El gobierno de Guyana, a través de su canciller, Robert M Persaud, denunció este lunes 23 de octubre lo que califica como un intento claro de Venezuela de anexionarse parte de su territorio, en respuesta a una pregunta que formula el régimen de Nicolás Maduro en un proceso de referendo consultivo que llevará a cabo el 3 de diciembre a través del Consejo Nacional Electoral (CNE).
En un comunicado oficial difundido a través de las redes sociales, Persuad dice que en la intención de seguir adelante con su «ilegal e infundado reclamo de más de dos tercios del territorio nacional de Guyana, la pregunta cinco es la más perniciosa».
«Ésta descaradamente pretende la aprobación por parte del pueblo venezolano de la creación de un nuevo estado venezolano consistente en la región del Esequibo de Guyana, la cual podría ser incorporada dentro del territorio nacional de Venezuela», y otorgarle la ciudadanía venezolana a la población, señala.
«Esto significa nada menos que la anexión de territorio de Guyana, en flagrante violación de la más fundamental de las reglas de la Carta de Naciones Unidas, la Carta de la Organización de Estados Americanos y de la ley internacional en general», argumenta.
«Esa apropiación del territorio de Guyana puede constituir un crimen internacional de agresión», agrega.
«El gobierno de Guyana categóricamente rechaza cualquier intento por socavar la integridad territorial del estado soberano de Guyana».
«El gobierno de Guyana encuentra abominable que la región del Esequibo, que forma parte del territorio de Guyana, en concordancia con el Laudo Arbitral de 1899 que demarcó las fronteras de los estados de Venezuela y la entonces Guyana Británica, deba ser ‘creado’ en un estado dentro de Venezuela».
«Ningún gobierno o pueblo de ningún país tiene derecho en la ley internacional a ocupar, anexarse o tomar el territorio de otro país. La ley internacional enfáticamente lo prohíbe», agrega.
El comunicado dice que el el gobierno de Guyana llama la atención de la comunidad internacional sobre las acciones llevadas a cabo por el gobierno de Venezuela porque tienen «el potencial de incitar a la violencia y de amenazar la paz y la seguridad del Estado de Guyana y por extensión de la región del Caribe».