¿Por qué hay tantos policías involucrados en delitos?

La noticia se esparció a toda velocidad a través de las redes sociales, a pesar de ser un día feriado. Un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana había resultado muerto en un enfrentamiento ocurrido el pasado 12 de octubre, en la estación de servicio Mi Bohío, en plena Autopista Regional del Centro, cerca de la ciudad de Valencia. Hasta ahí todo parecía relativamente normal dentro del acontecer informativo.

El detalle es que el oficial Nelson García, de 20 años, se enfrentó a comisiones del Grupo Antiextorsión y Secuestros de la Guardia Nacional, porque él, junto a otros cinco uniformados pretendían cobrar el dinero de un rescate, después que el sábado 10 de octubre habían secuestrado a un comerciante por el cual exigían 2 millones de bolívares para liberarlo.

“Todos los problemas que están dando los policías ahora son responsabilidad de la Universidad Nacional de la Seguridad (UNES), por la mala selección que se está haciendo. Mejor dicho, no hay selección, todo el que se inscriba es admitido y no hay rigurosidad en la selección del muchacho que es formado como policía”, expresó el comisario Sergio González, ex jefe dentro del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc).

En el procedimiento del GAES en Mi Bohío fue aprehendido el oficial José Anzola. Del lugar lograron huir los oficiales Mauricio Moreno y Jesús Sierra, quienes se volcaron en una patrulla cuando se dirigían al estado Aragua, el oficial Gilmer León, quien resultó herido en el enfrentamiento, y un cuarto uniformado de nombre Richard Candeli. Todos ellos graduados entre la segunda y la tercera promoción de la UNES, 20012 – 20013.

“El problema es que no existe ningún tipo de rigurosidad en el proceso de selección de los muchachos que entran a la UNES y que en muy pocos meses salen graduados como Policía Nacional. Hemos tenido casos en los que ni siquiera se verifican los antecedentes de esos jóvenes, y en medio del curso de formación, se descubre que están solicitados por un tribunal e implicados en casos de homicidios”, explicó el comisario González.

Apenas un día después del secuestro orquestado por los PNB, Polibaruta sostuvo un enfrentamiento con un grupo de delincuentes en Hoyo de la Puerta, dentro de los cuales había dos funcionarios de la Policía de Caracas, quienes tenían una falsa alcabala en el sector, donde planificaban perpetrar un secuestro. Los funcionarios fueron identificados como: Ronegar Alvarado y Luis Rondón.

“El éxito de un buen modelo policial está en la escogencia del talento humano. Los filtros que se apliquen para investigar a ese individuo, y luego la parte de la educación es importante. No puede ser que se les dé un curso ahí de formación, sólo por llenar los cuadros y decir que tiene  policías en las calles”, sentenció el abogado Javier Gorriño, ex funcionario de la extinta Policía Técnica Judicial (PTJ).

Gorriño advirtió que la escasa supervisión que hay actualmente dentro de las filas de los cuerpos policiales, propicia que sus funcionarios incurran en la comisión de delito, pues ellos más que nadie saben que la impunidad que hay en el sistema de administración de justicia del país, los mantendrá a salvo de ser castigados por lo que hacen.

“El policía sabe que el grado de impunidad es total, entonces optan por hacer dinero fácil y rápido e incursionan en la comisión de secuestros, extorsiones, asaltos, porque con una credencial y un uniforme se sienten a salvo”, comentó el experto.

El inicio del desastre

 

Entre 2006 y 2007 en Venezuela se destinaron recursos para realizar un diagnóstico sobre la calidad de los cuerpos policiales que había en el país. El entonces ministro de Relaciones Interiores Jesse Chacón dio paso a la creación de la Comisión Nacional para la Reforma Policial (Conarepol), que se encargó de hacer una evaluación interna a cada organismo y elaboró una serie de recomendaciones sobre lo que necesitaba el país.

En 2007, con Pedro Carreño dentro del MIJ, la Conarepol dejó de sesionar y le quedó como tarea pendiente la creación de una Ley de Policía Nacional, la Universidad Nacional de la Seguridad (UNES) y un Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana que finalmente nació en 2009, como reemplazo de lo que alguna vez fue la Policía Metropolitana.

Casi seis años después, ese modelo policial ideado por la Conarepol dista mucho de ser la solución para reducir los índices de seguridad y violencia cada vez más exacerbados en Venezuela.

