Militantes de Voluntad Popular bajo amenaza de cárcel

Con la decisión del TSJ de despojar a Juan Guaidó de la Presidencia de la Asamblea Nacional y el inminente fallo para declarar como terrorista a Voluntad Popular, el chavismo saca definitivamente de la vía política e institucional a Guaidó, a Leopoldo López y a toda la directiva de esa organización política. Con ello, abre camino a una nueva Asamblea Nacional a la medida del chavismo

Militantes de Voluntad Popular bajo amenaza de cárcel

Con la inminente decisión del chavismo, a través de Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de declarar a Voluntad Popular como organización terrorista, toda persona que forme parte de ese partido político puede ser detenida, enjuiciada y sentenciada a pagar entre seis y diez años de prisión.

Así lo establece el artículo 37 de la Ley Orgánica contra el Crimen Organizado y Financiamiento del Terrorismo, disposición jurídica utilizada por el fiscal general del chavismo, Tarek William Saab, para pedir al TSJ (formado también por magistrados chavistas)  que declare como “organización terrorista” a este partido político.

El mencionado artículo señala que “Quien forme parte de un  grupo de delincuencia organizada será penado o penada, por el solo hecho de la asociación, con prisión de seis a diez años”.

Aunque se entienda que la acción de la Fiscalía tiene una finalidad eminentemente política en contra de la organización de la cual forma parte Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional reconocido como presidente interino por unos 60 países, los efectos de la medida podrán alcanzar a toda la militancia inscrita y allegados al partido.

Igualmente, puede alcanzar a todo el equipo de colaboradores y empleados que trabajan con el líder opositor.

Esta ley orgánica define como acto terrorista “todo aquel acto intencionado que por su naturaleza o su contexto, pueda perjudicar gravemente a un país o a una organización internacional tipificado como delito según el ordenamiento jurídico venezolano, cometido con el fin de intimidar gravemente a una población; obligar indebidamente a los gobiernos o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo; o desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas fundamentales, constitucionales, económicas o sociales de un país o de una organización internacional”.

saab pide declarar organización terrorista a voluntad popular

Foto: Cortesía Ministerio Público

El “rosario” del fiscal

Con base en estos conceptos, la Fiscalía General argumenta su solicitud en una recopilación de sucesos atribuidos a Voluntad Popular y su dirigencia, encabezada por Leopoldo López. Se les endilgan desde las manifestaciones ocurridas en 2014, por las cuales  se les considera responsables de las muertes de unas 200 personas y 1.400 heridos, por el llamado de esa organización a “La Salida”, y que llevaron a las manifestaciones civiles de 2014 y 2017. A juicio de Saab, se trató de una acción para incitar a una “guerra civil”.

En la larga lista contenida en el escrito de 50 páginas, se le endosa a ese partido político haber auspiciado el bloqueo financiero a Venezuela, impedir el ingreso de alimentos y medicinas, y torpedear la importación de los insumos requeridos para la producción de gasolina, entre otros males que aquejan a Venezuela. En la síntesis presentada por el fiscal general, se les adjudica la responsabilidad de casi toda la crisis económica y de servicios públicos que sufre el país.

Calificado como un partido “neofascista” por Saab, se acusa a sus miembros de apoderarse de cuantas bancarias congeladas en el exterior para beneficio propio, de las empresas Citgo en Estados Unidos y Monómeros en Colombia, lo mismo que de contratar a mercenarios internacionales para asesinar al presidente Nicolás Maduro y a los altos jefes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Hasta le atribuye la culpa de que la empresa americana AT&T retirara la señal de DirecTV en Venezuela.

La calificación de “terrorista” a Voluntad Popular es un paso más radical hacia la ilegalización de los más importantes partidos políticos opositores venezolanos. Se busca llevarlos a una situación en la que no tendrán posibilidad de realizar ninguna actividad legal en Venezuela. Detrás de la decisión contra VP, podrían venir otras medidas.

Cerco de Poderes

Ya desde el TSJ, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y el Consejo Nacional Electoral (CNE), se venía cercando a las principales organizaciones opositoras a través de decisiones “jurídicas”. La última medida dictada por el TSJ es la sentencia número 65, mediante la cual se desconoce la presidencia de la Asamblea Nacional de Juan Guaidó y se la entrega a Luis Parra, un diputado que recibió favores de una de las empresas vinculadas con los negocios con sobreprecios en la importación de alimentos para las cajas CLAP. Con esta operación, el régimen de Maduro, a través del máximo tribunal, termina de liquidar al Parlamento. Crea un Poder Legislativo paralelo y le quita el piso jurídico a las toldas que ganaron la mayoría parlamentaria en el año 2015.

acusaciones

AFPA partir de estas medidas, impedirán, bajo amenaza de cárcel, el funcionamiento de la legítima Asamblea Nacional. También, el ingreso a su sede y la posibilidad de operar en otro recinto o a través de mecanismos virtuales. La orden de detención de Guaidó ya debe de estar en proceso.

