A un año de la aparición de Oscar Pérez, las detenciones siguen en escena

Desde el helicóptero, que se supone despegó de la base aérea militar de La Carlota (este caraqueño), el agente de la Brigada Especial de la Policía Científica desplegó una pancarta en la que se leía un contundente mensaje contra el gobierno de Nicolás Maduro: «desconocemos cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos».

El policía y otros compañeros de la Policía Científica lograron burlar las medidas de seguridad aérea y dejaron el helicóptero en una zona boscosa del estado Vargas, al norte de Caracas. Desde entonces, el policía se convirtió en el enemigo número uno del chavismo.

Para el 27 de junio, Venezuela arribaba a su tercer mes de protestas de calle contra Maduro y ya la cifra de fallecidos se acercaba al centenar.

Después de ese día, todo lo relacionado con Pérez pareció más un guion de una película de acción (participó en una película con financiamiento oficial sobre el funcionamiento de la Policía Científica). Una trama inédita para la crisis venezolana, que culminó el 15 de enero de 2018 con el asesinato de Pérez y su grupo durante una cuestionada acción militar dirigida por el gobierno.

Hace 365 días, el ex funcionario y actor también publicó un video en las redes sociales  donde aparecía junto a otros compañeros con las caras tapadas y portando armas. En este, advertían: «somos nacionalistas, patriotas, e instituticionalistas (…) Esta lucha no es con el resto de las fuerzas estatales, es contra la tiranía de este gobierno».

El video se hizo viral rápidamente y de ambas acciones, el helicóptero y el video, se desprendieron diversas teorías y rumores. Incluyendo al gobierno.

Para ese momento, el ministro de comunicaciones, Ernesto Villegas, aseguraba que Pérez había efectuado alrededor de 15 disparos y accionado cuatro granadas contra la fachada del Máximo Tribunal. Desde el TSJ se organizó un «tour» para «mostrar» las afectaciones. Unos daños que en su mayoría no corresponden al accionar de granadas. El personal de seguridad llego a informar que «un árbol logró contener la acción de dos de ellas» y otra, «no habría estallado».

Transcurrió el tiempo y Pérez hizo una aparición «repentina» en el este de la ciudad, específicamente en la Plaza Altamira donde se realizaban actos en conmemoración de los jóvenes asesinados durante las protestas. Mientras, su rostro y el de otros compañeros aparecía en carteles en distintas partes de la ciudad y en los aeropuertos con el famoso «se busca».

Pérez pasó períodos de silencio al tiempo que se tejían todo tipo de hipótesis hasta diciembre cuando volvió a irrumpir ante la opinión pública. Lo hizo mediante otro video en el que se observaba cómo su grupo asaltaba un puesto de la Guardia Nacional Bolivariana, ubicado en Laguneta de la Montaña, estado Miranda (centr0). Allí se sustrajeron 26 fusiles de asalto y otras armas militares.

Las imágenes mostraban a Pérez, hablándole a los oficiales del comando y pidiéndoles que se pusieran «del lado del pueblo».

Esta acción, en las ‘narices’ del gobierno, enfureció a las autoridades. Cabe destacar que en ninguna de las «apariciones» de Pérez y su grupo hubo heridos o fallecidos.

A raíz de la figura del ex funcionario y actor comenzaron las detenciones de todo tipo. Familiares, amigos y conocidos de Pérez y su grupo se registraron a lo largo del país sin órdenes judiciales, según activistas de derechos humanos. Por este caso, muchos siguen en las cárceles torturados y sin ser presentados ante un juez.

Uno de ellas, la de Óscar Rivas Gamboa, director de la película «Muerte suspendida», en la que Pérez participó como actor y productor. También se detuvo a Héctor Pedroza, fotógrafo independiente que participó en la película, a la cual por cierto asistió toda la plana mayor de la Policía Científica en su estreno.

Violaciones de derechos humanos a la carta

Desde la aparición de Pérez en escena, la real, las detenciones de civiles y militares han estado a la orden del día.

Según la diputada opositora Adriana Pichardo, el 10% de los presos políticos al día de hoy están relacionados al caso de Óscar Pérez.

Vanessa Barroso, una joven diseñadora y abogada que estuvo al frente de la fundación GV33 Moral y Luces, creada en 2016 por el ex funcionario también fue detenida en febrero de 2018, casi a un mes del asesinato de Pérez. Ella y otro miembro de la fundación estuvieron recluidos en el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) hasta el 26 de marzo. Han sido los únicos liberados por este caso en esa sede policial.

