Tarek William Saab, el Fiscal General de la República que en su momento apoyó el alzamiento militar del fallecido Hugo Chávez, aseguró este jueves que no es posible "apoyar a quien tome las armas para derrocar un gobierno".
De esta manera, el fiscal designado por la chavista Asamblea Constituyente fijo posición sobre el cuestionado operativo del 15 de enero que acabó con la vida del inspector Óscar Pérez y otras seis personas de su grupo, que organizaciones humanitarias -como Provea o HRW- califican de ejecución extrajudicial.
Ante las cámaras de VTV, Saab afirmó que «las armas no son las vía para dirimir las diferencias» en Venezuela por lo que se propuso a abrir un debate público del tema. «Tengo moral para hacerlo. Arriesgué mi vida. El centro del debate es aquellos que quieren incendiar el país o la vía electoral para dirimir las diferencias», dijo sobre el caso.
Sin embargo, Saab no se pronunció sobre cuestionados detalles del operativo. No habló si se violaron los derechos humanos luego que en los videos publicados por Pérez en Instagram demuestra la disposición del grupo a entregarse ante los policías y miembros de grupos parapoliciales («colectivos») que participaron en el asalto a un chalet en el Junquito, en el oeste caraqueño.
El fiscal tampoco habló de la utilización de armas de guerra, la destrucción de la escena del operativo o el proceso para entregar y enterrar a los abatidos.
Ni siquiera se pronunció sobre la detención de 50 personas o la desaparición de otras 10 personas vinculadas presuntamente con el grupo de Pérez, según denunció este jueves la ONG Foro Penal.
Rebeca y Francisco García fueron retenidos brevemente por la policía española y puestos en libertad horas después. Las autoridades determinaron que no había una orden de captura internacional, algo que Tarek William Saab aseguró que existía el pasado #10May
Las denuncias por acoso de múltiples víctimas de Rebeca García no procedieron hasta el pasado #7May. Según abogados y especialistas de género, cada argumento de las autoridades deja clara una situación: el Estado tiene la responsabilidad de que ellas no consiguieran justicia a tiempo y todo se debe a una interpretación específica de la ley
Los hermanos Rebeca García y Francisco García tienen múltiples denuncias en su contra por acoso. La mayoría de sus víctimas son mujeres que llevan años siendo perseguidas y hostigadas. El fiscal ordenó aprehenderlos, pero el Ministerio Público dijo horas antes que "no hay ninguna ley que proteja el acoso de mujer contra mujer"
