La última que lo vio fue su hermana Rafaela para quien, aunque sabían que estaban expuestos, “nunca se está preparado para tener a alguien preso. Sabemos que para el gobierno, protestar y querer un mejor país, es un delito”.
Rafaela y su padre, el doctor Juan Requesens, coinciden en describir los últimos 30 días con el mismo calificativo: “difícil”, a pesar de que asegura que los ha unido como familia.
La hermana del diputado, quien es también presidenta de la Federación de Centro de Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, agrega que “nos ha dado fortaleza para denunciar a este régimen que ataca a todo aquel que piense distinto”.
Ella no oculta sus lágrimas al tiempo que confiesa que al despedirse aquel 7 de agosto en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), “pasaron muchas cosas por mi cabeza”.
Necesita tiempo para seguir hablando. Lo toma y continúa: “No pensé en los días próximos y esos días han pasado muy rápido pero seguimos con fuerza”, señala retomando la tranquilidad. Ella y sus padres aseguran estar conscientes de que este caso pueda “ir para largo”.
“Uno se plantea los distintos escenarios pero, sea el tiempo que sea, estaremos de pie”, manifiesta Rafaela.
El otro rostro de esta historia es un reconocido traumatólogo y militar retirado. Teniente Coronel, para ser más precisos. El padre del parlamentario que además comparte nombre con su hijo.
El doctor Requesens ha calificado desde el día uno como “secuestro” lo ocurrido con el diputado: “Primero fue una desaparición forzosa hasta que supimos que estaba efectivamente en el Sebin”.
El doctor Requesens recuerda también ese 7 de agosto. Estaba en su casa viendo televisión cuando su hija, Rafaela, le dijo que iba a una reunión y Juan se ofreció a acompañarla hasta la planta baja. Nunca imagino lo que seguiría.
“Uno nunca se prepara, y menos la forma barbárica como se trató a un diputado de la República. Pasaron la raya roja”, sostiene.
Para la familia del diputado, su encarcelamiento es un mensaje “a la juventud, a la sociedad e incluso, a los militares”, dada la condición de militar retirado de su padre y su tío.
“Esta gente no da puntada sin dedal pero estamos convencidos de que estamos del lado correcto”, sentencia el padre del parlamentario.
Esta familia como muchas que tienen personas detenidas por estar contra el gobierno deben lidiar con un elemento extra: el olvido de la sociedad.
Rafaela sostiene que la familia lo tendrá siempre presente “y haremos que esté presente. Tenemos fortaleza y convicción”.
El doctor Requesens por su parte, recuerda que Juan envió un mensaje a cada uno de sus seres queridos durante la audiencia de presentación. El único momento que han tenido sus abogados para verlo.
Además de su familia, envió un mensaje a los venezolanos: “No se rindan. Yo no me rindo”. Un mensaje que asume como mantra junto al suyo:”no desesperarse ni desesperanzarse”.
La última vez que su equipo lo vio fue el 13 y 14 de agosto, días de la audiencia de presentación. Los dos días no sumaron poco más de 12 horas.
Después de eso, desde el Sebin alegan “órdenes superiores” para no permitir el acceso de los abogados los días de visita fijados para ellos.
Desde la ratificación de la privativa de libertad, corren 45 días para que el Ministerio Público presente los actos conclusivos de la investigación en una audiencia preliminar en la que se decidirá si el diputado pasa a juicio.
De cara a esta audiencia, los abogados van en desventaja no solo por la dificultad de establecer una estrategia con su defendido sino también porque no han tenido acceso a un expediente con varias “reservas legales”.
El Tribunal Primero con competencia en Terrorismo ha estado sin despacho prácticamente desde la audiencia de presentación. Ahora se le suma el hecho de que la juez, Carol Padilla, está de vacaciones.
La información extraoficial es que quien la reemplazaría sería la juez del Tribunal Cuarto de Control con competencia en Terrorismo.
Otra irregularidad en el caso del diputado es que tampoco se han podido solicitar los exámenes médicos que requiere el parlamentario. Exámenes que el mismo fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, ordenó.
Hace dos semanas, su médico personal advirtió el riesgo que corre el diputado de no seguir el tratamiento que tiene en su condición de paciente bariátrico. Un riesgo que puede llevarlo incluso, a la muerte.
Así han transcurrido 30 días, un mes en el que al diputado se le ha impedido defenderse de la acusación lanzada desde el gobierno: magnicidio.
Siete cargos (instigación pública continuada; terrorismo; financiamiento al terrorismo; asociación para delinquir; homicidio calificado por motivo fútil en grado de frustración; homicidio calificado con alevosía en grado de frustración y posesión ilícita de armas y municiones) le fueron imputados al diputado por el estado Tachira y junto a él, más de cien personas que estarían en el expediente.
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