En esta guerra, hasta ahora, Nicolás Maduro impone su dominio para permanecer al frente de la revolución, con el respaldo de aliados internos y externos, sin apoyo popular y sobre un país con una grave crisis, económica, política y social.
La actual purga contra sectores vinculados al ex ministro de Petróleo y vicepresidente sectorial de Economía, Tareck El Aissami, es quizás la más profunda que ha protagonizado el chavismo, que va dejando fuera del camino a muchas figuras que fueron piezas clave de su propio proyecto político.
Nuevamente se difunden imágenes con las consignas “¡Lo que diga Nicolás! ¡Caiga quien caiga!” con el subtítulo “Leales siempre traidores nunca”, que enarboló hace tres años el Partido Socialista Unido (PSUV).
Algunos líderes, activistas, funcionarios, militares, o militantes del partido se apresuraron en estos días de purgas a retomar esa gráfica en sus redes sociales como una forma de ratificar, o tal vez de resguardarse, de aparecer salpicados, frente a esta arremetida contra un sector del chavismo al que se le acusa del desfalco de $3.000 millones y negocios conexos, que según las palabras del propio Nicolás Maduro son un “bandidaje de corruptos” y calificó la acción como apenas “el primer golpe a las mafias de la corrupción instaurada en el país”.
Otros rápidamente borraron aquella foto o mensaje que alude a su amistad con algunos de los nombres que van apareciendo detenidos o solicitados que hasta hace días eran miembros privilegiados o “fieles amigos” del alto gobierno.
Como se ha ido difundiendo, en la arremetida judicial han ido cayendo desde un ministro, pasando por gobernadores, diputados, alcaldes, funcionarios de PDVSA, empresarios y operadores que han trabajado con el gobierno quienes formarían parte de ese “bandidaje”.
Lo más grave de lo ocurrido hasta ahora es la renuncia del ministro de Petróleo y vicepresidente sectorial de Economía, Tareck El Aissami, lo cual lo ubicaría como posible cabeza de esta trama que algunos dudan que sea “la mano dura contra la corrupción”, que dice la propaganda oficial y que en realidad se trataría de una lucha de poderes en la cual el sector de Maduro le ha cerrado el paso a otro que habría tomado mucho poder, encabezado por el ministro renunciante y su mano derecha, el detenido Joselit Ramírez, de la Superintendencia de Criptoactivos de Venezuela (SUNACRIP).
Este Ramírez era una figura en un puesto clave en estos tiempos de sanciones internacionales, que tenía a su cargo las transacciones realizadas por la industria petrolera y otras áreas de las empresas del Estado, por la vía de criptomonedas, para evadir las sanciones financieras de Estados Unidos. Una actividad que además se negociaría con terceros, con dinero en efectivo que proviene de las ventas petroleras e ingresan de manera ilegal al país y de la que se desprenden comisiones y gastos para el manejo oculto de las transacciones.
Es el tipo de operaciones que facilitan el desvío u ocultamiento de dinero.
De allí que el slogan: “Lo que diga Nicolás”, en este contexto, apunta más a la imposición de un sector sobre otro y no al fortalecimiento de la institucionalidad, la transparencia de la justicia y la lucha contra la corrupción. En tal sentido, figuras que se han enriquecido en el poder, han sido las primeras en manifestar su apoyo a Maduro y a la lucha contra la corrupción, al tiempo que sus nombres figuran en la lista de sancionados internacionalmente o requeridos por tráfico de drogas y lavado de dinero.
Como lo explica el economista, Asdrúbal Oliveros para tener una idea de la magnitud del desfalco que motiva la acción anticorrupción, de $3.000 millones, en 2022 Ecoanalítica estimó que los ingresos en divisas del Estado venezolano fueron de US$ 25.000 millones. Es decir, que lo desaparecido es equivalente al 12% del ingreso del año pasado.
Sobre esa dimensión del desfalco, algunos analistas y reportes de agencias como Reuters estiman que el monto podría superar los $20.000 millones.
El tema de la corrupción para los venezolanos no es nada nuevo. Desde que se instauró el régimen de Hugo Chávez hace 24 años ha sido el signo que ha acompañado a gran parte de las figuras instauradas en el poder, cuyos privilegios han estado a la vista, formando parte de la historia de este cuarto de siglo. De allí que Venezuela, según el ranking mundial de corrupción publicado en 2022, ocupa el cuarto puesto solo por debajo de Sudán del Sur, Somalia y Siria.
Junto a esa ubicación hay que destacar el índice de pobreza de Encovi, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2022, de la Universidad Católica Andrés Bello, que indica que 50,05% de los hogares venezolanos padecen de pobreza “multidimensional”, que no se limita solo a los ingresos e incluye factores sociales y de infraestructura como educación, salud, vivienda y servicios públicos.