“Ese modelo del policía humanista no tiene nada que ver con la realidad delictiva del país. La disolución moral en la que se encuentra sumida Venezuela ha hecho que la sociedad pierda la sensibilidad. El policía, como miembro de la sociedad también ve cómo las instituciones no funcionan y son también víctimas de la precariedad económica que hay, entonces se van por el atajo fácil de delinquir porque  dentro de esa anomia colectiva, ellos son los que menos reciben castigos”, explicó el psicólogo y criminólogo Omar Arenas Candelo.

Los expertos consultados coincidieron en señalar que en la actualidad, la calidad en la formación de los funcionarios que ingresan a las filas de los cuerpos policiales es determinante en el aumento uniformados implicados en delitos.

En el caso de la Policía Nacional Bolivariana, los oficiales salen a la calle con apenas 11 meses de preparación y sólo si desean sacar la licenciatura, deben cursar la carrera en la UNES que tiene una duración de cuatro años.

Lo mismo sucede en el caso de los funcionarios del Cicpc. Anteriormente era seleccionados para ingresar a las filas del Instituto Universitario de la Policía Científica (IUPOLC), pero ahora su formación también depende de la UNES.

“En Venezuela no hay ningún tipo de atractivo para la carrera policial. Anteriormente ingresar al IUPOLC era un reto, era sinónimo de excelencia y era un proceso complejo de formación. Ahora, en esa universidad que creó el Gobierno, politizada, entra el muchacho que sabe que con el uniforme, la placa y la pistola, sale listo mínimo para convertirse en un matraquero con chapa, porque el sueldo del policía sigue siendo miserable”, comentó Gorriño.

El honor ya no se divisa

 

La carrera delictiva de los uniformados venezolanos también alcanzó a los miltares, especialmente a los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Según Javier Goriño, la razón por la que cada vez son más recurrentes los casos de funcionarios delinquiendo, obedece a las nuevas tareas que les son encomendadas. “La GNB ahora tú la ves cuidando colas, en los barrios en puntos móviles, en labores de seguridad ciudadana, donde tiene más opción de hacer lo que le dé la gana, porque además, ese uniforme y ese fusil que le entregan, le da autoridad frente a la población civil”, dijo.

Según el experto, el militar fue sacado de los cuarteles para hacer cualquier cosa, con tal de mantener a la población en constante estado de sometimiento. “Cuando se gradúan, lo que quieren es que los manden en comisión de servicio para cualquier otro ente del Gobierno y los ves que a los seis meses ya andan en camionetas y exhibiendo lujos, sin que ningún superior les pregunte de dónde están saliendo esas cosas”, comentó Gorriño.

Otro show, ningún resultado

Después del modelo policial implementado por la Conarepol, que no dio resultados para la contención de los índices delictivos del país, en octubre 2014 Nicolás Maduro ordenó la creación de Comisión Presidencial para la Reorganización Policial y puso al frente al diputado Freddy Bernal, quien estuvo seis meses al frente del grupo de trabajo.

De acuerdo con el balance ofrecido en mayo por el ministro de Relaciones Interiores, Gustavo González, la Comisión intervino 19 cuerpos policiales estatales y municipales, se habían abierto 800 expedientes contra uniformados por hechos irregulares, 450 uniformados fueron destituidos y apenas 155 policías habían sido detenidos.

Los cobros de vacunas o extorsiones y los secuestros son los delitos en los que más incurren los funcionarios de los distintos cuerpos de seguridad. La razón es que el hecho de portar el uniforme y un arma de fuego permisada los coloca en una posición de superioridad frente a los ciudadanos, quienes se dejan intimidar ante la posibilidad de ser víctimas por acción u omisión.

“Es normal que la gente no confíe en sus policías, cuando vemos cada día todas estas cosas. La posibilidad de que conducta criminal se repita o no, radica en la sanción o el castigo que se imparta. La gente sabe que si denuncia al policía, la posibilidad de que le suceda algo peor es más grande. El ciudadano entiende que la corrupción está también dentro de los cuerpos de seguridad y se siente completamente indefenso”, señaló Arenas Candelo.

Aún después de cometer el delito y ser sorprendido, el policía es beneficiado de alguna forma por el sistema de administración de justicia, pues por lo general, una vez que son aprehendidos por delinquir, en los tribunales ordenan que su sitio de reclusión generalmente sea el comando de algún cuerpo policial, pues consideran que sin son enviados a las cárceles ordinarias, corren el riesgo de ser asesinados por los delincuentes.