La crisis económica derivada de la destrucción del aparato productivo, la desinstitucionalización del país, la corrupción, que alcanza importantes instancias del gobierno y los sectores militar y policial, son los factores principales que han propiciado las condiciones para el desarrollo de grupos armados irregulares y el crimen organizado.
Cerca de 10 horas diarias duraron los más recientes tiroteos, durante varios días de la semana, en la populosa parroquia La Vega, del oeste de Caracas. Algunos de los habitantes del lugar se van acostumbrando a dormir con el colchón en el suelo para evadir las ráfagas que se entrecruzan entre bandas delictivas y fuerzas policiales. Detrás de este conflicto hay grandes negocios de la economía ilegal que prospera en Venezuela.
Este escenario es un dramático síntoma de cómo grupos armados irregulares van tomando terreno en zonas del país y comienzan a imponer su dominio sobre sectores de la población.
Pocas horas después de que retiraran los cuerpos de dos ciudadanos que cayeron abatidos por balas perdidas, la comunidad recibió la amenaza de muerte por parte del grupo armado: “uno cada hora” si las fuerzas de seguridad policial no se retiraban de la zona.
Un mes antes de estos sucesos, la banda de “El Coqui”, de la Cota 905, aliada de las bandas de La Vega, atacaban a una patrulla de un cuerpo policial y se apoderaban de unidades y de armas del cuerpo de seguridad.
Estas escenas se hacen cotidianas. Son los síntomas visibles de una Venezuela que padece el crecimiento de estructuras armadas delictivas que han encontrado un terreno propicio para su desarrollo, con asentamiento y facilidades para operar. Además general una economía ilegal con ramificaciones en todos los estratos de la sociedad.
Es el auge de las llamadas bandas y megabandas desarrolladas internamente. Junto a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), disidentes, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), de origen colombiano, han extendido sus operaciones y dominios más allá de las zonas fronterizas y se internan en todo el territorio nacional.
Los nombre de “El Coqui”, “El Vampi”, “El Garbis” o “El Mayeyas” comienzan a ser populares para esas comunidades y hasta las más altas autoridades policiales incluso les han solicitado diálogo y negociaciones.
Igual ocurre con los grupos guerrilleros como las FARC Disidentes, que negociaron con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) la entrega de ocho militares secuestrados, luego de su captura, tras una fracasada acción militar en el Alto Apure. Otras de bandas, la de “El Tren de Aragua”, extendió sus dominios en seis estados de Venezuela y abrió operaciones en países vecinos como Colombia, Brasil y Perú.
La crisis económica derivada de la destrucción del aparato productivo y la desinstitucionalización del país, que alcanza a los sector militar y policial, son dos de los factores principales que han hecho fértil el territorio para el desarrollo de estos grupos armados.
Mientras, la propaganda militar promueve entre sus filas el concepto patriótico de soberanía y reta a un presunto invasor representado por las fuerzas militares estadounidenses y sus aliados latinoamericanos, los grupos irregulares cobran fuerza y hasta disputan sus territorios.
Varios factores se han combinado para crear este escenario delictivo con el que la ciudadanía se ve obligada a convivir y, en algunos casos, a acatar sus reglas. El punto de partida es el colapso general de la economía legal en Venezuela, que ha dado paso a una “subterránea” alimentada en el crimen organizado.
Ha sido un colapso generado desde el modelo político que impera desde hace 20 años, que de manera tardía trata de enmendar el régimen de Nicolás Maduro con medidas económicas “liberales”. Estas medidas chocan con el modelo ideológico, pero que favorecen a los “amigos” de la cúpula.
Lo sustancial es que esos factores han generado el surgimiento de un complejo entramado de economía ilícita en donde se entrelazan negocios como el tráfico ilegal del oro, narcotráfico, contrabando, lavado de dinero proveniente de la corrupción y malversación de dineros públicos. También paga el tráfico de influencias, que se ha apoderado de importantes áreas del gobierno donde las soluciones se transan en miles de dólares.
A ello se suman los delitos comunes como la extorsión, el secuestro y las amenazas a los sectores productivos. Todo ello ha generado la incapacidad del gobierno para contener o revertir el fortalecimiento de las nuevas estructuras criminales con organización y capacidad militar.
Una de las características de las megabandas y frentes guerrilleros es su evidente poder de fuego. Las ganancias ilícitas y la complicidad con autoridades les ha permitido acceder a armamentos de guerra e incluso al entrenamiento para la actividad violenta. Algunos de los miembros de estas bandas recibieron adiestramiento como parte de colectivos (bandas civiles del chavismo) oficialistas y otros han sido entrenados en las propias bandas.
