Los hechos ocurridos el 23 de febrero en dos puntos fronterizos con Colombia, abren diversas vías para actuar legalmente en contra de quienes abiertamente han incurrido en un nuevo crimen de lesa humanidad y para ingresar la ayuda humanitaria que de manera urgente requiere el pueblo desasistido.
Una de ellas, explica el experto en derecho militar y defensor de presos políticos, Omar Mora Tosta, es la conformación de una fuerza de paz para abrir el canal humanitario con el uso de la fuerza si fuera necesario, en protección de los derechos del pueblo venezolano, y así está establecido en la doctrina internacional.
Sostiene Mora Tosta que la Asamblea Nacional de Venezuela, si así lo decide, puede promover un pronunciamiento bajo el artículo 187 de la Constitución, que le faculta para autorizar una fuerza de paz protegida por un conjunto de fuerzas armadas multinacionales, bajo el amparo del derecho internacional, de la ONU y bajo el pronunciamiento de la OEA para abrir el canal humanitario.
¿Cuál es el alcance de estos delitos que han sido registrados por los más importantes medios internacionales que estuvieron presentes durante esos sucesos?
«La utilización de grupos paramilitares o que actúan bajo la protección del régimen venezolano, de manera violenta para impedir el ingreso de la ayuda humanitaria, agredir a voluntarios y personas que estaban allí, es una muestra inequívoca de violación a los derechos humanos que estaría configurando una serie de elementos necesarios para establecer que en Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad como lo es “el exterminio”, como sería el ataque sistemático a la población civil indefensa y desarmada», afirma.
«Esto ha ocurrido en otras partes del mundo y ya la doctrina internacional respecto a las violación a los Derechos Humanos (DDHH), que compromete la responsabilidad de gobiernos que se han desviado de su actividad, ha sido establecida, tanto en el mundo militar, como en el mundo de los paramilitares y va dirigida directamente a los gobiernos», explica.
Esa responsabilidad también alcanza a los gobiernos por la acción de «paramilitares o grupos violentos que trabajen bajo la protección, bajo la sombra, con el permiso tácito de un régimen, como fue este caso, en el que se evita utilizar las fuerzas militares para no comprometerse».
«Ese tipo de responsabilidad ya ha sido establecida en otras latitudes y ha sido una doctrina a escala de la Corte Penal Internacional de las Naciones Unidas», agrega.
«En este caso también hubo efectivos de la GNB y la PNB en acciones violentas contra la población» como se observó en los asesinatos y ataques a la comunidad indígena de los pemones en Santa Elena de Uairén (sur, estado Bolívar) y en la quema y persecución de los camiones de la ayuda humanitaria.
«En efecto varios factores de violencia fueron utilizados el 23 de febrero. Evidentemente por un lado actuaron los colectivos (como se conoce en Venezuela a las bandas chavistas de civiles armados) y uniformados de la GNB y PNB. Una denuncia que debe ser procesada fue la utilización de los presos comunes disfrazados o dotados de armamento para atacar a la población en determinados lugares».
«A esto se le suma el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los militares lo cual está proscrito a nivel internacional, porque no estamos hablando de la contención de una fuerza del orden público o a una población armada, sino todo lo contrario: se están yendo en contra de civiles desarmados, manifiestamente desarmados, cuyo único objetivo era clamar por el ingreso de una ayuda humanitaria que es una cuestión consabida en el país que está afectando a todo el pueblo venezolano, incluyendo a los familiares de militares venezolanos».
«No solo violaron con el uso progresivo de la fuerza, para hacer desistir a algún manifestante violento, si hubiese sido el caso, que no lo fue. El utilizar desmedidamente la fuerza y utilizar armamentos con capacidad de procurar la muerte de la persona, no disuasivo, sino con capacidad letal, es absolutamente condenable y está proscrito y establecido como una violación a los DDHH a nivel internacional. Eso debe ser investigado y los responsables deben ser castigados».
«Hay denuncias de que los disparos de colectivos y militares se extendieron más allá de la frontera venezolana hacia Colombia y Brasil».
«Las fuerzas brasileñas y las fuerzas colombianas, alegan haber visto cómo los militares venezolanos atacaron a las personas en suelo colombiano y brasileño, disparando hacia estos países, no sólo lanzando lacrimógenas sino proyectiles. Esto lo dijeron ambas cancillerías y podría interpretarse como una agresión de Venezuela y lo que podría ser interpretado como una agresión de tipo violento, militar y podría constituirse como un ‟Casus Belli″. Es decir un acto de violencia que desencadena una respuesta de acción en contrario del país que se siente agredido».
Cuando usted habla de “Casus Belli” que refiere a motivo de guerra ¿estaría Venezuela en un escenario de ese nivel?
Ello está referido a la “responsabilidad de proteger” acogido por las Naciones Unidas, que fue impulsada por el ex secretario general de la ONU, Kofi Annan luego de las intervenciones humanitarias de Somalia, Liberia, Sierra Leona, Rwanda, Bosnia, Herzegovina y Kosovo. La responsabilidad de proteger es la prevención y detención de cuatro crímenes: genocidio; crímenes de guerra; depuración étnica y crímenes de lesa humanidad.
Es decir, que Venezuela ya califica, al menos en el cuarto de ellos.
«El exterminio, que mencionamos inicialmente, es cuando el régimen priva intencionalmente a su pueblo del acceso a medicinas y alimentos básicos. Ya estos crímenes están siendo investigados, como también la tortura, desapariciones forzadas y asesinatos».
