"No hemos visto justicia en las investigaciones del Caracazo" (+ video)

José Miguel Lizcano tenía 21 años el 27 de febrero de 1989. Trabajaba como archivista en una compañía de sistemas. Vivía en la Cota 905, sector Villa Soila, en Caracas. Había prestado el servicio militar como policía naval, durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Formaba parte de una familia de siete hermanos.

Era amante de la natación y tenía un espacio resguardado con sus medallas. Recuerda su hermana, Aura Lizcano, que era como una especie de «pescadito». Para ese momento, realizaba cursos de contabilidad en el Inces. Salió de su trabajo pero ese día llegó «muy molesto» a casa porque había comprado un pollo «más caro de lo normal». Comentó que había oído en la calle sobre muchas revueltas y saqueos en negocios.

No dudó en recomendar a sus familiares que no se acercaran a la reja porque estaban lanzando bombas lacrimógenas. Como policía naval, tenía más conocimiento de lo que significaba un toque de queda en el país. José Miguel mandó a sus allegados a echarle vinagre a los pañales, para cubrir a los niños que estaban en casa, a que se escondieran en los cuartos y no se asomaran en las ventanas.

Noche en vela

El 28 de febrero el sector ya estaba tomado por militares. Como a las 5:30 de la tarde, José Miguel bajó a jugar básquet en la cancha, y luego se fue a echar una partida de dominó en una casa adyacente al lugar. Y no volvió:

«Como a las 9:00 de la noche comenzamos a preocuparnos porque no había subido. Me asomé desde la casa y me di cuenta que ya no estaban jugando. Mi madre comenzó a angustiarse y me dijo que la acompañara a ver dónde estaba José Miguel».

Hicieron el intento de bajar y los policías estaban apostados en las escaleras. En las dos primeras alcabalas las dejaron pasar, pero ya en la última les prohibieron el paso. Les dijeron que esperaran a que fueran las 6:00 de la mañana porque había toque de queda. No podían llamarlo porque las líneas telefónicas estaban colapsadas, habían arrancado los cables.

«Por el sector no teníamos cómo llamar. Tuvimos toda la noche en vela», aseguró. En la casa estaban cuñados y primos y se dividieron de dos en dos para buscar a José Miguel. Fueron a hospitales, destacamentos y sedes policiales donde había detenidos. Lo último que visitaron fue la morgue de Bello Monte donde les dijeron que, de haber ido tres días antes, «posiblemente» lo hubiesen conseguido.

«Mi hermano no se quedó con la información que le estaban dando, sino que pidió entrar a una habitación. Estaba repleta de cadáveres. Creyó haber reconocido los pies de José Miguel, comenzó a levantar cuerpos y cuando llegó al último se dio cuenta que no era».

Sigue desaparecido

El 23 de marzo de 1989 Aura fue a lo que era en ese momento la Policía Técnica Judicial (PTJ) a denunciarlo como persona desaparecida. «Estábamos agotados. No aparecía ni vivo ni muerto. Duré toda la mañana allí, hasta que les salió por fin atenderme y me tomaron el testimonio. Me entregaron tres álbumes de fotografías, pero no vi el cuerpo de mi hermano», afirmó.

Le entregaron unas citaciones, pero no obtuvo información «de ningún tipo». Una joven le obsequió un recorte de periódico que informaba acerca de otras familias que se encontraban en su misma situación y daba a conocer sobre un Comité de Víctimas de Desaparecidos. «Ahí conocí a otros familiares. Me sentí acompañada y atendida», dijo.

La hicieron llenar una ficha, con datos y fotos de su hermano. A partir de allí, mandaron dichas correspondencias a organismos internacionales. «Yo me sentí que estaban trabajando rápido. Tenía esperanza de que sí lo iba a conseguir. Pero no fue así», dijo.

Pasó el tiempo y comenzaron a pensar qué podían hacer para lograr una respuesta por parte del Gobierno nacional. «Aún estamos a la espera de nuestros cuerpos», dijo. Desde ese momento, Aura se convirtió en defensora de derechos humanos.

«No nos quedamos en el año 89. Después del Caracazo hemos estado recibiendo casos de violación de derechos humanos», precisó. Hasta hoy en día, Aura no sabe dónde está el cuerpo de José Miguel. No sabe si está enterrado o no, lo que sí es que sigue desaparecido.

Investigación paralizada

«Me gustaría que el Gobierno retomara las investigaciones. Tenemos el derecho de saber qué ha sucedido con nuestros familiares. En el caso de mi hermano, quisiera que aparecieran los restos para darle cristiana sepultura. En 26 años no hemos visto justicia«, indicó.

Aura recuerda que en 1989 iban todos los familiares «en cambote» a la Fiscalía. Reconoce que recibió «muchísimo apoyo» del padre Luis María Olaso, defensor de los derechos humanos. También asegura que recibían apoyo del Ministerio Público. «Lo que necesitábamos era justicia, saber qué era lo que pasaba».

La familia de José Miguel quería que se agilizaran las investigaciones y que les dieran respuesta. Exigían a los fiscales que realizaran una inspección ocular en el cementerio. Recuerda cuando una fiscal le contestó que si quería que lo sacara «debajo de las piedras», refiriéndose a su hermano.

Los casos estaban tanto en el tribunal ordinario como en el militar. «En el 89 solo estaba en la calle el Ejército, militares muy jóvenes y la Policía Metropolitana. A ellos los mandaron a matar todo aquello que se moviera. Quienes son ahora generales y capitanes, me imagino que antes tenían un cargo más bajo», finalizó Aura.