«El área sembrada con coca a corte del año pasado tuvo una ligera reducción al pasar de 171.00 hectáreas (en 2017) a 169.000 hectáreas» el año pasado, dijo el representante en Colombia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudc), Pierre Lapaque, desde la presidencial Casa de Nariño en Bogotá.
La disminución rompe con la tendencia creciente que registraba Colombia desde 2014, cuando saltaron a 69.000 hectáreas cultivadas frente a 48.000 en 2013, y que en 2017 lo llevó a un alza récord en narcocultivos y producción de cocaína.
Sin embargo, «Colombia aún está en los niveles de cultivo de coca más altos» desde que Naciones Unidas inició las mediciones en 2001, agregó Lapaque.
El presidente Iván Duque, que declaró junto al diplomático, celebró que se haya quebrado la «tendencia de crecimiento exponencial» de los narcocultivos, de la que responsabiliza a la estrategia antidrogas de su antecesor Juan Manuel Santos.
«No solamente se celebra haber parado ese crecimiento exponencial y haber logrado una reducción sino también lo que esto trae como beneficios al país frente a lo que era una tendencia alarmante y grave», afirmó.
Duque ha cuestionado la estrategia de Santos, que combinaba la eliminación manual de plantaciones con acuerdos de sustitución voluntaria con los campesinos cocaleros consagrados en el acuerdo de paz con la exguerrilla FARC.
El representante de Onudd apuntó que la baja responde a los esfuerzos estatales, que incluyen erradicación, sustitución y persecución a narcos.
Lapaque apuntó que hubo un «efecto de compensación» que explica que la reducción no fuera mayor: mientras que los sembradíos se redujeron en nueve departamentos, hubo incrementos en regiones como Bolívar (norte), Cauca (suroeste) y Norte de Santander (frontera con Venezuela).
«Los cultivos de coca cada vez están más concentrados», afirmó. En zonas intervenidas, se redujeron en promedio entre 8 y 10%, en tanto que en las «no intervenidas» aumentaron 10%.
Presionado por Estados Unidos, Duque busca luz verde para volver a las fumigaciones aéreas con glifosato para contener el crecimiento de los cultivos ilegales, que financian a los grupos armados que controlan extensas zonas del territorio colombiano.
Las aspersiones fueron suspendidas durante el gobierno de Santos en 2015 por sus potenciales daños a la salud humana y el medioambiente.