Nicaragua: Las ONG como problema para una dictadura

En Nicaragua, este mes de mayo se inició con la decisión de la Asamblea Nacional de ilegalizar a 50 organizaciones no gubernamentales. Es un asunto que debemos mirar con atención desde Venezuela dadas las interacciones e intercambio que se observan entre ese país centroamericano, el nuestro y la isla gobernada por el castrismo.

Lamentablemente no es la primera decisión de cerrar en masa a ONG en Nicaragua. Entre las organizaciones ilegalizadas se encuentran también entidades ligadas a la Iglesia católica y al periodismo independiente.

A fines de 2020, los legisladores afines al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo aprobaron la denominada Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, con la cual se establecieron controles sobre las ONG y medios de prensa, que reciba dinero en Nicaragua, directa o indirectamente, de otros gobiernos o asociaciones extranjeras. Esta ley ha sido el soporte de la razzia que se registra contra la sociedad civil.

Con las 50 ONG que perdieron su personería jurídica este 4 de mayo, suman ya 187 las ilegalizadas. A esto se añaden 182 presos políticos, según cifras difundidas por defensores de derechos humanos. Entre los presos políticos se encuentran todos los precandidatos presidenciales opositores, a quienes el año pasado se les impidió participar formalmente en unos comicios que atornillaron a Ortega y Murillo en el poder, pero que finalmente no han sido reconocidos ni por Estados Unidos ni por la Unión Europea.

Según el ministerio de Gobernación nicaragüense, las ONG incumplieron con sus obligaciones. De acuerdo con el régimen, las organizaciones sin fines de lucro no reportaron sus estados financieros conforme a los períodos fiscales con sus desgloses detallados de los ingresos, egresos, balanza de comprobación y detalle de donaciones (origen, proveniencia y beneficiario final), ni sus juntas directivas.

Entre las casi dos centenares de ONG clausuradas, en Nicaragua, se encuentran la Fundación Luisa Mercado, que dirige el escritor nicaragüense exiliado en España Sergio Ramírez Mercado, y la Asociación para el Desarrollo de Solentiname, fundada en 1982 por el fallecido poeta trapense Ernesto Cardenal (1925-2020), quien fue una figura emblemática del primer gobierno de Ortega en los 1980. Ramírez fue vicepresidente de Ortega entre 1985 y 1990.

Dos entidades de la católica Compañía de Jesús fueron ilegalizadas este 6 de mayo: el Instituto Histórico Centroamericano (IHCA) así como Asociación “Roncalli – Juan XXIII”, el primero ha sido un tradicional centro de reflexión académica mientras que la segunda es una organización de desarrollo social.

“Lamentamos y condenamos esta arbitrariedad. Han sido borrados de un plumazo 60 años de historia, si sumamos las décadas de trabajo que ha tenido el IHCA y la asociación Roncalli. Son 60 años de tradición, de esfuerzo, de compromiso con el pueblo nicaragüense”, nos comentó el politólogo Piero Trepiccione, coordinador de la red de organizaciones sociales de la Compañía de Jesús en América Latina, compuesta por 38 ONG dedicadas a la promoción y desarrollo social, incluido el Centro Gumilla de Venezuela.

Las medidas, sin duda alguna, refuerzan el control autoritario y afectan severamente la libertad de asociación y en general los derechos humanos.

A juicio de Trepiccione, ante estos “actos tan contrarios al espíritu de la democracia, lamentablemente no escuchamos condenas categóricas de los gobiernos de la región, y menos aún observamos acciones para evitar que se produzcan hechos de esta naturaleza”.

En la misma sesión del 4 de mayo, el parlamento controlado por el régimen sandinista aprobó un informe en el que acusa a los obispos y sacerdotes del país de participar en un intento de golpe de Estado y de expresarse con “odio y saña” contra los simpatizantes del sandinismo.

En este texto legislativo se recomienda juzgar a los religiosos católicos que hayan apoyado las manifestaciones de 2018, cuando tuvo lugar un estallido social duramente reprimido, así como confiscar los bienes de la Iglesia católico.

Por otro lado, entre las entidades no gubernamentales afectadas figura la Fundación 10, del Canal 10 de la televisión en Managua, un medio de comunicación independiente que ha tenido que cerrar programas críticos con el gobierno sandinista y que ha visto partir al exilio a algunos de sus periodistas que han alegado razones de seguridad.

Así como el régimen de Ortega y Murillo han actuado contra las ONG, en Nicaragua asimismo “los últimos bastiones de la prensa independiente son asediados y la gran mayoría de los periodistas independientes han tenido que huir del país”, sostuvo Reporteros Sin Fronteras este 3 de mayo al presentar la clasificación mundial de la libertad de prensa.

Organizaciones ilegalizadas en los últimos meses, así como medios de comunicación independientes, han denunciado que el proceso legislativo de ilegalización ha sido seguido de expropiaciones exprés de las sedes y bienes de ONG y medios críticos del sandinismo.