El 3E y su impacto sobre las solicitudes de asilo de venezolanos en EE.UU.

La Junta de Apelaciones de Inmigración de Estados Unidos (BIA, por sus siglas en inglés) estableció el 4 de septiembre un precedente que podría redefinir cómo se evalúan las peticiones de asilo de venezolanos en ese país. En el caso de una ciudadana venezolana opositora, la BIA —dependiente del Departamento de Justicia— revocó el asilo que un juez de inmigración había concedido en abril y devolvió el expediente para que se analice de nuevo.

Se trata de una decisión inédita bajo el paraguas de lo que en Caracas y Washington se ha bautizado como el nuevo momento político. El argumento central no es que Venezuela sea ahora un país seguro. Es que la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 y la transferencia del poder ejecutivo a Delcy Rodríguez constituyen un cambio de condiciones que los jueces no pueden ignorar.

La BIA actuó en vista de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) apeló la concesión de asilo original. La BIA coincidió en que el juez de primera instancia no valoró de forma suficiente el impacto político de la salida de Maduro sobre el temor futuro de persecución. Según el propio fallo, “la destitución del jefe de un gobierno nacional es un acontecimiento muy significativo y no meramente otro hecho contra un telón de fondo político estático”.

Palabras más, palabras menos, quien esté en proceso o haya recibido asilo tras el 3 de enero, argumentando persecución del régimen de Maduro, ya no puede sostener, de manera automática, que el riesgo sigue siendo el mismo tras la captura y extracción del ex gobernante. Sencillamente, según este fallo, el o la solicitante debe demostrar un peligro individualizado (contra su persona) bajo las autoridades actuales.

La decisión no equivale a una denegación masiva ni borra el historial represivo del chavismo. Más bien se abre un camino en el que seguramente se revisarán decisiones y los nuevos fallos de jueces migratorios deberán contemplar el impacto del 3E en cada decisión. La BIA reconoce que un cambio de liderazgo no elimina por sí solo un temor fundado, sobre todo si los antiguos perseguidores mantienen influencia o si el nuevo gobierno replica el mismo interés persecutorio.

Pero esto deberá demostrarse.

El abogado Ángel Álvarez lo resumió así a Univision: en la práctica, una persona torturada o hostigada bajo Maduro puede ver rechazado su caso si no prueba que ese riesgo continúa con el gobierno interino de Delcy Rodríguez. Para la Administración Trump, la captura de Maduro, la reapertura de canales diplomáticos y el plan de Marco Rubio de tres fases para Venezuela sirven para sostener que las condiciones cambiaron.

Venezolanos en el limbo migratorio en EE.UU.

Ese giro ocurre sobre un sistema ya saturado. A finales de junio de 2026, los tribunales de inmigración de Estados Unidos acumulaban 2.310.698 casos de asilo pendientes, según Asylum Tracker. Se estima que más de 132.000 casos de venezolanos están entre los pendientes.

Entretanto, en la práctica ya hay un giro importante en las decisiones del sistema que concede o deniega los asilos, cuando se trata de venezolanos. Datos de Asylum Beacon muestran un desplome: en el año fiscal 2026 (parcial) la tasa de concesión de asilos a venezolanos cayó al 8%, frente al 26% en 2025 y al 58% en 2024.

Antes del fallo de la BIA, la Administración Trump había desmontado las dos grandes redes de protección temporal que sostenían a la diáspora venezolana. El Estatus de Protección Temporal (TPS) cubría a unos 607.000 venezolanos a inicios de 2025, según el Migration Policy Institute (MPI): aproximadamente 252.800 bajo la designación de 2021 y 352.200 bajo la de 2023. Ambas fueron dadas por terminadas. Organizaciones de migrantes venezolanos han denunciado ante el Congreso detenciones de personas que aún tenían autorización de empleo o asilo pendiente.

El otro pilar era el parole humanitario CHNV (Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela), creado bajo Joe Biden. En total, unas 532.000 personas de esos cuatro países llegaron con patrocinador y permiso de dos años para vivir y trabajar. De ellas, más de 117.000 eran venezolanas, de acuerdo con reportes del DHS.

Pew Research y el MPI estiman que en Estados Unidos viven entre 770.000 y más de un millón de personas de origen venezolano, concentradas sobre todo en Florida. Una parte tiene residencia o ciudadanía. Otra parte grande transitó por TPS o parole y hoy no tiene un estatus permanente.

El limbo no es una metáfora. Es una condición jurídica. Hay venezolanos con asilo presentado hace años que esperan una cita en un sistema con más de dos millones de casos. Mientras el expediente no se resuelve, algunos conservan un permiso de trabajo vinculado a la solicitud; otros lo han perdido o están a punto de perderlo. Quienes dependían del TPS vieron caducar o cuestionar su EAD (documento de autorización de empleo). Quienes llegaron por CHNV recibieron avisos de terminación. Sin residencia permanente ni vía clara hacia la green card, no pueden planear a largo plazo, firmar ciertos contratos, viajar con tranquilidad ni, en muchos casos, renovar licencias o acceder a beneficios.

Ese vacío se agrava con la nueva doctrina que ha establecido la decisión de la BIA. Ahora los jueces deben preguntar a los afectados si el temor se sostiene en vista de que Maduro no está. Y no se trata solo de un punto de vista del solicitante: Probar un riesgo individualizado exige abogados, pruebas documentales, testigos y tiempo. Quien no los tiene queda expuesto a una denegación y a un proceso de deportación.

El precedente no cierra la puerta del asilo. La estrecha. Obliga a demostrar que la persecución no era solo “contra Maduro”, sino contra una estructura que no ha sido desmantelada.