La crisis económica, sanciones internacionales y destrucción institucional han generado que gran parte de la economía del país dependa de las finanzas ilícitas, teniendo como sus principales proveedores el narcotráfico, la venta ilegal del oro y la corrupción.
Estas tres fuentes de financiamiento de la economía ilegal aportan montos difíciles de estimar; pero se han reflejado en paraísos fiscales y en inversiones sospechosas en Venezuela por miles de millones de dólares. Es factible que cerca de 50% de la economía del país se esté moviendo con recursos ilegales. En países productores de cocaína como Colombia, Perú y Bolivia, los ingresos por la economía “subterránea” (ilegal + informal) podrían estar cercano a 35% del PIB según refieren analistas especializados.
Nicolás Maduro alega que Venezuela estuvo 14 meses sin vender petróleo y que los ingresos mermaron en 99%. Atribuye la bajada a las sanciones económicas de Estados Unidos, lo cual a su juicio, fue determinante en la pérdida del valor del bolívar.
En los últimos tres años PDVSA, que aportaba 95% de los ingresos del país, registró las más bajas cifras de exportación de los últimos 70 años.
La politización de la industria y la corrupción en la estatal se complementó con los efectos de las sanciones de Estados Unidos y la pérdida de ese mercado que representaba 37% de las exportaciones de crudo. Ahora el poco mercado que queda se orienta hacia los países aliados, especialmente asiáticos.
Sin embargo, la quiebra de PDVSA, el deterioro de la producción, la paralización de gran parte de los taladros y la paralización de las refinerías, ha sido un proceso creciente que se inició varios años antes de que se aplicaran sanciones a Venezuela y a la cúpula chavista en el poder.
Según las estimaciones de la ONG Transparencia Venezuela, entre 70% y 90% del oro que se explota en Venezuela proveniente del Arco Minero, en el sur del país, es sacado del país en operaciones ilegales. Mientras tanto, el Banco Central de Venezuela (BCV) vende el oro que recién llega de las minas y el que desde hace décadas engrosa las exiguas reservas internacionales.
De acuerdo a esta ONG, las bandas criminales y las guerrillas que operan en las minas de Bolívar han ocupado incluso los espacios que por ley le corresponde explotar a la empresa estatal Compañía General de Minería de Venezuela, C.A, (Minerven), adscrita a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).
Esta empresa, creada en la década de los 70 y ubicada al sur de la entidad, amplió su capacidad de procesamiento de cuatro a 11 toneladas al año, luego del Decreto de Nacionalización del Oro que impulsó Chávez en 2011. Sin embargo, ya en 2019 sus plantas estaban prácticamente apagadas.
Dirigentes sindicales y trabajadores de la compañía minera estatal han sido detenidos por denunciar la situación, temen represalias por el estado de censura que impera. Pero han optado por hablar de esta faceta de la economía ilegal bajo la condición de mantener sus nombres en reserva.
Consultados por Transparencia Venezuela, trabajadores de Minerven confirmaron que la compañía actualmente opera por debajo de 10% de su capacidad instalada y que sus plantas están cubiertas por agua, desmanteladas e invadidas. Entre los ejemplos de ello están las minas Planta Perú, Caratal, Revemin y La Camorra, las cuales están tomadas por grupos de mineros locales que operan para los grupos delictivos.
Los trabajadores aseguran que el oro que Minerven está reportando al BCV proviene realmente de la extracción ilegal que no se ha incorporado al Registro Único de Mineros que lleva el Ministerio de Desarrollo Minero. Esos mineros ilegales no han conformado alianzas estratégicas con la estatal, operan en zonas no autorizadas para la explotación de minerales y, además, continúan usando mercurio, pese al letal envenenamiento que produce en ellos y en el ambiente.
“Minerven no da nada ni produce prácticamente nada. Todo el oro que ha estado saliendo del estado Bolívar se produce en plantas privadas procesadoras que no sabemos de quiénes son y bajo qué condiciones funcionan”, señaló un empleado que laboraba en el área de seguridad patrimonial de la estatal.
Según denuncian, la minería ilegal ahora está en manos del círculo cercano a la cúpula gubernamental que se ha hecho cargo de gran parte de la industria del oro clandestino de Venezuela.
