Con una sucesión de sospechosas omisiones, la Fiscalía sienta las bases para la impunidad en la muerte de Nicolás Fermín, un joven asesinado con arma de fuego por presuntos agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Han transcurrido más de tres meses desde que un disparo fatídico truncó la vida del aprendiz de aviador Nicolás Fermín Rojas, en la primera avenida del sector Las Flores de Puente Hierro, centro de Caracas.
En otras épocas, este hubiese sido un caso relativamente sencillo para la policía judicial y el Ministerio Público: seis testigos dan fe de lo ocurrido, dos de ellos en forma directa, pues incluso estuvieron a punto de engrosar la lista de fallecidos.
En ese sector, además, había más cámaras que árboles. Entre ellas las pertenecientes al publicitado sistema VEN 911. Algunas no funcionaban. Otras no entregaron un registro preciso, acaso porque a la hora del crimen (5:25 am del 11 de mayo) todavía estaba oscuro. Pero hubo tres que permitieron obtener imágenes de los homicidas, así como también del vehículo que utilizaron en la huida.
Aun así, la Fiscalía 62 con competencia nacional, representada por los abogados Leo Amarista y Laura Lara, no ha podido individualizar al autor del único disparo en este hecho, ni quiénes eran sus dos acompañantes.
Tiempo que pasa, evidencia que huye, dicen los investigadores criminales. Gracias a documentos y testimonios, ha sido posible recapitular algunos hechos básicos para comprender este caso.
A sus 24 años de edad, y luego de algunos tumbos, Nicolás Fermín Rojas finalmente parecía encaminado a obtener el título de piloto de aviación, en el instituto IDEA de El Recreo.
El joven caraqueño había pasado por varios oficios para financiar sus estudios. Uno de los últimos emprendimientos fue a medias con Miguel, un amigo de la adolescencia en el colegio Codazzi de Caracas, con quien además compartía habitación cinco días a la semana. Entre ambos compraban espacio en contenedores para importar mercancías desde Miami, y así alimentar la llamada “economía del bodegón”. Pero los números no daban. Para lograr cierta ganancia, explicó Miguel ante los fiscales, era necesaria una inversión mínima de cinco mil dólares. Decidieron buscar otras opciones.
“Luego, Nicolás me propuso la idea de poner a trabajar el carro en Ridery (…) A pesar de los gastos que iba a necesitar el carro (…) sobrarían aproximadamente mil dólares de beneficio, que sería repartido entre los dos a partes iguales”, recordó.
Miguel también tenia necesidad de ingresos extraordinarios. Su mamá, afirmó, requería de una operación cuyo costo sería tres mil dólares. Además, el vehículo necesitaba de una inversión de $600 para la puesta a punto. Estos últimos gastos fueron divididos a partes iguales entre él, su novia y Fermín.
Era un Chevrolet Aveo negro del 2014. Este fue el auto que manejaba el estudiante de piloto la madrugada en que lo mataron.
En las primeras horas del 11 de mayo, Nicolás Fermín recibió una solicitud de servicio a través de la aplicación Ridery. El mensaje que iluminaba la pantalla de su Iphone 9 decía que Carlos lo esperaba en el terminal de pasajeros Oriente Sur, adyacente a la avenida San Martín.
En este punto, se presenta una de las tantas inconsistencias de la investigación. Según los fiscales, el consultor jurídico de Ridery, Juan Ortuño, afirmó que la solicitud fue hecha a las 4:05 am. Sin embargo, tanto Carlos como su acompañante Richard declararon que la petición de servicio fue a las 5:05 am.
Ambos habían llegado de Puerto La Cruz a eso de las 3:40 am, con el propósito de obtener una constancia en la Oficina de Gestión de Trámites Universitarios, que les permitiera trabajar en el exterior. Como Fermín, Carlos y Richard visualizaban el futuro afuera de Venezuela.
Las investigaciones llevadas a cabo con posterioridad determinaron que, en ese mismo terminal, estaban tres individuos en un Mazda Allegro gris: Damián Rafael Ortiz Flores, de 32 años de edad; Freiker Jesús Camacho Reyes, de 21 años, y un tercer hombre que hacía las veces de conductor.
