La Justicia colombiana busca agilizar sus procesos para reducir el tiempo de la detención preventiva a los acusados y así minimizar el hacinamiento carcelario, que diversas fuentes sitúan en torno a un 50 % en el país, según datos divulgados hoy en un foro sobre el sistema penal acusatorio del país.
«Seguimos viendo la detención preventiva como un pago anticipado de la pena, lo que nos ha llevado a tener un número muy alto de detenidos preventivamente», afirmó durante la instalación de un foro en Bogotá el ministro de Justicia de Colombia, Yesid Reyes.
El evento, organizado en la Universidad Santo Tomás por la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), abordó los avances del sistema penal colombiano en los últimos diez años y sus retos, entre los que destaca la detención preventiva.
Reyes indicó al respecto que el actual sistema penal acusatorio «es bueno y muchísimo más garantista», si bien no ha tenido éxito en uno de sus principales objetivos: «reducir la detención preventiva».
El ministro indicó que actualmente «un tercio de la población carcelaria en Colombia corresponde a personas detenidas preventivamente, es decir, privadas de la libertad, sin que al respecto se haya dictado sentencia».
Además, tres cuartas partes de los detenidos preventivamente llevan más de un año en esta situación «sin que se les haya dictado sentencia», destacó el funcionario, que recordó que el pasado 6 de julio se aprobó una ley que establece que estas personas no podrán estar retenidas más de doce meses.
La meta del Gobierno es que para julio de 2016 no haya «ninguna persona detenida preventivamente más de un año», y así poder reducir el hacinamiento en las prisiones del país, donde se encuentran 121.000 personas, según datos divulgados hoy por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Colombia.
El jefe de la misión del CICR en Colombia, Christoph Harnisch, dijo en un seminario en Bogotá que «todavía queda mucho por hacer» por la dignidad de las personas privadas de la libertad ya que el hacinamiento ronda el 55 %, según cifras oficiales recogidas por el organismo.
Este dato contrasta con el 46 % de hacinamiento a nivel nacional que se reportó en el foro de la CEJ y Usaid y con el «promedio del 156 %», que sostiene la Defensoría del Pueblo de Colombia.
Por otro lado, Reyes apuntó que el año pasado el 55 % de los casos que salieron del sistema penal correspondió a procesos archivados «porque no se logró encontrar al autor del delito en un 44 %, o a la víctima en un 11 %».
Para el ministro los datos muestran «un vacío o problema en esa parte de la investigación».
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