Debido al aislamiento, el gobierno ha recurrido a la venta de reservas de oro venezolano como una fuente de divisas. Las reservas del BCV cayeron en 2019 a sus niveles más bajos, con solo 102 toneladas de reservas de oro valuadas en unos $4.000 millones.
Las reservas de oro que acumula el BCV bajaron unas 12 toneladas en seis meses, según el balance divulgado por el emisor al cierre del segundo semestre de 2020.
Durante la segunda mitad de ese año se aceleró el retiro de lingotes de sus bóvedas en Caracas; la disponibilidad de oro monetario ahora es de 86 toneladas, la más baja en 50 años, de acuerdo con las notas de los estados financieros divulgadas en la página web del emisor.
Por décadas las barras de oro en poder del BCV superaron las 300 toneladas hasta que en el período de 2015 a 2017 las autoridades chavistas las usaron como garantía para tramitar préstamos con bancos internacionales. Una parte del oro se recuperó y otra se perdió en los canjes, y desde 2018 empezaron a menguar los lingotes ahorrados, según registró un trabajo publicado por la agencia Reuters.
A pesar de los intensos operativos de erradicación de cultivos de hoja de coca y laboratorios de producción de cocaína en Colombia, la producción sigue siendo de 150 mil toneladas anuales. Ello ocurre a pesar de que los operativos antinarcóticos ejecutados por el gobierno de Iván Duque, lograron erradicar 130 mil hectáreas de cultivos en 2020, según la versión oficial.
Una superficie de 154 mil hectáreas de cultivo genera 1.137 toneladas de cocaína. Estimaciones de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, citado por el medio alemán Deutsche Welle (DW) señalan que si bien en Colombia el kilo se vende, en promedio, a US$1.260, dicha cifra aumenta 25 veces más en EEUU (US$32.000), 47 veces en Europa (US$60.000) y hasta 79 veces en Asia, zona donde su comercialización ronda los US$100.000.
Según la Agencia Antidrogas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DEA) 50 % de la droga que exporta Colombia pasa por Venezuela hacia los mercados estadounidenses y Europa.
El régimen de Maduro niega cualquier participación en este esquema y sostiene que los organismos de seguridad del Estado y Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), incautaron 46 mil 732 kilos con 776 gramos de drogas en el país al cierre del año 2020.
Varias organizaciones delictivas se disputan el tránsito de al menos la mitad de esa cocaína que sale de Colombia, entre ellos los más activos desde la frontera son las FARC Disidente del grupo Gentil Duarte, Nueva Marquetalia, que operan desde Apure, Bolívar, y Barinas y parte de Zulia. El Clan del Golfo, que desde El Catatumbo controla el tránsito por la zona occidental en la zona andina y Zulia; el ELN que ha abierto nuevas rutas por la zona oriental y frontera con Guyana. También cuentas otras bandas menores como los “Urabeños”, “Pelusos”, “los Puntilleros” y “los Rastrojos”, que son desprendimientos de los grupos que fueron formados en las organizaciones paramilitares de Colombia.
Estas organizaciones operan como proveedores; pero algunas forman parte de las redes que se dedican a trasladar la droga a los mercados de consumo de EEUU y Europa. Los narcóticos salen por vía aérea desde pistas clandestinas; a través de contenedores de los distintos puertos; por vía fluvial hacia los puertos de Guyana y Surinam, entre otros mecanismos que van cambiando y haciéndose cada vez más novedosos y sofisticados.
Sobre el rol de Venezuela en este mil millonario negocio de la economía ilegal, organismos internacionales y de inteligencia señalan la complicidad de autoridades oficiales en el negocio. Se le atribuye al narcotráfico una de las más importantes fuentes de financiamiento de nuevas élites económicas ligadas a la política y, justamente es en ese entorno “político y económico” donde esos factores criminales asientan su poder.
Diputados opositores venezolanos denunciaron el 1 de noviembre que se está produciendo un "ecocidio" en tres estados sureños del país tras la puesta en marcha de un polémico programa del Gobierno de Nicolás Maduro denominado "Arco Minero", que busca impulsar esta industria.
La premura del Gobierno de Venezuela por conseguir ingresos a través de la explotación del "Arco Minero del Orinoco" no respeta la Constitución e implica graves violaciones a los derechos humanos, en especial de 16 pueblos indígenas.
El jefe del Comando Sur estadounidense, Craig Faller, dijo que la operación en el Caribe no es directamente contra Nicolás Maduro, sino contra los carteles del narcotráfico de los cuales "se beneficia enormemente"
