El 1 de septiembre del año 2012, la ministra de asuntos penitenciarios de Venezuela, Iris Varela, anunció la demolición del Centro de Reeducación y Trabajo Artesanal El Paraíso, mejor conocido como “La Planta”, tras un motín de los reos que ocasionó la muerte de Maria Marrero, una joven de 21 años que se encontraba de pernocta en el retén.
A través de un audio, el preso político desde el 31 de enero de 2016 Vilca Fernández aseguró que una comisión armada y grupos de asalto estarían entrando a las instalaciones de El Helicoide luego de que un grupo de presos iniciaran una protesta el pasado miércoles 16 de mayo que dejó como saldo al menos un herido.
El Tribunal Supremo de Justicia informó a través de su cuenta en Twitter que el jugado tercero de Control de Caracas dictó medida privativa de libertad contra los 11 directivos de Banesco, detenidos desde el pasado 2 de abril tras ser acusados de estar vinculados a delitos de lavado de dinero.
La directora ejecutiva de la organización no gubernamental (ONG) Justicia Venezolana, Lilia Camejo, denunció el incremento de detenciones de militares por razones políticas que se ha registrado durante el año 2018, contabilizándose al día de hoy a 92 funcionarios castrenses tras las rejas, de los cuales 34 han sido capturados durante el año 2018.
El Gobierno colombiano le reiteró el pasado 9 de marzo al Ejecutivo de Venezuela la solicitud de liberar "de inmediato" a los 59 ciudadanos del país andino detenidos en la nación petrolera y acusados de paramilitarismo.La Cancillería colombiana recordó en su mensaje el fallo del Juzgado 27 de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que ordenó la libertad de los 59 presos el pasado 21 de noviembre de 2017, según recoge un comunicado de ese despacho.Colombia, a través de su embajada en Venezuela, le solicitó al Viceministerio de América Latina una audiencia con el fiscal general, Tarek William Saab, para que intervenga al respecto.Esa solicitud ya había sido presentada y fue reiterada mediante una nota diplomática.También le insistieron al Gobierno venezolano por "la atención médica urgente" para Luis Alberto Pérez Díaz, Dolyer Yépez y Elena Hincapié, quienes hacen parte del grupo de detenidos y presentan "algunos problemas de salud", agregó la información.El pasado 22 de febrero, el cónsul general de Colombia en Caracas, Juan Carlos Pérez, se reunió con los detenidos, les llevó comida y elementos de aseo, además de explicarle "que una de las prioridades del Gobierno colombiano es insistir en su liberación".Además, el funcionario consular recibió el pasado 7 de marzo en su despacho a ocho ciudadanas, compañeras y parejas, de algunos de los detenidos a quienes "les brindó asistencia, explicándoles las acciones que las autoridades colombianas han realizado para lograr la libertad de los ciudadanos colombianos".La cartera de Relaciones Exteriores recordó que se han realizado más de 25 reuniones con las autoridades venezolanas para analizar esta situación, entre ellas con los ministerios del Interior y Justicia, la Cancillería, el defensor del Pueblo, la Nunciatura Apostólica, funcionarios del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) y autoridades policiales y militares, entre otros."A través de los canales diplomáticos se han enviado más de 40 notas oficiales. Se han realizado brigadas de salud, suministro de medicinas y alimentos, expedición de pasaportes exentos y trámite de registros civiles a los hijos de los connacionales", agregaron.La canciller colombiana, María Ángela Holguín, también ha solicitado en diversas ocasiones a su homólogo venezolano, Jorge Arreaza, la libertad de los 59 colombianos y ha expuesto el tema ante otras instancias del gobierno de ese país.]]>
Humberto Prado, director de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), destacó que durante los primeros 52 días del año 2018 la violencia carcelaria ha dejado 47 muertos, 20 heridos y 90 fugas en el país.
Durante la madrugada de este jueves, el conflicto dentro del Penal de Tocuyito fue controlado por el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, luego de conversar en varias oportunidades con los líderes del motín. La situación se alivió luego de acordar el traslado de 100 reos a distintos centros penitenciarios, informó a El Estímulo la diputada a la Asamblea Nacional, Adriana Pichardo.
Iris Varela, ministro de Asuntos Penitenciarios, resolvió trasladar a los reos que se declararon en huelga de hambre en la cárcel del Rodeo II, en el céntrico estado Miranda, hacia otras cárceles.
La ONG Una Ventana a la Libertad tuvo acceso a una data oficial en el que se detalla que en 16 estados del país hay 1928 reclusos en centros de detención preventiva de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), de los cuales hay múltiples casos de presos con desnutrición.
En horas de la tarde de este jueves, funcionarios del Centro Nacional de Procesados de Ramo Verde (Cenapromil) fueron sometidos por un grupo de reclusos, presuntamente pertenecientes a la Guardia Nacional, mientras eran trasladados de Caracas de regreso al centro penitenciario. En la acción, los efectivos fueron despojados de sus armas de fuego, así como del vehículo en donde se transportaban y se dieron a la fuga.
Los centros de detención preventiva de Nueva Esparta están marcados por una gran crisis de hacinamiento, enfermedades y violaciones de todos los derechos constitucionales y humanos de los privados de libertad. El retardo procesal y la falta de un recinto penitenciario formal en el estado han llevado a las autoridades a tomar medidas desesperadas para controlar la situación dentro de lo posible, aun cuando estas decisiones no representan beneficio alguno para los detenidos.
Al menos ocho presos que estaban en centros de detención preventiva de Venezuela han muerto este año por desnutrición, denunció este viernes una organización no gubernamental que defiende los derechos de los reos.
Los privados de libertad recluidos en los calabozos de los cuerpos policiales de Nueva Esparta siguen enfrentando dificultades que hoy consideraron inaceptables y por las que serían capaces de emprender acciones de protesta “si no son atendidos”. Denunciaron que las irregularidades y vicios que existen en el sistema judicial del estado insular son responsabilidad del Ministerio Público, porque sus funcionarios están impulsando la violación de sus derechos humanos y constitucionales.
Dos personas fueron detenidas hoy por el envío del paquete bomba que explotó el pasado 10 de agosto en la sede en Buenos Aires de la empresa española Indra, encargada del sistema para el recuento electoral.
La madrugada de este viernes 11 de agosto, 12 detenidos que permanecían en el Comando de la Policía Municipal de San Diego, estado Carabobo, lograron escaparse por un boquete que abrieron en una pared que da hacia la parte posterior de la sede. El orificio no es muy grande, sin embargo, a través de él, se fugaron.
En horas de la madrugada de este miércoles, 17 detenidos que permanecían recluidos en el calabozo número 5 de la Policía Municipal de San Joaquín, en Carabobo, se fugaron del lugar a través de un boquete que lograron abrir en una de las paredes.
El Ministerio del Servicio Penitenciario impidió a fiscales del Ministerio Público su ingreso al internado judicial de El Dorado, en el estado Bolívar, este viernes.
Al menos 155 civiles han sido encarcelados por orden de tribunales militares desde que comenzaron las protestas contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, el pasado 1 de abril, denunció este viernes la ONG Foro Penal.
Los presos venezolanos que estén próximos a completar su condena formarán parte de la mano de obra de la Gran Misión Vivienda Venezuela para reparar casas de zonas populares, informó este lunes la ministra penitenciaria de ese país, Iris Varela.