Todos ellos salieron la noche anterior desde la sede de la División Contra el Secuestro y la Extorsión de la Policía Nacional Bolivariana, entonces ubicada en Los Chaguaramos, provistos de sendas pistolas Beretta PX4 calibre 9 mm, y chalecos de protección balística, suministrados por esta dependencia del cuerpo policial.
En las primeras de cambio, tanto Ortiz como Camacho no atinaron a explicar por qué estaban en el terminal privado. La información manejada por el papá de la víctima, José Fermín, indica que una de las tantas coartadas apunta hacia la participación en una pesquisa contra una red de trata de personas, presuntamente manejada por pakistaníes. Pero él le da escasa credibilidad a esta versión, pues hasta el momento no existe constancia documental en la que, por ejemplo, este grupo fuese comisionado por la Fiscalía para llevar a cabo alguna vigilancia.
A las 5:15 am, Fermín emprendió lo que sería su última carrera. Ambos pasajeros iban en el asiento trasero. Tomó la autopista Francisco Fajardo hacia el centro, pues el destino se encontraba en La Candelaria. Salió de la vía expresa en Puente Hierro, para luego enfilar hacia el norte. El recorrido no tardaría más de quince minutos.
“Recuerdo que un bombillo alumbraba la calle, y justo en la zona de penumbra escucho un motor rugir muy fuerte. Acto seguido nos intercepta un vehículo sedán (…) El que estaba manejando grita: ‘Alto, funcionario’. Los otros dos integrantes se bajan prácticamente al mismo tiempo, apuntando de manera directa hacia el lado del conductor”, recordó Richard.
Fermín reaccionó de inmediato: “¡Mierda!, ¿Qué está pasando?, ¿Qué está pasando?”.
A pesar de que tenía el celular en la mano derecha, el aprendiz de piloto intentó una maniobra evasiva. Puso marcha en retroceso, presumiblemente para salir de nuevo a la autopista.
El Aveo dio un giro de 90 grados, y quedó casi perpendicular a los atacantes. En ese momento, uno de ellos accionó una pistola. El proyectil entró por el cristal del puesto del piloto, atravesó el cuello de Fermín de izquierda a derecha, y quedó incrustado en la puerta trasera derecha.
La herida hizo que Fermín perdiera el control. Su sangre manaba como un “volcán”, relató uno de los médicos. Por reflejo, pisó el acelerador. Como tenía accionado el retroceso, el vehículo continuó hacia atrás, dio una curva y finalizó su marcha en la fachada de una vivienda.
Los atacantes continuaban caminando hacia el auto, encorvados y con las rodillas semiflexionadas, apuntando a los pasajeros mientras repetían que eran funcionarios.
Los médicos salieron de la cabina, en medio de la oscuridad, rogando por sus vidas. Richard intentó llevar sus manos a un bolsillo, para sacar su credencial. Esto pudo costarle la vida.
“No me maten, solo soy un médico”, imploró.
“Quítate las manos del bolsillo”, contestó uno de los atacantes.
Todo esto sucedía ante los ojos atónitos de gente que pernoctaba en plena vía y de vecinos que se asomaban por sus ventanas.
“¡Asesinos!”, comenzaron a gritarles. “¡No los maten!”.
En ese momento, Richard escuchó que uno de los funcionarios se percató de lo sucedido: “¡Qué hicimos!”.
Simultáneamente, el otro se asomaba por el cristal del piloto.
“Ya está listo. Vámonos, vámonos”, ordenó el líder del grupo.
Los pasajeros trataron de auxiliar al conductor. Pero ya había muerto.
Un menesteroso corrió a la estación de Tránsito Terrestre para notificar lo sucedido.
La comisión de Investigaciones de Homicidios de la policía judicial tardó cuarenta minutos en llegar.
El Iphone de Fermín nunca fue recuperado.
A la 1:30 pm del mismo 11 de mayo, una comisión de la División Contra el Secuestro y la Extorsión de la PNB encabezada por el primer inspector Jansk Oropeza Cambar se presentó en la central de Cicpc para entregar a Damián Ortiz y a Freiker Camacho.