La persecución

A la par de las detenciones, imputaciones y exilio obligado de dirigentes, parlamentarios y hasta escoltas y choferes, desde diciembre de 2018, luego de las elecciones municipales, casi todos los partidos opositores representados en la Asamblea Nacional estaban ilegales, incluidos Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, Bandera Roja, La Causa R, Alianza Bravo Pueblo, entre otros.

Si bien a Voluntad Popular y al llamado G-4 -que agrupa a los principales partidos que han respaldado al presidente de la Asamblea Nacional- se les podría atribuir errores políticos y haber hecho llamados a la Fuerza Armada a desconocer la legitimidad de la presidencia de Nicolás Maduro, sus acciones han sido de carácter político, abiertas y públicas. Sus dirigentes no dieron la orden de tomar las armas ni de apoyar grupos radicales aislados que han aparecido en los últimos años reivindicando espontáneas acciones de violencia.

Solo en dictadura

La intención de calificar como terrorista a un partido político que ha participado en luchas legales, entre las que se encuentra el derecho a manifestar y denunciar la legitimidad del gobierno por irregularidades en los procesos electorales, podría equipararse a la ilegalización de los partidos políticos ocurrida en Venezuela en tiempos de dictaduras militares. Recordemos la registrada tras el golpe de Estado contra Rómulo Gallegos en 1948, que obligó a los activistas a pasar a la clandestinidad. El único partido que quedó en la legalidad fue el Frente Electoral Independiente (FEI) -alineado con el golpe militar-.  Solo se les permitió una actividad relativamente legal, pero controlada, a URD y a Copei.

Un ejemplo que contrasta con este caso de Voluntad Popular, fueron las ilegalizaciones ocurridas en la década de los años sesenta contra el Partido Comunista de Venezuela (PCV) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). En aquella oportunidad, en la naciente democracia, estos dos partidos llamaron a tomar las armas en contra del gobierno democrático. Abandonaron sus puestos en el Congreso Nacional y se fueron a abrir frentes guerrilleros para intentar derrocar al gobierno de Rómulo Betancourt. Algunos de aquellos guerrilleros se convirtieron en los tiempos actuales en importantes dirigentes del chavismo.

Negociación descartada

La nueva medida del gobierno de Maduro cierra aún más las puertas de una posible negociación entre oposición y gobierno. Esto, en medio de la grave pandemia que amenaza con extenderse y en un contexto de crisis económica en el que casi todo el aparato productivo del país está semiparalizado.

El régimen de Maduro intenta buscar estabilidad, sacando del juego a Guaidó. Pretende reducir la influencia del apoyo que le otorgan más de 50 naciones democráticas. También, legitimar una nueva Asamblea Nacional con una oposición menos deliberante. Se ha creado una directiva paralela del Parlamento, para luego convocar nuevas elecciones con la ausencia de Voluntad Popular y de partidos afines. Con un nuevo Poder Legislativo, buscarán legitimar sus acciones en el ámbito internacional.

De nuevo, Gedeón

Uno de los más reiterados argumentos esgrimidos por la Fiscalía para la calificación de terrorista ha sido la acusación de que los dirigentes de Voluntad Popular, encabezados por Guaidó, gestionaron y acordaron la contratación de mercenarios internacionales para ejecutar un magnicidio contra Nicolás Maduro y figuras del alto gobierno.

Sobre ese caso se han revelado abiertas sospechas de que la mano del régimen chavista tendría injerencia en esa operación. Recordemos que cada paso era previamente anunciado en el programa televisivo de Diosdado Cabello. Este aseguraba cada semana que estaban infiltrados.

Diversos medios de información refirieron que fue detenido Franklin Durán y conducido al Sebin, por sus presuntos vínculos con la Operación Gedeón. Lo curioso del personaje es que se trata de un empresario muy ligado al gobierno chavista. Fue procesado en Estados Unidos por el ocultamiento de 800 mil dólares en el famoso caso del maletín de Guido Antonini Wilson. Dinero en efectivo enviado por el gobierno venezolano el 4 de agosto de 2007 para Argentina en un avión de Pdvsa. El objetivo: financiar la campaña electoral de Cristina Kirchner.

invasion maritima

Inflitración confesa

El pasado lunes, Guaidó denunció que un testaferro, vinculado con Diosdado Cabello, había financiado la Operación Gedeón. Lo hizo como parte de la infiltración hecha y reconocida por el régimen de Maduro. “La operación, ni operativamente ni militarmente tenía ningún tipo de posibilidad. Es un montaje de la dictadura para generar propaganda, victimización internacional y persecución a nivel interno. Engañaron a una cantidad de tenientes para masacrarlos. El nivel de sadismo del régimen llega a infiltrar y masacrar”, afirmó Guaidó.