Ese estudio también señala que en ese último año aumentó la desigualdad en el país, lo que refleja el ascenso de un nuevo sector económico en contraste con la pobreza que alcanza las tres cuartas partes de la población.
Pero estos 3.000 millones de dólares son apenas una pequeña tajada de lo que ha ocurrido en el cuarto país más corrupto del mundo. Transparencia Venezuela recuerda que existen 140 procesos por corrupción que se investigan y procesan en sistemas de justicia de terceros países, en los que están involucrados fondos públicos venezolanos, de los cuales no se indagan en Venezuela.
En su comunicado, Transparencia señala: “la opacidad que se ha agudizado en las dos últimas décadas y está presente en todos los niveles de la función pública, solo da paso al surgimiento de rumores que incrementan la incertidumbre y la desconfianza en las instituciones que deben velar por el cumplimiento de la leyes”.
La corrupción en el área petrolera tiene una larga historia. Transparencia Venezuela ha registrado 127 casos de presunta corrupción o manejo irregular de recursos públicos en PDVSA o en alguna de sus filiales, que se traducen en irregularidades que comprometieron más de 42 mil millones de dólares del patrimonio público venezolano. El inventario realizado incluye las investigaciones efectuadas por órganos de control, parlamentos, policías de investigación, fiscalías o tribunales en 16 países, incluido Venezuela.
Para esta ONG, “el factor determinante para el declive de Petróleos de Venezuela, que facilitó a su vez el auge de cientos de casos de corrupción, fue la politización de la industria que se empezó a hacer evidente poco después de la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela, más aún después del paro petrolero ocurrido entre finales de 2002 e inicios de 2003”.
El uso político de los recursos de la estatal fue también para promover y consolidar el poder político y económico del chavismo en Venezuela y Latinoamérica. Además del defalco, PDVSA tiene una deuda externa que está por el orden de $34.000 millones.
Nicolás Maduro en sus intervenciones ha dicho que va a “limpiar a PDVSA de todas estas mafias que le roban el dinero al pueblo con medidas de restructuración al más alto nivel como ya lo hemos iniciado”.
Sobre la renuncia del vicepresidente de Economía dijo: “El ministro Tareck El Aissami me ha hecho llegar su renuncia al cargo de ministro de Petróleo (…) Yo he decidido aceptar la renuncia como ministro de Energía y Petróleo para facilitar todas las investigaciones que deben dar, como resultado, el establecimiento de la verdad, el castigo de los culpables y la justicia” (…) “Apoyará todas las investigaciones contra estos grupos de bandidos y de mafiosos. Él ha ratificado su condición de militante revolucionario y está en la disposición de tener la voluntad de cooperar en todas las investigaciones”.
La renuncia de El Aissami y la reacción de Maduro dejan un margen en el destino de este personaje y su familia, quien acumuló poder en la última década, con aliados de su entorno personal y forjó un grupo de nuevos empresarios que asumieron y crearon importantes empresas y negocios vinculados al poder central.
Tareck El Aissami no solo ha sido un alto funcionario más para el chavismo con altos cargos en el gobierno en más de una década, sino un personaje clave en los vínculos con Irán para los grandes negocios que se han hecho en Venezuela con ese país desde los tiempos de Chávez lo que le permitió crear sus propias estructuras económicas y empresariales. Hasta el momento la purga hacia este sector no ha tocado a familiares cercanos, pero sí a gente de su entorno.
De ascendencia siria y libanesa, sus vínculos históricos con el islamismo tienen conexión directa desde sus padres Zaidan Amin El Aissami El Musfi y May Maddah de El Aissami, musulmanes drusos quienes provienen de El Líbano y llegaron a Venezuela muy jóvenes para asentarse en El Vigía, estado Mérida.
La formación ideológica y política de El Aissami ha estado muy influenciada por su padre, quien es autor de escritos bajo el seudónimo “Carlos Zaidan” en los que defendía a Irak y el rol de Saddam Hussein, así como la Yihad Islámica, o Guerra Santa de Al Qaeda. Su tío abuelo Shibli al-Aysami fue vicepresidente de Siria desde 1965 a 1966.
El 24 de mayo de 2012 en el programa “La Entrevista” ,de Dahir Ral, por VTV, habló sobre sus bases familiares:
“Mi papá siempre militó en los partidos de izquierda, estaba vinculado con movimientos revolucionarios. El 4 febrero de 1992 me informaron que había sido detenido y allanaron mi casa, yo estudiaba quinto año de bachillerato. En esa oportunidad solamente pude hablar con él por teléfono, y me comentó algo que me marcó: no importa lo que pase hijo, recuerda, los hombres capaces son los que escriben la historia, los incapaces la critican. Este hombre, refiriéndose al presidente Chávez, es un hombre muy capaz y será historia”.
