y demás empresas de PDVSA, debido a que no se establecen límites sobre los sectores estratégicos reservados al Estado en la Constitución —incluido el petróleo—».

Contempla modificar «el ordenamiento jurídico de la República para “adaptarse” a los mecanismos propios de la práctica mercantil del Derecho Internacional Privado, es decir, al ordenamiento jurídico del capitalismo transnacional». Esto se refiere a que la reforma contempla recurrir a los tribunales internacionales cuando haya casos de arbitraje por diferencias que dirimir entre la República y sus futuros socios privados.

Ramírez afirma que «el impulso a la inversión privada y la restitución de sus activos»,  no es más que revertir las nacionalizaciones realizadas durante el gobierno de Chavez.

El ofrecer garantías al capital internacional incluyendo las medidas de arbitraje «viola la soberanía nacional», señala.

Un punto crucial de esta reforma que se apresta a imponer Maduro es «la más estricta confidencialidad» en estas negociaciones, pues se contemplan sanciones «a aquel funcionario público que cumpla con su deber de informar al país de lo que suceda con la administración de los asuntos del Estado».

«Por último, y como acción más grave, en las disposiciones finales se suspenden las normas que colindan con la referida ley, es decir, se deroga de facto la Constitución», advierte Ramírez.

«Mientras tanto, el pueblo venezolano, tal como aquellos días infames, está en la calle, lucha desesperado, con sus esperanzas y miseria a cuestas, el gobierno reprime, a sangre y fuego, a plomo limpio impone su paquetazo, sus leyes entreguistas, le arrebata su futuro, mientras los mismos actores políticos que hoy están en el poder, se esconden, como hicieron muchos en aquellas horas terribles», del golpe de Estado de 2002, agrega.

También advierte que esta reforma pretendida será ejecutada con operaciones «ilegales e inconstitucionales, y de gran magnitud, deben desarrollarse en el mas absoluto SECRETO, en violación, entre otros, de los artículos 141 y 143 de la Constitución.

«Es decir, el gobierno se dispone a entregar el patrimonio de todos los venezolanos, nos compromete con “inversionistas” y operadores privados, y ni siquiera permite que el país se entere de los términos y condiciones, beneficiarios, sectores afectados, montos, compromisos adquiridos, nada», señala.

«Será el más grande acto de corrupción de la historia, de un gobierno que ya ha demostrado ser bastante corrupto e inescrupuloso, donde los operadores privados, amigos, agentes y familiares de la cúpula que gobierna el país, se apropiarán de empresas, activos y recursos del Estado, de todo el país, sin ni siquiera dejar rastro de su delito, sin que nadie sepa, ni nadie controle las operaciones, el cumplimiento de la Ley», remata.

«La ley otorga a los funcionarios públicos una potestad que no tienen, que es inconstitucional, NO se puede ocultar información relativa a materias sensibles o estratégicas definidas de interés público en la Constitución, más aún cuando se trata de contratos de interés nacional, de actos que han de ser controlados por la Asamblea Nacional y por el Poder Judicial, entre otros, se viola el Principio de Transparencia que ha de regir la acción de la Administración Pública, la obligación de rendición de cuentas, el principio de responsabilidad en el ejercicio de la función pública, el principio de racionalidad y razonabilidad administrativos, violando los artículos 141, 143, 150, 187, 22 y siguientes de la Constitución, entre otros», dice Ramírez.

El gobierno, que, por mandato Constitucional, está obligado a informar de su gestión a los demás órganos del Estado, a los organismos de control y al pueblo, ahora encubre sus operaciones en el más absoluto secreto, amenazando con prisión a los funcionarios que cumplan con su deber de informar al país de lo que suceda con la administración de los asuntos del Estado, de la Hacienda Pública.

Los artículos 35 y 36, insisten en el secreto que rodeará a estas operaciones que involucran el patrimonio del país; y es claro en la amenaza de prisión contra los funcionarios o ciudadanos que informen al país con respecto a lo que hace el gobierno.

Artículo 35. “Se prohíbe el acceso a documentación que haya sido calificada como confidencial o reservada, así́ como, tampoco podrán expedirse copias simples ni certificadas de la misma.