En esa oportunidad, Camacho afirmó ante los pesquisas que él estaba esa madrugada por el mercado de San Martín, donde presuntamente tomó un taxi Mazda para buscar a Ortiz frente a la ferretería EPA del mismo sector. Añadió que mientras circulaban por la autopista vieron al Aveo negro, que “los sobrepasa de manera sospechosa”. De acuerdo con esta versión, es entonces cuando deciden interceptarlo.
Estas afirmaciones contrastan con las declaraciones de los dos pasajeros, quienes aseguraron que el Aveo nunca sobrepasó los 60 kms por hora. Además, los registros de telefonía entregados a la Fiscalía, así como constancias de video, indican que ambos fueron buscados por el conductor del Mazda en la sede policial.
El 12 de mayo, el director de la PNB, mayor general Elio Estrada Paredes (actual comandante general de la GN), envió un mensaje por sus redes sociales para dar el caso por cerrado. Reiteró que los dos detenidos pertenecían a ese cuerpo. Esta versión fue secundada por el fiscal designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab.
Sin embargo, las averiguaciones dieron un giro el 5 de junio, cuando el director de la oficina de Gestión Humana de la PNB, comisario mayor Paulino Ferrer, dejó constancia de que Damián Ortiz no era funcionario de la institución. Nunca lo fue.
“Hay que preguntarle a la superioridad de ese día, al jefe de Operaciones y el del jefe de ese despacho (Antisecuestros) cómo es posible que a un civil o a cualquier persona no autorizada le den un arma de fuego, le den un chaleco anti proyectil y también le den un acceso a una presunta investigación de campo que se estaba realizando”, afirmó el abogado Juan Carlos Carrero.
El litigante, ahora constituido en acusador privado, sostuvo que esta es una de las diversas evidencias de lo que calificó como “inacción” por parte de los fiscales asignados al caso.
No es la primera vez que la PNB actúa con civiles “empotrados”. En la operación que finalizó con la muerte del inspector jefe de Cicpc Oscar Pérez y su grupo, en enero de 2018, los agentes de la extinta Fuerza de Acciones Especiales (FAES) iban acompañados por dos integrantes del colectivo (grupo paramilitar del chavismo) Tres Raíces, vestidos con uniformes del propio cuerpo. Ambos fallecieron ese día, aparentemente, víctimas del “fuego amigo”.
Los fiscales no profundizaron en los antecedentes de Ortiz. Solo hallaron un registro de los Seguros Sociales que lo ubicaba como empleado de una agropecuaria de Guárico, hasta diciembre de 2018. Al no ser agente, fue necesario cambiar los delitos que le imputaron al momento de la presentación. En la acusación, entregada en junio, le atribuyeron homicidio calificado en grado de cooperador, porte ilícito de arma de fuego, asociación para delinquir y usurpación de funciones.
Según los fiscales, el tiro que mató a Flores salió del arma que portaba el oficial Freiker Camacho Reyes. Para llegar a esta convicción, se basaron en las experticias de análisis de trazas de disparo, que detectaron rastros de pólvora negra en uno de los chalecos presuntamente utilizados esa madrugada.
Igualmente, se tomó en consideración un informe enviado el 12 de junio por el comisario jefe (PNB) Igor Ávila, relacionado con las armas entregadas a los atacantes. En este documento, se indicó que ambas pistolas salieron del almacén de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET), uno de los despachos en los que recalaron los agentes que antes estaban en la FAES.
Uno de los problemas al respecto fue observado por los defensores de los agentes durante la audiencia de presentación: no se dispone de un registro que permita determinar cuáles armas y chalecos llevaba cada uno, desde el momento en que los retiraron de la PNB, el 10 de mayo, hasta el día en que se hicieron las experticias.
Estas dudas podrían se dilucidadas parcialmente mediante una reconstrucción de hechos. Pero hasta ahora los fiscales no la han solicitado. Según el acusador privado, esta es una de las diligencias que deberán realizarse en lo inmediato.
La norma procesal dispone que ese acto se lleve a cabo a la misma hora y en el mismo sitio donde ocurrió la muerte, contando además con la participación de los testigos, tanto presenciales como referenciales.