– La vicepresidenta del régimen de Maduro, Delcy Rodríguez, lanzó una advertencia: “vieron un pedacito de lo que estamos dispuestos a hacer”, al referirse a la fuerte represión de militares y colectivos que dejó muertos y heridos ¿Sus palabras comprometen aún más al régimen en los crímenes que usted describe?
«En efecto, eso compromete al régimen que ella representa, colocándolo en una situación absolutamente al margen del Derecho Internacional, lo que implicaría una reacción de la comunidad internacional al respecto», dice.
Esa reacción «pudiera contemplar la constitución de una misión humanitaria de paz, protegida por fuerzas multinacionales, militares, que garantizarían la apertura de un canal humanitario para traer la ayuda que el pueblo venezolano necesita».
«Todo eso, por supuesto, bajo el marco de toda la legislación internacional que lo permite, que una vez que son verificados actos de violencia como estos, deben ser protegidos quienes transportan esos insumos, por fuerzas multinacionales amparadas por las Naciones Unidas. Desde luego que se deben cumplir todos los pasos previos que este mecanismo internacional establece, pero en Venezuela, este fin de semana se produjo lo que hacía falta para que la comunidad internacional interpretara como necesaria esa opción, que no estaba inicialmente sobre la mesa».
«Ha sido evidente, que la comunidad internacional ha visto como necesaria la opción de que la ayuda humanitaria llegue protegida».
-¿Eso es distinto a una intervención militar que ha sido, por el momento descartada por la Unión Europea y algunos voceros representantes de organismos internacionales de Derechos Humanos?
«Sí. Es una opción diferente a intervención militar. La excusa del régimen para atacar fue que la ayuda humanitaria venía con un convoy de militares. La ayuda humanitaria desde luego que se despliega a través de las fuerzas armadas de cada uno de los países que la transportan. Lamentablemente la terquedad con la que el régimen ha manejado esta situación nos ha puesto en unas situación que evidencia que es necesaria la constitución de una fuerza multinacional para que garantice el ingreso y la distribución de la ayuda, porque tendrían que ser escoltadas todas esas organizaciones de ayuda humanitaria hasta su último destino para garantizar que lleguen a los beneficiarios finales sin ser atacadas».
– Unos 300 militares de rango medio al negarse a reprimir pasaron la frontera para ponerse al lado del presidente interino, usted que es conocedor del mundo militar. ¿Qué efectos puede tener esa acción observada durante el fin de semana?
«He visto una imprecisión en medios de comunicación y voceros que han referido el tema calificando la conducta de estos miembros de la FANB, como personas que se están entregando o están desertando. Bajo el estricto concepto previsto en el artículo 328 de la Constitución vigente, las Fuerzas Armadas tienen que ser independientes, se deben únicamente y exclusivamente a la defensa de las leyes y la Constitución de la República y la protección del pueblo venezolano y su soberanía».
Esta es la razón por la cual no atienden a ninguna parcialidad política, o no deberían atender a ninguna parcialidad política.
«En ninguna parte de nuestro ordenamiento jurídico las fuerzas armadas son antiimperialistas, revolucionarias, chavistas y socialistas. Eso es una deformación política e ideológica con la cual se ha pretendido acabar con la FAN y al poder civil del Estado y lamentablemente lo que ha ocurrido en estos años de revolución es que se ha venido deformando la imagen de lo que deben ser las fuerzas armadas».
«Por eso hoy en día más que nunca la Constitución obliga a que nuestros militares vuelvan a la senda correcta de la defensa de la Constitución. El hecho de que ellos hoy se coloquen al lado del presidente interino Juan Guaidó quiere decir que están cumpliendo con su deber constitucional de respetar el artículo 328 de la Constitución y para nada pueden ser considerados desertores ni que se están entregando porque ellos no tienen ninguna actividad hostil en contra de los países limítrofes».
– Llaman la atención los argumentos de los militares que traspasaron la frontera reivindicando principios democráticos y la negativa a reprimir el ingreso de la ayuda humanitaria.
«Los militares que allí se expresaron indican que están al tanto de que lo que ocurrió este fin de semana fue la materialización de un crimen de lesa humanidad contemplado en el Estatuto de Roma denominado “El Exterminio” que cuando un régimen como este en Venezuela, cercena a su pueblo a la posibilidad de acceder a los alimentos y a las medicinas básicas, eso es el “exterminio”, porque poco a poco vas acabando con parte de la población simple y llanamente con hacer que no tengan acceso a los alimentos y a las medicinas».
«Cuando se está consciente de que hay una crisis humanitaria, más que una crisis, es una emergencia, y no solo se impide sino que mandas a quemar la ayuda, estamos en presencia de actos absolutamente intolerables para la comunidad internacional, y los militares saben que cumplir órdenes manifiestamente inconstitucionales y que atenten contra el respeto a los derechos humanos no los exime de responsabilidad».
«Así que el sector militar lo está pensando dos veces antes de actuar en contra de la población, por eso creo que el régimen echa mano de este tipo de sujetos que no son las fuerzas armadas regulares para cometer este tipo de crímenes contra los derechos humanos. Es posible que en el exceso haya estado presente miembros de las fuerzas armadas, que bajo el convencimiento que lo está haciendo bajo órdenes atentaron contra sus hermanos que están indefensos y sin armas. Esas personas asumirán la responsabilidad de sus actos junto a sus superiores cuando se restablezca el Estado de Derecho, no solo en tribunales nacionales sino internacionales para juzgar los crímenes que se están cometiendo actualmente en Venezuela».