La lista de detenidos es larga. Desde organizaciones no gubernamentales como Foro Penal y abogados de militares así como dirigentes opositores, calculan que más de 30 personas, civiles y militares, se mantienen detenidos entre la cárcel militar Ramo Verde y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

En febrero de 2018, también fueron detenidas Carola Hernández, una diseñadora, Williams Alberto Aguado Sequera, Joaldy Beyon González, Juan Carlos Urdaneta Marcano, Eva María Lugo, Laura Vanessa Ruíz Lugo, responsables de una cuenta en Facebook dónde se hablaba de Óscar Pérez y Antonio José Pérez Cisneros, también exagente de la Policía Científica.

En marzo se les sumó Vasco Da Costa, José Santamaría (quienes ya habían estado detenidos desde 2014 y excarcelados en 2017), Pedro Rafael Urbina Rosales, Regulo José García Castro, Luis Felipe Díaz Fernández, detenidos en la carcel de Sana Ana y los menores Ricardo David Cayamas Centeno y Frabiel Bello González, detenidos en la parroquia caraqueña de Coche. A este último le han dicho que es hijo de Pérez.

Reynaldo Rodriguez, quien acudió al cementerio del Este el día que los cuerpos de Pérez y dos de sus compañeros fueron sepultados  y desde donde ofreció un discurso, también se mantiene privado de libertad.

Los familiares de la mayoría han denunciado torturas y otros tratos crueles contra estas personas.

Violaciones de DDHH a militares

A un año de la aparición de Oscar Pérez, el diputado y presidente de la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, denuncia que se han «desmantelado» las unidades de fuerzas especiales de las Fuerzas Armadas.

Una de ellas, la promoción «Pedro Pérez Delgado». De 15 miembros, ocho están privados de libertad actualmente.

José Alejandro Diaz Pimentel, uno de los compañeros de Óscar Pérez quien también fue asesinado durante la llamada operación «Gedeón» activada por el gobierno para asesinar al exinspector y sus compañeros, perteneció a esta promoción.

Ana Varela, madre del primer teniente Simón Torres Varela, uno de los detenidos, relata que su hijo fue apresado el 12 de enero de 2018. Tres patrullas del Dgcim con siete funcionarios lo fueron a buscar.

Después de recorrer varias sedes policiales sin respuesta sobre el paradero de su hijo, el 17 de enero, día días después de la operación en la que se asesinó a Pérez, Torres Varela se comunicó con una vecina a quien le indicó que lo trasladaban a la Corte Marcial.

Los abogados del primer teniente denunciaron que él y otros compañeros fueron victimas de tortura.

«Les arrancaron uñas, les colocaron bolsas con gas lacrimógeno, uno de ellos tenía fracturadas las costillas. Todos tenían laceraciones en las muñecas por las esposas», relata Ana, su madre.

Los representantes legales aseguran que estás denuncias fueron presentadas ante el juez de la causa. Denuncias que fueron «desestimadas» aunque las evidencias eran visibles, de acuerdo a lo que relatan abogados de los funcionarios.

Los familiares de estos funcionarios pudieron verlos hace pocos días, casi cinco meses después de las detenciones.

Este martes 26 de junio, revelaron en una sesión plenaria de la Asamblea Nacional algo desgarrador y es que estos ocho funcionarios fueron desnudados y amenazados con ser violados.

Otro funcionario detenido es Henri José Medina Gutierrez. Leonela, su esposa, cuenta que desde el 2 de marzo de este año viven un «viacrucis».

Medina fue llamado ese día para presentarse a las 7:00pm ante el comandante general del Ejército, Jesus Chourio. Ese día fue detenido junto a sus compañeros de la promoción 1999.

Siete días después, sin que su familia conociera el paradero, Medina y sus compañeros fueron presentados en la Corte Marcial el 9 de marzo bajo el mismo patrón: lacseraciones en muñecas y golpes.

Leonela de Medina asegura que existe un «ensañamiento» contra los militares agravado por el hecho de que, precisamente portar un uniforme les impide «hablar».

«Si te quejas porque el dinero no alcanza o porque no hay una engrapadora, estás conspirando», señala al tiempo que hace un llamado al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.

Medina se encuentra recluido en Ramo Verde donde estuvo 14 días aislado en el sector conocido como «El Tigrito».

Allí, cuenta su esposa, tuvo que hacer sus necesidades en bolsas y dormir junto a ellas.

Se calcula que 150 oficiales estarían detenidos desde 2017 y lo que va de 2018.

En el caso relacionado a Óscar Pérez, la cifra podría llegar a una veintena. A la mayoría se les relaciona con la toma del puesto de la Guardia Nacional en el estado Miranda.

En los expedientes no se destacan cuáles serían las relaciones con Pérez y su grupo. No hay cruces de llamadas o indicios sobre estas relaciones más allá de lo dicho por un «patriota cooperante» que daría cuenta de supuestas reuniones.