En este caso, sin embargo, los testigos no contaron con la debida protección. Este fue el relato de uno de los médicos ante la Fiscalía, sobre lo sucedido en la sede de Homicidios de la policía judicial, el mismo día en que mataron a Fermín:
“Mientras estábamos en la sala de espera, a las 9:34 am, llegan los amigos de Nicolás (Fermín). Me doy cuenta de que pasan unos sujetos en tres ocasiones mirando hacia mí. No sabía quiénes eran. (…) Mientras me están entrevistando, hablo con uno de los funcionarios y les hago saber que tengo miedo de seguir en Caracas, y que me pase algo. La respuesta de ellos fue: ‘Tranquilo que a ti no te va a pasar nada, porque ellos ya se entregaron’”.
Los que pasaban mirando a los médicos eran Camacho y Ortiz.
Desde el exterior, el papá de la víctima clama por el pleno esclarecimiento de los hechos.
“Hay muchas dudas con respecto a todo”, expresó. Durante la entrevista, la impotencia y la desesperación se transformaban en llanto.
Estos sentimientos se reafirmaron desde la semana pasada, cuando uno de los ex compañeros de estudio de su hijo le envió una foto del Aveo, todavía chocado, circulando por la redoma de Plaza Venezuela.
-El régimen venezolano salió reprobado durante el último proceso de “evaluación mutua” del Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic), un organismo intergubernamental compuesto por representaciones de 24 estados, que establece las pautas para el combate al lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y al mercado de armas de destrucción masiva.
El informe correspondiente fue presentado en marzo de este año, precisamente cuando el régimen daba a conocer los primeros resultados de una operación supuestamente orientada contra el principal grupo de lavado de dinero del país, luego llamada Caiga quien caiga.
El Gafic dictaminó que el cumplimiento a las 40 recomendaciones formuladas durante procesos de evaluación previos ha sido bajo o nulo. Detectó, por ejemplo, que la cooperación interinstitucional en las pesquisas sobre lavado de dinero y financiamiento al terrorismo “no es ágil ni eficaz, por cuanto no existe un contacto directo entre diferentes autoridades, sino que el Ministerio Público media las comunicaciones de todos los actores”.
También reveló que las confiscaciones de activos carecen de una estrategia, y que no existen evidencias sobre algún esfuerzo para recuperar los recursos venezolanos confiscados en el extranjero, a propósito de las múltiples pesquisas sobre legitimación de capitales que involucran a personas o entidades venezolanas. Desde luego, por razones netamente diplomáticas, el Gafic omitió que la mayoría de estas averiguaciones en otras jurisdicciones involucra a operadores ligados al oficialismo. Finalmente, el grupo evaluador no recibió datos sobre iniciativas de cooperación internacional para identificar y confiscar los activos involucrados en el financiamiento al terrorismo. En conclusión, la evaluación del Gafic pone al descubierto el escaso interés del régimen por investigar de forma amplia e imparcial tanto el lavado de dinero como la entrega de recursos a organizaciones terroristas.
-La Policía Nacional Bolivariana creó en mayo una instancia interna dedicada exclusivamente a la defensa de los agentes involucrados en ilícitos. La llaman Oficina de Alegaciones Policiales. Al cumplir su primer trimestre en funciones su directora, comisaria jefe Elizabeth Antoine, reveló en un informe que había participado en la atención a 674 efectivos, y que en ese lapso el número de casos en que aparecen señalados miembros de ese cuerpo asciende a 815. Esto es casi diez expedientes todos los días.
Los delitos más frecuentes en cuanto a los efectivos de la PNB este año han sido el hurto (147) y la violencia de género (97). También hubo gran cantidad de robos (86) y estafas (82), algo notable si se considera que este último es un ilícito caracterizado por la astucia. La Oficina de Alegaciones Policiales ha concentrado la mayoría de sus gestiones en defensa de los agentes de Distrito Capital (130 casos), Anzoátegui (93) y Miranda (87). Pero no hubo estado del país exento de averiguaciones contra efectivos de la PNB en estos tres meses.
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