El Aissami en esa entrevista reiteró sus convicciones: “Yo le digo a mi familia que si me toca enfrentar cualquier obstáculo, tengan la plena seguridad de que no dudaré en salir a dar la vida; prefiero que me recuerden como alguien que murió por sus principios, a vivir señalado como cobarde o traidor. No somos revolucionarios para ocupar cargos, ser ministro es una transición, lo que no es transición es ser revolucionario”.
Esa influencia y sus relaciones con el islamismo lo convirtieron en uno de los políticos de peso en el PSUV para el manejo de las relaciones con los países árabes logrando contactos y una agenda propia con mandatarios de Irán, Siria, Líbano, Jordania, Irak, incluyendo los sectores militares y según se ha denunciado en informes del Departamento de Estado, con organizaciones como Hamas y Hezbollah.
Su principal entorno está integrado por familiares cercanos pero también de sus “círculos de confianza” cultivados desde sus estudios en el Liceo Militar Jáuregui en La Grita y sus años en la Universidad de Los Andes, de donde egresó como abogado criminalista. Uno de sus principales tutores en su incursión y ascenso en la política fue Adán Chávez, hermano de Hugo Chávez, quien lo ayudó en su ascendente carrera en las filas del chavismo.
Desde 2017 la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC)) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos calificó Tareck Zaidan El Aissami Maddah como narcotraficante, conforme a la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico (Ley Kingpin) por su “significativo papel en el narcotráfico”, siendo vicepresidente ejecutivo de Venezuela.
Al mismo tiempo, uno de los mencionados como su testaferro, por el Departamento de Estado, fue el empresario, Samark José López Bello, quien fue señalado de proporcionar apoyo financiero y servicios en actividades de narcotráfico internacional de El Aissami y por actuar en su nombre o representación a través de 13 empresas “pertenecientes o controladas por López Bello” o sus asociados con sedes en EEUU, Panamá, Reino Unido, Venezuela y las islas Vírgenes Británicas. Según el Departamento de Estado fue el resultado de una investigación de varios años.
El 8 de marzo de 2019, la Corte Federal de Manhattan, emitió una sentencia en la que se acusa a El Aissami de narcotráfico, junto a Samark López.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, denunció que El Aissami, habría protegido y supervisado grandes cargamentos de droga que provenían desde Venezuela con destino a México y Estados Unidos. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), el 31 de julio de 2019, lo incluyó dentro de la lista de los más buscados, emitiendo una orden de captura en su contra.
https://www.ice.gov/es/los-mas-buscados-por-ice/el-aissami-maddah-tareck-zaidan
Otras investigaciones del Departamento de Estado y la inteligencia colombiana señalan que El Aissami ha operado con una compleja estructura de negocios y financieras en cuatro sectores o grupos que le permiten no participar directamente en actividades bursátiles, financieras o empresariales que pueden comprometerle como hombre público. El informe señala que el grupo familiar y allegados poseen 39 empresas registradas en Venezuela, además de las vinculadas en otros países a través de testaferros, como las identificadas por las autoridades de EEUU.
La corrupción y la destrucción institucional en Venezuela ha generado una crisis tal que la recuperación del país no es factible sin la reducción de las mafias organizadas que operan en el territorio y la llamada economía negra, generada por negocios ilegales o paralelos a la estructura formal, muchos de los cuales han sido promovidos por operadores vinculados al gobierno venezolano.
El llamado a empresarios extranjeros para invertir en Venezuela, por parte de Maduro a empresas rusas, chinas, turcas o iraníes, para ocuparse de las industrias y sectores quebrados, a pesar de ser aliados del gobierno, requieren de ciertas garantías para operar en el país. Las trabas, extorsiones y tráfico de influencias no hacen excepciones y cualquier inversionista está sometido a esas prácticas corruptas. Esas empresas de la alianza internacional y las occidentales con trayectoria en Venezuela, como la estadounidense Chevron han hecho exigencias para funcionar en el país y reactivar sus operaciones. Incluso, en la última reunión que sostuvo Maduro con Vladimir Putin en Moscú, antes de la guerra con Ucrania, éste le hizo exigencias en relación a esos puntos oscuros.
La permanencia del chavismo en el poder y la de Maduro es la prioridad en este momento para el grupo que gobierna. Esta acción de la Policía Anticorrupción que responde directamente al jefe de Estado no es solo un asunto interno contra mafias corruptas, sino es además, una acción de sobrevivencia para este sector del poder ante una situación que ha llevado al país a una crisis extrema que como lo indican los índices mundiales han puesto a Venezuela en los últimos lugares de los países más pobres del planeta.
Sin el apoyo de la mayoría de la población venezolana, una crisis geopolítica protagonizada por Rusia, su principal aliado militar, y una corrupción extendida a todos los niveles del país, esta arremetida es un recurso de sobrevivencia de Maduro y el chavismo en Venezuela.
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