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¿Qué protege Repsol en Venezuela?

Analistas petroleros señalan que Repsol no la tiene fácil, menos ahora que, según Bloomberg, es una de las escogidas por Nicolás Maduro para iniciar un plan de privatización en la industria petrolera | Texto de Erika Hidalgo

¿Qué protege Repsol en Venezuela?

Repsol no quiere irse de Venezuela: espera seguir “al menos 20 años más”, afirma Antonio Brufau, presidente de la petrolera española, pese a saber que las sanciones impuestas por Estados Unidos al corazón financiero del país, el petróleo, están haciendo lo suyo. Incluso habiendo iniciado la firma un proceso de reducción patrimonial en sus negocios con Caracas.

Las razones para no querer dejar los negocios en Venezuela no son pocas. Ni el complejo cuadro político y social, ni la reducción de la producción y ahora las sanciones, han amilanado las intenciones de Repsol de seguir anclada al mayor reservorio de crudo del planeta.

Una larga historia en Venezuela

La directiva de la petrolera española ha analizado los riesgos geopolíticos que implica su permanencia en Venezuela, donde aterrizó en 1993. Repsol llegó al país en pleno proceso de la Apertura Petrolera, iniciada en la década de los noventas, durante la administración de Rafael Caldera.

Más adelante, entre 2006 y 2007, se retrató entre las primeras petroleras en aceptar las nuevas reglas del juego y migró a empresas mixtas sus negocios con el Estado venezolano, bajo la égida del fallecido expresidente Hugo Chávez Frías.

En pleno auge de su popularidad, Chávez le aseguró al Estado venezolano la mayoría accionaria de los pozos petroleros. La participación mínima para Venezuela era de 60%. En algunos casos, alcanzaba 80%, tal y como quedó plasmado en el acuerdo marco suscrito con las nuevas compañías. Entretanto, elevó las cargas impositivas de las regalías y del impuesto sobre la renta. Repsol estuvo de acuerdo.

El presidente de la corporación española suscribió las nuevas sociedades sabiendo de antemano que los negocios en el mundo petrolero son de constantes cambios y altos riesgos. Hoy, esa realidad le mueve otra vez el piso.

Brufau insiste en que la empresa no tiene opiniones políticas sobre lo que hagan los gobernantes de los países en los que opera. En lo relativo a las sanciones de Trump, ha reiterado que las cumplen estrictamente, dentro de los parámetros legales y las normas internacionales.

Incluso, la recepción periódica de crudo en pago de deudas que mantiene Pdvsa con Repsol, también respeta las normas, informó la petrolera hispana en su reporte de septiembre de 2019.

Sopesando las sanciones

Las medidas sancionatorias que la administración de Donald Trump impuso a Pdvsa en agosto de 2017, representan más que amenazas contra sus negocios en Venezuela. La petrolera española también produce 113.539 barriles diarios equivalentes de petróleo en territorio estadounidense. Esto incluye el Marcellus Shale, uno de los mayores campos de gas del mundo.

Estos negocios estadounidenses son considerados estratégicos por la gerencia de Repsol.De allí que deba medir muy bien qué pasaría si decide aceptar el control de las empresas mixtas en las que participa en Venezuela.

Por otra parte, la Unión Europea ha sido renuente a imponer sanciones que afecten al gobierno chavista como un todo. Se ha limitado a penalizar a personas de interés dentro del régimen y a hacer señalamientos críticos, ciertamente genéricos, a organizaciones que apoyan al gobierno de Nicolás Maduro.

La línea de la UE es coincidente, en esencia, con la postura de Estados Unidos sobre la necesidad de que Venezuela realice nuevas elecciones presidenciales para dirimir el conflicto político. Sin embargo, difiere de la política de Washington en la forma. Todo esto lleva a las empresas europeas a entender que el riesgo Venezuela es alto.

En medio de este panorama, la directiva de Repsol tomó medidas de precaución. Para disminuir riesgos, adoptó disposiciones para disminuir su exposición patrimonial. Cifras de la transnacional muestran que, al 30 de septiembre de 2019, la exposición se había reducido a 351 millones de euros, cuando en 2017 sumaba 1.480 millones.