La Fiscalía también refiere la existencia de un contrato con la empresa Silvercorp, propiedad del mercenario Jordan Goudreau, firmado por su ex asesor J.J. Rendón y Sergio Vergara, miembro del equipo de Guaidó, para analizar un escenario de intervención. El acuerdo, según Rendón, nunca se concretó. Saab, en su intervención, señaló que Goudreau se quejó de que Guaidó lo estafó y nunca le pagó. Entonces queda aún el acertijo: ¿quién terminó financiando la precaria “invasión” con dos botes peñeros frente a las costas venezolanas?

En el caso Gedeón, aún no se han descifrado todas las variables. Entre ellas, las investigaciones que lleva Colombia sobre las armas incautadas un mes antes de este caso y sobre los operadores involucrados en ese envío.

Los sucesos de 2014 y 2017

La argumentación de la Fiscalía también atribuye a Voluntad Popular la gran cantidad de muertes y heridos generados durante las manifestaciones de 2014 y 2017. Estas fueron convocadas, entre otros líderes opositores, por Leopoldo López, figura principal de esa organización política. Sin embargo, registros audiovisuales y numerosos testimonios dejaron evidencias de las actuaciones de los cuerpos de seguridad, como el Sebin, la GNB y colectivos armados.

El país aún recuerda el caso de Bassil Alejandro Da Costa Frías. Fue el primer estudiante asesinado en el marco de las protestas de 2014 en contra del presidente Maduro. El joven de 23 años de edad era estudiante de Mercadeo de la Universidad Alejandro de Humboldt en Caracas y residía en Guatire, estado Miranda. Los registros mostraron cómo funcionarios del Sebin actuaron con armas de guerra. Fueron ellos los que propiciaron el conflicto frente a la manifestación, hasta ese momento pacífica, que se realizaba en las inmediaciones de Parque Carabobo –donde está la sede principal de la Fiscalía–, que fue dispersada a punta de armas de fuego.

Militantes de Voluntad Popular en acto de apoyo a Guaidó

Bachelett “in situ”

En 2017 también destaca un caso emblemático. Se trata del asesinato del joven David Vallenilla, ocurrido el 22 de junio, a manos de un militar frente a la Base Aérea de La Carlota. Estos sucesos quedaron registrados en el informe de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelett, quien visitó el país entre el 19 y 21 de junio de 2019. En esa ocasión, recogió testimonios de 558 personas, entre víctimas y testigos, de ambos sectores protagonistas del conflicto político en Venezuela.

Bachelett, quien fuera una aliada socialista del gobierno de Hugo Chávez, en su rol de defensora de los derechos humanos y como parte de un organismo integrado por profesionales que operan con independencia, concluyó que, especialmente desde 2016, el gobierno de Maduro puso en marcha una estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al gobierno”. Al Sebin y a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), el informe les asigna responsabilidades. Estas tiene que ver con “detenciones arbitrarias, maltratos y tortura de opositores políticos y de sus familiares”. Igualmente, señaló Bachelett que “los colectivos armados contribuyen a este sistema ejerciendo control social en las comunidades locales, y apoyando a las fuerzas de seguridad en la represión de manifestaciones y de la disidencia”.

Ocultamiento de pruebas

Sobre el asesinato de Bassil Da Costa, la ex fiscal general Luisa Ortega Díaz reconoció el año pasado, desde su exilio en Colombia, que en ese caso hubo ocultamiento de pruebas por el gobierno de Maduro. “Dimos con los autores del asesinato, y también con los de Juan Montoya, miembro de los colectivos, (asesinado durante esa misma jornada). Entonces Maduro salió diciendo que a Bassil lo asesinaron con la misma arma que a Montoya. Yo me molesté. Tuvimos una gran discusión porque eso no era así, es falso. Teníamos las pruebas, y confirmaron nuestro argumento, eran armas distintas… esa discusión debí haberla hecho pública“. Ortega Díaz aseguró que no lo hizo “por la responsabilidad que tenía con el Estado, pensaba que se podría fracturar el país, que iban a suceder más conflictos (…) Creo que debí haber revelado esas discusiones internas“.

Detenciones a granel

Durante las manifestaciones de 2014 se produjeron 3.693 detenciones por protestas y por razones políticas, según los registros de la ONG Foro Penal.

Entre el 1° de abril y el 12 de julio de 2017, en el marco de las protestas, se produjeron 3.880 arrestos. De esa cifra, 1.140 ciudadanos permanecieron detenidos.

Desde el comienzo de las protestas el 1° de abril,  hasta el 18 de mayo de 2017,  295 civiles detenidos fueron procesados por tribunales militares. A partir de esa fecha y hasta el 12 de julio, se sumaron otros 75 detenidos. En total, la justicia castrense procesó a 370 ciudadanos.

A juicio de la ONG Provea, la implementación del Plan Zamora -operativo desarrollado por el gobierno de Maduro desde las manifestaciones de 2014 y 2017, en el que se incorporaron colectivos civiles, organizaciones de base como UBCH y organizaciones comunitarias al control de manifestaciones junto a las fuerzas armadas y policiales-, “elevó la escala del conflicto dentro de Venezuela, mediante un mecanismo de confrontación de naturaleza bélica que atenta contra el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica”.

 

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