Centenares de personas permanecen sentadas sobre el pavimento o en aceras adyacentes al terminal terrestre de la población fronteriza de San Antonio del Táchira, ubicada al oeste de Venezuela. La ciudad completa está prácticamente sitiada, con todo el transporte público suspendido, tanto para entrar como para salir. Solo se permite la movilización de vehículos particulares.
El drama en el rostro de mujeres y niños que se resguardan de las inclemencias del sol y el cansancio tras un largo viaje se palpa a metros. Los cerros de equipaje permanecen regados en toda la vía que está constantemente vigilada por un punto de control fijo del Ejército venezolano y la Guardia Nacional.
Los viajes de ida y vuelta a la frontera se han convertido en una peripecia no solo para quienes buscan salir de Venezuela, también para quienes encuentran en Colombia una solución segura para comprar medicamentos y comida que luego llevan a distintos destinos del país.
El ministro para el Transporte, Hipólito Abreu, el fin de semana anunció que queda suspendido el ingreso y la salida de autobuses con pasajeros desde y hacia el estado Táchira.
Las rutas suburbanas desde San Cristóbal hacia San Antonio, el transporte masivo, ni los carritos por puesto para la frontera tienen permitida la circulación.
En la comunicación oficial se pide a los funcionarios del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre y a la administración de los terminales y gremio de transporte, acatar la suspensión y no permitir el paso de transporte de pasajeros a Táchira. Esto generó el cierre de terminales y, por tanto, extensas aglomeraciones en la zona de frontera.
Varados y extorsionados
A las dos de la mañana arribó Migdelis Sarmiento al terminal privado de expresos Occidente en San Cristóbal. La venezolana regresaba de San Antonio. Estaba muy cansada y con hambre. Al sorprenderse varada dejó ver su rabia y frustración. Junto a ella otros 10 pasajeros relataron, con impotencia, el drama que vivieron para poder llegar a la capital del Táchira.
Sin autobuses ni unidades grandes de transporte se vieron en la obligación de contratar taxis que los transportaron con el equipaje y las mercancías traídas desde Colombia.
“Agarramos taxis porque no había autobuses de transporte público. Veníamos en 13 carros con pasajeros y mercancía. Dos de ellos estaban repletos de sacos de comida y papel higiénico. A todos nos quitaron un poco de plata. La guardia cobró para pasar y nos dejaron limpios (sin dinero). Ni siquiera tenemos para comprar un vaso de agua”, aseguró la pasajera, cuyo destino final es Caracas.
39 kilómetros de «matraqueo»
En los 39 kilómetros de carretera entre San Antonio y San Cristóbal se instalan alcabalas de guardias nacionales y policías cada 200 metros. «En todas nos matraquean (extorsionan), Piden entre 50 y 120 dólares por cada carro”, le dijo Migdelis a El Estímulo.
“La alcabala en donde más nos pidieron fue en la población de Capacho. Ahí nos quitaron 120 dólares entre guardia y policía nacional. Nos desangraron”, agregó.
“Nos va a tocar arrecharnos, hacer guarimba (bloqueo de calles) para que nos dejen circular. Esto es un atropello de venezolanos contra venezolanos. No es posible que, dentro del mismo país, sintamos que estamos pasando trochas cuando venimos desde San Antonio a San Cristóbal”, vociferaba Juan Carlos Osorio, otro de los pasajeros que desde Colombia se dirigía a Maracay.
Indignado argumentó que se paga más dinero, “en divisas porque nadie quiere bolívares soberanos”, en el trayecto que va desde San Antonio a San Cristóbal que en las mismas trochas o pasos irregulares que desde la ciudad colombiana de Cúcuta los conducen al territorio nacional.
“No es justo que esté pasando esto. Le quitan los pocos dólares que uno lleva. Y yo solo vine a comprar comida y medicinas para mi mamá. No dejaron plata ni para un agua mineral”, habló en nombre de los demás pasajeros.
A Osorio le parece increíble que sean precisamente las autoridades venezolanas: Policía Nacional Bolivariana y Guardia Nacional que tienen como deber resguardar y prestar colaboración y atención a los ciudadanos, quienes no brindan ningún tipo de apoyo.
“Su único trabajo es matraquear a todos los venezolanos que van hacia la frontera a comprar comida y medicamentos. Que pidan colaboración, no es que este bien, pero se puede dar pero que te exijan tantos dólares si quieres pasar y de lo contrario si no pagas, no pasas, es el colmo. Esa es la guardia que tenemos y los policías que nos cuidan”.
Mafias del transporte
Una persecución en contra de los transportistas para amparar a vehículos particulares, conocidos como “piratas”, y a funcionarios que amparados en uniformes o carnets oficiales estarían haciendo servicios privados de transporte a la zona de frontera y el centro del país ha sido denunciado por representantes del gremio.
“Se persigue al transporte público legal y organizado y a las mafias se les deja trabajar”, dijo un vocero del transporte que cubre la ruta a la frontera y pidió reserva de su nombre.
El trabajador exigió a los organismos del Estado, entre ellos a la Fiscalía 23 en materia de corrupción del estado Táchira, actuar de manera diligente y abrir una investigación al respecto.
“La situación está afectando dramáticamente a los transportistas que nos hemos convertido en un sector vulnerable a ver minimizado nuestro trabajo en medio de la anarquía”, dijo.
Más de 50 autobuses de transporte público de rutas extraurbanas que se dirigen a San Cristóbal, permanecen represados desde el pasado sábado 16 de enero en la alcabala de La Pedrera, sin que la Guardia Nacional Bolivariana le permita el ingreso a la entidad.
Los autobuses permanecen vacíos, sin pasajeros y los choferes atrapados y desesperados sin poder llegar a sus hogares. Solo piden que los dejen pasar para resguardar sus unidades en Táchira.