Venezuela, un gran negocio para Repsol

En 2005 Repsol, en consorcio 50-50 con la italiana ENI, se hizo del bloque Cardón IV del proyecto gasífero Rafael Urdaneta. El pozo, perforado en 2011, llamado Perla IX ,resultó ser el mayor hallazgo de gas en la historia de Venezuela y de la propia compañía.

Las reservas probadas del yacimiento suman cerca de 17 billones de pies cúbicos de gas y, según Brufau, equivalen a 18 veces la demanda anual de gas de España.

Actualmente, la producción del Perla asciende a unos 534 millones de pies cúbicos por día (mmpcd). De haber continuado los planes iniciales, Repsol y ENI estarían compartiendo, este mismo año, una extracción de gas del orden de 1.200 mmpcd. Este ivel de producción se mantendría hasta el final del contrato en 2036.

Repsol también participa con 40% en Petroquiriquire (bloques Quiriquire, Mene Grande, Barúa Motatán, todos con vigencia hasta 2031); con 11% en Petrocarabobo, vigente hasta 2035; y con 60% en Quiriquire Gas (vigente hasta 2027). En Yucal Placer, una licencia de gas no asociado, posee 15% de la sociedad.

Testigo de una caída petrolera

En los ocho bloques que opera Repsol se logró, al cierre de 2018, una producción de 62.059 barriles equivalentes de petróleo día (bepd), lo que significa una caída con respecto 2017, cuando se promediaron 77.054 bepd. El nivel de reservas, por su lado, sumó 514 millones de barriles equivalentes de petróleo,de acuerdo con el último reporte anual publicado por la firma española.

Repsol, al igual que el resto de las socias de Pdvsa, tal vez nunca imaginó que sería testigo de la debacle de una industria que, para 2012, estimaba producir más de 6 millones de bpd, y unos 11.000 mmpcd.

Las capacidades, sin embargo, están allí. Las transnacionales esperan nuevos aires para sacar del congelador el portafolio de negocios diseñado para Venezuela, han informado varias petroleras con importantes activos en juego.

¿Sumarse o no a la privatización?

Analistas petroleros, como Rafael Quiroz Serrano, señalan que no se puede tapar el sol con un dedo. Repsol no la tiene fácil, menos ahora que, según Bloomberg, es una de las escogidas por Nicolás Maduro para iniciar un plan de privatización en la industria petrolera. Situación que la expone en un momento complejo.

En una accción desesperada, el líder del régimen chavista ha llamado a las petroleras para elevar la decaída producción de crudo, que entre 2014 y lo que va de 2020 se ha contraído desde 2,7 millones de barriles por día (Mbpd) a 733.000 bpd, según reportó la OPEP este pasado 12 de febrero.

Las petroleras también saben que Maduro no es reconocido como presidente legítimo de Venezuela por la mayoría de los países del mundo democrático, luego de un fraudulento proceso electoral organizado en mayo de 2018.

Sobre Maduro y sus cuerpos represivos también pesan graves denuncias de violaciones de derechos humanos, ampliamente documentadas por la alta comisionada Para los DD HH de la ONU, Michelle Bachelet.

¿Qué hará Repsol?

Francisco Monaldi, economista e investigador del Instituto Baker en la Universidad Rice en Houston, consultado por El Estímulo, dice no descartar “que puede que (Repsol) tenga conversaciones para ver qué ofrece el gobierno, y también porque ellos quieren cobrar lo que les deben, como han podido hacer recientemente”.

El analista señala, sin embargo, que no cree «que una empresa europea esté dispuesta a invertir significativamente o a tomar una participación mayoritaria sin que pase legítimamente por la AN y sin que se levanten las sanciones”.

Quiroz coincide con Monaldi y piensa que “ninguna petrolera se lanzaría a una aventura con el régimen de Nicolás Maduro”.

Sostiene que el asunto no es solo formalizar una nueva sociedad bajo nuevas condiciones. “Se trata de hacer frente a las leyes que deberían ser modificadas para poder dar curso a un ofrecimiento de esa magnitud”.

Solo de la Constitución Nacional, señala Quiroz, habría que modificar los artículos 12, 13, 301, 302, 303, 311, todos tremendamente polémicos, que enfrentarían al régimen de Maduro a un debate público sobre la entrega de soberanía y que comprometen a la actividad petrolera del país.

Asimismo, asegura que el gobierno tiene las de perder en términos de basamento jurídico, además de que no le conviene abrir nuevos y espinosos espacios de ataque en su contra.